Juan Páez Ávila
Domingo, 6 de noviembre de 2011
En un país en el que la inflación es la más alta del continente
americano y la segunda más elevada del mundo, el aumento del 50% al
sueldo de los militares ha provocado una importante discusión, a su
favor, entre los venezolanos que conocen los efectos del alto costo de
la vida y saben por experiencia personal que tanto los militares como
otros profesionales que sirven a la administración pública han soportado
un serio deterioro en su nivel de vida. Lo que se considera inaceptable
es que se aumente únicamente a los integrantes de la Fuerza Armada y se
les niegue la homologación de sueldos a los profesores universitarios,
para citar un ejemplo conocido, que todos los años plantean el
cumplimiento de una norma que tiene carácter de ley, y de la mayoría de
los empleados públicos que protestan porque no reciben aumento de
sueldos y salarios ni se discute la contratación colectiva.
El otro aspecto del decreto del Presidente de la República que
forma parte del debate nacional, es la manipulación política que
pretende hacer el jefe del estado con dicha medida, al hablar de sus
militares como si tratara de un rebaño reclutado para servir al jefe
máximo y no de una nación independiente, tal como lo establece la
Constitución Nacional. Lo que en el fondo es un decreto discriminatorio,
puede tener como objetivo no sólo crear un enfrentamiento artificial,
por lo falso, entre militares y civiles, sino también callar algunas
voces críticas que se expresan en el mundo militar contra la
intervención de militares cubanos que realizan labores de inteligencia
en los cuarteles del país.
De allí que ese aumento de sueldos exclusivamente a los militares,
visto económicamente como justo para adecuarlo al costo de la vida,
políticamente es observado como un intento de ¨bozal de arepa¨, lo que
podría ser ofensivo para la Fuerza Armada.
Y para completar el carácter discriminatorio del decreto, que
expone a los militares a un debate y a una crítica indeseable para la
armonía que debe existir entre los integrantes de una institución
fundamental del Estado y quienes forman parte de otras instituciones
públicas, el Comandante Presidente decreta que los militares podrán
comprar vehículos y vivienda sin pagar cuota inicial, reconociendo de
paso que ni con el aumento de sueldos podrían cancelarla, extiende el
descontento y la indignación hasta de miles de profesionales que
tampoco pueden hacerlo con sus magros o deficitarios ingresos.
Enfrentar a los integrantes de la Fuerza Armada con
profesionales del mundo civil y con todos los venezolanos que no han
recibido aumentos de sueldos y salarios en porcentajes similares, es no
sólo discriminatorio, sino también un acto extremadamente peligroso para
la convivencia civilizada entre civiles y militares, en un contexto en
el que el jefe del Estado ha privilegiado al sector militar con un
presupuesto para el próximo año muy superior a los de educación y salud,
y especialmente el asignado para seguridad, cuando el hampa tiene
azotada a la población nacional.
Y finalmente, si el gobierno no extiende el aumento a otros
funcionarios públicos, las protestas sociales que ya se registran por
miles en el país y por año, se agudizarán al extremo de hacer más
improductiva a la administración pública y hasta más ingobernable a toda
la nación. Todo esto hace más urgente consolidar la unidad de la
alternativa democrática para sustituir un régimen, cuyos más altos
funcionarios encabezados por el Presidente de la República, han
demostrado en los hechos que son incapaces de comprender cómo debe
administrarse la hacienda pública, para beneficio de la mayoría de los
venezolanos. Y lo más grave es que el despilfarro y la falta de
control de la compra de armas y la contratación de obras públicas sin
licitación, han servido para que un pequeño grupo se haya enriquecido
ilegalmente, constituyendo una nueva oligarquía económica producto de la
depredación del tesoro nacional.
