María Corina Machado
Domingo, 20 de noviembre de 2011
Una cosa es fomentar la organización de las comunidades que gestionen la
solución de sus problemas y otra que el Gobierno permita que administren
la violencia. Tengan la seguridad de que partir de 2012 acabaremos con
las zonas de exclusión y con los delincuentes disfrazados de
trabajadores sociales. Y al 23 de Enero volveré como candidata y como
presidenta para hacer olvidar a un gobierno inepto que traicionó la
ilusión de muchos venezolanos
Hace una semana volví a nacer. Lo que empezó como una visita cordial al
campo de softbol del bloque 41 del 23 de Enero terminó en una balacera
que casi le cuesta la vida a una persona de mi equipo. Los pistoleros
querían asesinarnos porque dispararon primero cuando estábamos en la
calle y luego contra el vehículo que nos trasladaba, mientras estábamos
acostados entre los asientos y el pasillo.
No he recibido ni una sola llamada de las autoridades y dudo que la
denuncia que presenté en la Fiscalía concluya con la acusación de los
culpables. Así está la justicia en Venezuela: los ciudadanos tras las
rejas, todos en libertad condicional, mientras los malandros transitan
armados bajo la mirada complaciente de las autoridades.
Esperamos que lo que pasó sirva para evidenciar nuevamente el horror y
la humillación que vive la gente decente en aquellas zonas donde manda
el hampa política amparada por el Gobierno. El presidente Hugo Chávez
debe explicarle al país por qué existe una zona de distensión a un
kilómetro del palacio de Miraflores.
El colectivo que nos disparó esgrime una inaceptable excusa en un estado
de derecho: que el 23 de Enero es una zona liberada. ¿Liberada de quién?
¿De los delincuentes? ¿De los ciudadanos honestos que tienen derecho a
apoyar opciones políticas distintas al actual régimen? Detrás del
eufemismo del trabajo social se esconden los guardianes de Chávez,
pistoleros con permiso para matar a quienes no compartimos sus ideales.
Ellos son parte de una de las 18.000 bandas delictivas que actúan en el
país. El Gobierno las tiene identificadas, pero no tiene voluntad
política para combatirlas.
En Venezuela estamos reproduciendo una zona de distensión como la que se
estableció durante el gobierno de Andrés Pastrana. Un esfuerzo para
lograr un acuerdo político que pusiera fin al conflicto interno de
Colombia fortaleció las leyes premodernas y delictivas de las FARC.
Una cosa es fomentar la organización de las comunidades que gestionen la
solución de sus problemas y otra que el Gobierno permita que administren
la violencia. Tengan la seguridad de que partir de 2012 acabaremos con
las zonas de exclusión y con los delincuentes disfrazados de
trabajadores sociales. Y al 23 de Enero volveré como candidata y como
presidenta para hacer olvidar a un gobierno inepto que traicionó la
ilusión de muchos venezolanos.
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