Alberto Arteaga Sánchez
Jueves, 24 de noviembre de 2011
Solo quien sufre un encarcelamiento injusto, absolutamente impotente
ante un sistema de justicia secuestrado, puede entender una decisión
como la de Leocenis García; y solo un Estado prepotente puede encerrarse
en su intransigencia, en la absurda pretensión de afirmar su poder y
ratificar el mensaje del castigo penal para todo el que atente "contra
la majestad de los poderes públicos"
Se le ha mantenido preso, cumpliendo una pena anticipada, aunque no ha
sido condenado
No podemos permanecer impasibles ante la justicia penal venezolana en el
caso de Leocenis García, sometido a proceso penal por pretendidas
ofensas a funcionarios públicos, privado de su libertad y recluido
forzosamente en el Hospital Militar por haberse declarado en huelga de
hambre en protesta por los atropellos sufridos y en demanda de justicia.
Es el nuevo caso Franklin Brito, reeditado ahora con un periodista que,
sencillamente, ha pagado con cárcel, sin haber sido condenado, por el
delito de "lesa majestad" de haber ofendido a representantes de los
poderes públicos y, ante el reclamo por un juicio justo, habiendo
recurrido a la medida extrema de una huelga de hambre, el Estado
responde con una reclusión forzosa que, lejos de proteger su salud y su
integridad, lo colocó en manifiesto peligro de muerte.
Leocenis García no quiso escapar a la acción de la justicia, a pesar de
lo injusto de su persecución. Se entregó a la Fiscalía voluntariamente
con lo cual expresó su inequívoca voluntad de sujetarse al proceso penal
y, a pesar de ello, siendo por tanto evidente que no había peligro de
fuga ni de entorpecer la investigación, no le fue reconocido el derecho
constitucional a la presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad,
sino que se le mantuvo preso, cumpliendo ya una pena anticipada, aunque
no ha sido condenado y todo ello por un sedicente delito de expresión
que se habría concretado en la dura y descarnada crítica contra altos
funcionarios públicos.
Una vez más debe más aclararse que los señalamientos contra quienes
ejercen cargos públicos, movidos por el ánimo o el fin de la crítica,
por mordaz que ésta sea, están amparados por la libertad de expresión,
debiendo tomar consciencia los funcionarios de su condición de
servidores públicos.
Pero, por supuesto, la situación se vio agravada con la reclusión
forzosa de quien optó por la vía legítima de la protesta pacífica,
declarándose en huelga de hambre, decisión heroica que debe ser
respetada y ante la cual se deben poner en práctica todas las medidas de
conciliación, teniendo por norte la preservación del bien supremo de la
vida.
La voz oficial, una vez más, alegará que se trata de proteger la vida de
quien reclama por sus derechos, cuando, precisamente, para protegerla,
debe salvaguardarlos y quien ha recurrido a la protesta extrema, debe
ser respetado en su actuación, a la vez que el Estado, garante de su
vida, debe encontrar caminos para el diálogo y para que, efectivamente,
esa vida pueda ser resguardada.
Solo quien sufre un encarcelamiento injusto, absolutamente impotente
ante un sistema de justicia secuestrado, puede entender una decisión
como la de Leocenis García; y solo un Estado prepotente puede encerrarse
en su intransigencia, en la absurda pretensión de afirmar su poder y
ratificar el mensaje del castigo penal para todo el que atente "contra
la majestad de los poderes públicos" que, en verdad, solo resultan
lesionados por sus propias actuaciones al margen del Estado de Derecho y
con manifiesto desconocimiento de los derechos ciudadanos.
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