Dividir el país entre militares privilegiados y civiles
excluidos de los beneficios de la riqueza nacional, ha generado
tensiones políticas e incluso resultados contrarios a la buena imagen y
al prestigio de la Institución Armada, que al final sufre las
consecuencias negativas de una torpe política gubernamental que trata de
halagarlos y hasta sobornarlos, para tenerlos a su servicio
incondicional y no constitucionalmente.
jpaezavila@gmail.com
Juan Páez Ávila
Domingo, 6 de noviembre de 2011
En un país en el que la inflación es la más alta del continente
americano y la segunda más elevada del mundo, el aumento del 50% al
sueldo de los militares ha provocado una importante discusión, a su
favor, entre los venezolanos que conocen los efectos del alto costo de
la vida y saben por experiencia personal que tanto los militares como
otros profesionales que sirven a la administración pública han soportado
un serio deterioro en su nivel de vida. Lo que se considera inaceptable
es que se aumente únicamente a los integrantes de la Fuerza Armada y se
les niegue la homologación de sueldos a los profesores universitarios,
para citar un ejemplo conocido, que todos los años plantean el
cumplimiento de una norma que tiene carácter de ley, y de la mayoría de
los empleados públicos que protestan porque no reciben aumento de
sueldos y salarios ni se discute la contratación colectiva.
El otro aspecto del decreto del Presidente de la República que
forma parte del debate nacional, es la manipulación política que
pretende hacer el jefe del estado con dicha medida, al hablar de sus
militares como si tratara de un rebaño reclutado para servir al jefe
máximo y no de una nación independiente, tal como lo establece la
Constitución Nacional. Lo que en el fondo es un decreto discriminatorio,
puede tener como objetivo no sólo crear un enfrentamiento artificial,
por lo falso, entre militares y civiles, sino también callar algunas
voces críticas que se expresan en el mundo militar contra la
intervención de militares cubanos que realizan labores de inteligencia
en los cuarteles del país.
De allí que ese aumento de sueldos exclusivamente a los militares,
visto económicamente como justo para adecuarlo al costo de la vida,
políticamente es observado como un intento de ¨bozal de arepa¨, lo que
podría ser ofensivo para la Fuerza Armada.
Y para completar el carácter discriminatorio del decreto, que
expone a los militares a un debate y a una crítica indeseable para la
armonía que debe existir entre los integrantes de una institución
fundamental del Estado y quienes forman parte de otras instituciones
públicas, el Comandante Presidente decreta que los militares podrán
comprar vehículos y vivienda sin pagar cuota inicial, reconociendo de
paso que ni con el aumento de sueldos podrían cancelarla, extiende el
descontento y la indignación hasta de miles de profesionales que
tampoco pueden hacerlo con sus magros o deficitarios ingresos.
Enfrentar a los integrantes de la Fuerza Armada con
profesionales del mundo civil y con todos los venezolanos que no han
recibido aumentos de sueldos y salarios en porcentajes similares, es no
sólo discriminatorio, sino también un acto extremadamente peligroso para
la convivencia civilizada entre civiles y militares, en un contexto en
el que el jefe del Estado ha privilegiado al sector militar con un
presupuesto para el próximo año muy superior a los de educación y salud,
y especialmente el asignado para seguridad, cuando el hampa tiene
azotada a la población nacional.
Y finalmente, si el gobierno no extiende el aumento a otros
funcionarios públicos, las protestas sociales que ya se registran por
miles en el país y por año, se agudizarán al extremo de hacer más
improductiva a la administración pública y hasta más ingobernable a toda
la nación. Todo esto hace más urgente consolidar la unidad de la
alternativa democrática para sustituir un régimen, cuyos más altos
funcionarios encabezados por el Presidente de la República, han
demostrado en los hechos que son incapaces de comprender cómo debe
administrarse la hacienda pública, para beneficio de la mayoría de los
venezolanos. Y lo más grave es que el despilfarro y la falta de
control de la compra de armas y la contratación de obras públicas sin
licitación, han servido para que un pequeño grupo se haya enriquecido
ilegalmente, constituyendo una nueva oligarquía económica producto de la
depredación del tesoro nacional.
Dividir el país entre militares privilegiados y civiles
excluidos de los beneficios de la riqueza nacional, ha generado
tensiones políticas e incluso resultados contrarios a la buena imagen y
al prestigio de la Institución Armada, que al final sufre las
consecuencias negativas de una torpe política gubernamental que trata de
halagarlos y hasta sobornarlos, para tenerlos a su servicio
incondicional y no constitucionalmente.
No comments:
Post a Comment