21-Nov 06:27 am|Katiuska Hernández
La ley entra en vigencia mañana y regirá primero para alimentos,
artículos de higiene personal y del hogar
Las estructuras de costos y los precios de venta al público de
alimentos, productos de cuidado personal y artículos para la limpieza
del hogar se regirán, a partir de mañana, por un nuevo sistema de control.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos y su
reglamento, las empresas y personas que produzcan, distribuyan y
comercialicen bienes y servicios quedan sujetos al control riguroso de
la superintendencia del área. El organismo determinará los porcentajes
de ganancias, utilidades y precios máximos de venta al público que
podrán tener las compañías reguladas y los fijará mediante una
providencia administrativa.
Se le da potestad a los consejos comunales y a cualquier organización
social, previa autorización de la superintendencia, de fijar precios,
costos y márgenes de ganancia de los bienes y productos sujetos a control.
El presidente Hugo Chávez dijo que se creará un catálogo estándar de
todos los bienes y servicios que se regularán y los precios fijados.
Para tal fin se tomará en cuenta el costo de la materia prima nacional o
importada, la mano de obra, los servicios, el costo de transferencia
tecnológica e incluso se compararán los precios nacionales de venta al
público con los internacionales.
Las empresas estarán obligadas a registrarse en el sistema de costos y
precios, y presentar a la superintendencia las estructuras de costos
detallados por cada rubro que procesen. En caso de que el Gobierno
considere que los montos estén sobreestimados, evadan regulaciones y
contengan ganancias exageradas serán rechazados y quedará a potestad del
Ejecutivo fijarlos. Tampoco se reconocerán los costos de productos que
presenten cambios en las presentaciones y formatos como medida para
evadir controles de precios.
El Gobierno se reserva el derecho de establecer los precios según los
criterios socialistas plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación. "En especial aquellos lineamientos que favorezcan
la determinación del mejor precio para la población y la satisfacción de
las necesidades sociales y el interés nacional", dicta el reglamento en
el artículo 25. Incluso los precios de los bienes y servicios
contratados por el sector público serán regulados por la superintendencia.
El economista Ángel Alayón dijo que las empresas tendrán que someter a
consideración todas sus estructuras de costos al Gobierno y proponer los
precios de venta al público. "Si el Ejecutivo autoriza las estructuras y
los precios, las empresas podrán aplicarlos. En caso contrario, tendrán
que esperar que sea el Gobierno el que los apruebe, y si se trata de
productos que ya están sometidos a control se impondrá una nueva
regulación", explicó Alayón en el foro Desafío Económico 2012,
organizado por El Nacional.
El economista sostuvo que la ley será poco eficaz para reducir la
inflación si no se incentiva la producción nacional y se corrigen las
distorsiones del control de precios vigente desde febrero de 2003.
En fases. En la primera etapa de la aplicación de la ley serán
analizados alimentos controlados y no controlados, así como la cesta de
productos de cuidado personal como champú, acondicionadores para el
cabello, afeitadoras, jabones de tocador, desodorantes, papel higiénico,
toallas sanitarias y otros, según el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
En el caso de los productos del hogar y de higiene personal hay
presentaciones que tienen precios controlados desde 2003, pero ahora el
Gobierno revisará los que se venden a precios muy elevados.
Entre los parámetros para determinar la especulación, el Ejecutivo
comparará precios internacionales de un mismo producto.
En la Ley de Costos y Precios se establece que la superintendencia podrá
ejercer la inspección y control a empresas que considere que están
especulando. "Establecer mecanismos de control previo a aquellas
empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras
de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios
que prestan", cita el artículo 4 numeral 1 de la ley.
Fedecámaras también ha señalado que el instrumento legal representa un
control general de precios y que restringirá el alza de sueldos y
salarios de los trabajadores, que es un componente dentro de las
estructuras de costos de las empresas.
Nuevos límites. Cedice advierte en un informe que con esta ley los
derechos de propiedad y de libre iniciativa privada sobre los medios de
producción se convierten en concesiones otorgadas de manera arbitraria
por el Ejecutivo. "Representa la pérdida de la libertad económica de las
personas y el aumento de la dependencia económica (para acceder a bienes
y servicios) de la población a las decisiones del Ejecutivo", afirma el
organismo.
Indica que la ley incrementa la incertidumbre de los agentes económicos,
al tener que depender para la determinación de costos y precios de los
poderes ilimitados de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
También menciona que representa la suspensión de los derechos de los
consumidores y usuarios de acceder y elegir bienes y servicios de
calidad según sus preferencias.
"Se cambian los derechos de consumidores y usuarios por cuotas mínimas
de bienes y servicios suficientes para subsistir, como si se tratara de
una especie de economía de guerra, de mínimos, no de ofertas amplias y
variadas a precios competitivos".
Cedice considera que el Gobierno elimina el sistema constitucional de
economía social de mercado y en su lugar instaura un sistema de
planificación centralizada de la economía.
http://www.el-nacional.com/noticia/10689/18/Gobierno-impone-control-total-de-precios.html
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