Atribuye reducción de juicios al abuso de la admisión de los hechos
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 3 de abril de 2012 12:00 AM
El hecho de que el Ministerio Público dejara plasmado en su informe
anual que sus fiscales participaron el año pasado en 78% menos juicios
que en 2010, pese a que presentaron más acusaciones, representa para el
penalista Alberto Arteaga Sánchez la confirmación de que el sistema de
justicia ha sido pervertido. ¿La razón? Para él esta diferencia
estadística se debe al "abuso" en la figura de la admisión de los hechos.
"Aunque resulta contradictorio que se den más acusaciones y menos
juicios, esto es coherente con el verdadero estado de nuestro proceso
penal, el cual ha sido pervertido", afirmó, al tiempo que explicó: "El
Ministerio Público presenta más acusaciones, sobretodo cuando hay
personas detenidas, pero no hay juicios porque la audiencia preliminar
(acto donde se decide si se somete a una persona a juicio) se difiere
por años, por lo que los acusados, ante la prolongación de su detención
preventiva y aunque estén convencidos de su inocencia, admiten su
responsabilidad, para ser condenados y salir de la prisión por una
fórmula alternativa a la prisión".
Para el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Central de Venezuela el uso de esta figura excepcional,
prevista en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se ha vuelto
rutinaria debido al retardo que aqueja a la administración de justicia;
y por ello hasta los abogados defensores se la recomiendan a sus clientes.
"La situación actual representa la negación de la justicia penal, en la
cual tiene que haber controversia y debate para dilucidar un hecho. Sin
embargo, las demoras hacen que muchos inocentes estén dispuestos a
confesar hechos que no cometieron con tal de salir del infierno de las
cárceles cuanto antes", aseveró Arteaga, quien recordó que el proceso
penal venezolano fue diseñado para que no durara más de año y medio
desde que se inicia una investigación hasta que el juicio es revisado
por el Tribunal Supremo.
El Diagnóstico Sociodemográfico de la población penitenciaria 2010-2011,
estudio que elaboró el extinto Consejo Superior Penitenciario, reveló
que tres de cada cuatro reclusos que se encontraban en las cárceles
cumpliendo una condena no fueron sometidos a un proceso oral y público,
sino que se declararon culpables de los delitos por los que los acusaron
los fiscales.
De los 39.694 reos que había en las prisiones al momento de hacerse el
reporte, 15.799 (39,80%) habían sido condenados y de ellos solamente
3.492 (22,10%) se sentó en el banquillo de los acusados, mientras que
los restantes 11.936 (75,55%) optaron por la admitir su responsabilidad.
Para Arteaga las cifras que figuran en el informe anual del Ministerio
Público deben llamar la atención de las autoridades, pues "el que los
fiscales puedan tener en promedio entre 4 y 5 mil casos no se puede
seguir permitiendo, porque esto genera retardos y los retardos abre las
puertas la impunidad, la cual a su vez incentiva la violencia. Se
necesitan más y mejores fiscales, policías y jueces para lograr castigar
los delitos que se cometan y evitar así que queden impunes".
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