Trino Márquez
Miércoles, 18 de abril de 2012
El salto del SM tampoco guarda relación alguna con la productividad del
sector agrícola y de la pequeña y la mediana industria. Habrá más
bolívares en los bolsillos de los trabajadores compitiendo por adquirir
los pocos alimentos producidos en el campo -deprimido por la persecución
y acoso a los que han sido sometidos sus productores desde hace trece años.
El aumento, en dos tramos, de 32.5% en el salario mínimo decretado por
el Gobierno es un acto demagógico, irresponsable y dañino para la
economía y los trabajadores, que no coloca al sueldo mínimo (SM) entre
los más elevados de la región, por la simple razón de que se concede en
el país con la más alta inflación del continente y con distintos tipos
de cambio.
Es demagógico porque crea la ilusión de que representa un incremento en
el poder adquisitivo real de los asalariados, cuando en verdad -en medio
de la enfermedad que padece la economía- constituye una vía para
acelerar la marcha de los precios. El SM hay que compararlo con el costo
de la Cesta Básica y de la Cesta Básica Alimentaria; ésta representa
cerca de 50% de la CB. Quienes ganan ese monto lo invierten casi todo en
comprar alimentos. Anualizada de marzo de 2011 a marzo de 2012, la
inflación en este rubro fue de 31.3%, según el BCV. El SM, en el mejor
de los casos, se habría colocado apenas un punto porcentual por encima
del índice de inflación, de haberse concedido en un solo paquete. Al
fragmentarlo, ni siquiera cubre el aumento antes del 1 de mayo, cuando
entrará en vigencia el 15% inicial.
Es irresponsable porque esa medida la adopta el Gobierno sin consultar,
negociar y concertar con los empresarios y los sindicatos, y sin que
forme parte de una política antiinflacionaria integral. La ausencia de
esta visión estratégica global de la lucha contra la inflación -que
debería incluir una política fiscal, monetaria y cambiaria- terminó
derritiendo el bolívar fuerte. Los actores fundamentales del proceso
productivo fueron excluidos. Las únicas fuentes indagadas, si es que tal
hecho ocurrió, fueron el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y
alguno que otro sindicato chavista. El marco global de las medidas
salariales no existe. Lo que prevalece es el impromptu del Presidente de
la República. Su afán de ganar las elecciones del 7 de octubre.
El salto del SM tampoco guarda relación alguna con la productividad del
sector agrícola y de la pequeña y la mediana industria. Habrá más
bolívares en los bolsillos de los trabajadores compitiendo por adquirir
los pocos alimentos producidos en el campo -deprimido por la persecución
y acoso a los que han sido sometidos sus productores desde hace trece
años- y por la raquítica producción industrial, también golpeada por la
batería de leyes punitivas que la han castigado durante la última
década. Las importaciones, expediente con el cual el régimen trata de
minimizar la inflación y evitar la escasez, serán insuficientes para
detener la escalada de precios.
Dañino porque encarece de manera artificial la creación de empleo en el
sector moderno de la economía. Las autoridades del Gobierno hablan de
reformar la Ley Orgánica del Trabajo para, entre otros objetivos
disparatados, retornar al antiguo cálculo retroactivo de prestaciones
sociales. El impacto de este nuevo aumento del SM en las pequeñas y
medianas industrias será letal si tienen que recalcular las prestaciones
de los trabajadores con un nuevo sueldo cuyo monto es el resultado de
los caprichos del primer mandatario. En Venezuela, país con el mayor
costo en la producción de un empleo en el sector formal, se hará aún más
oneroso crearlo. El refugio de la Población Económicamente Activa
seguirá siendo la informalidad. El SM, en vez de beneficiar a la mayoría
de quienes se incorporan a la PEA, continuará favoreciendo al
porcentaje, relativamente bajo, que se encuentra ocupado en el sector
formal de la economía. En cifras, según el INE: 58% de la fuerza laboral
trabaja en el sector formal; el otro 42% sobrevive en el mundo de la
informalidad, sin SM, ni beneficios laborales ni leyes que los protejan.
El Gobierno, extraviado como siempre, cree que la clase obrera está
integrada únicamente por los trabajadores y empleados protegidos por el
Estado. No se da cuenta de que ese universo es mucho más amplio. A él
pertenecen los desempleados y los informales, cada vez con menores
posibilidades de conseguir un trabajo estable y bien remunerado.
La segunda fase del aumento, el 15% adicional, entrará en rigor el 1 de
septiembre, un mes antes de las elecciones. Será un acto de descarado
ventajismo, en medio de una campaña electoral caracterizada por el abuso
de poder, y el marcado desequilibrio de recursos entre el Gobierno y la
oposición. El CNE posee facultades para impedir que la maniobra se
consume. No lo hará. La denuncia tendrá que quedar como testimonio.
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