Aquí aprietan y ahorcan
Le Ley de Costos y Precios Justos entró en vigor hoy. El instrumento
busca contener la inflación, sin embargo ¿será ésta la solución que
necesita un país donde casi todo es importado?
Una ley para controlar todos los precios de bienes y servicios entró en
vigor hoy en Venezuela para contener la inflación, pero quienes la
rechazan como otro golpe del presidente Hugo Chávez contra la economía
de mercado advierten que agravará el desabastecimiento.
La nueva legislación se aplicará de forma paulatina, empezando por el
control de cinco sectores básicos: alimentos, higiene personal y del
hogar, repuestos de vehículos, medicamentos y servicios de salud.
Para Chávez, la ley, que refuerza una normativa de 2003 que rige los
precios de los productos básicos, es "vital" para "evitar la
especulación", "darle a los productos el precio justo" y combatir la
inflación, que en lo que va de año acumula 22,7%, la tasa más alta de
América Latina.
Para el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Botti, se trata de
"un paso bastante notorio a una economía centralizada y planificada".
"La estabilidad de los precios no se logra con controles, sino con
políticas económicas acertadas", agregó Botti e indicó que estudia
acciones judiciales contra la normativa.
El gobierno sostiene que la aplicación de la normativa empezará a surtir
efectos positivos en el primer semestre de 2012, año de elecciones
presidenciales, en las que Chávez, en el poder desde 1999, aspira a
obtener un tercer mandato.
La recién creada Superintendencia de Precios y Costos revisará a partir
de este martes los costos de bienes y servicios, obligando a rebajar los
precios que consideren "excesivos", si bien no determinó por ahora qué
márgenes de ganancias serán considerados abusivos.
La normativa prevé además dotar a los consejos comunales, agrupaciones
vecinales cuya formación promovió Chávez, de un poder de supervisión. Se
"irá transfiriendo la capacidad de fiscalización a los consejos
comunales", de manera que a la larga el pueblo sea el "protagonista" del
control a las empresas, explicó la presidenta de la Superintendencia de
Costos y Precios, Karlin Granadillo.
Empresarios y economistas consideran que la ley supondrá un nuevo revés
para la inversión y la productividad, en un país donde el sector privado
se ha visto afectado por las expropiaciones y controles del gobierno de
Hugo Chávez, como parte de su proyecto socialista. Venezuela importa la
mayoría de bienes que consume y es corriente el desabastecimiento
cíclico de productos básicos.
Según datos de la firma Datanálisis, la escasez de alimentos regulados
en Caracas alcanzó este mes su punto máximo desde marzo de 2008, al
llegar al 22%. "Lo que diga el Gobierno lo creo, porque soy chavista. Sé
que con el tiempo esta ley va a dar resultados y que estas empresas van
a vender más barato", afirmó Lorenza, enfermera, mientras hacía cola en
un supermercado del este de Caracas que acababa de ser reabastecido de
aceite.
"Esto es más regulación sobre regulación y lo que hay es una inflación
por las nubes y falta de productos. Mire, ahora mismo la gente hace cola
para comprar aceite y azúcar, esto no va a mejorar", dijo por su parte
Evangelina Guerra, jubilada, en la misma cola.
Granadillo, ex viceministra de Planificación de Ciencia y Tecnología,
repudió las críticas. "Nunca los precios estarán por debajo de los
costos. Si los empresarios llegaran a poner esta excusa sería con una
intención política (…) Nosotros garantizamos que cubrirán sus costos y
el margen de ganancias para sostener sus empresas", prometió.
Pero el reglamento de la Superintendencia establece que para determinar
los precios sólo se tendrán en cuenta los costos y gastos directos, lo
que supone el "problema más grave" de la nueva ley, según el ex
presidente de la organización empresarial Consecomercio Fernando Morgado.
"Prácticamente todas las empresas privadas han tenido que invertir en
vigilancia privada y rejas para protegerse (…) Ese tipo de costo no
tendrá autorización para ser transferido al precio final, así como
tampoco los de los estacionamientos, ni el uso de aires acondicionados",
dijo Morgado a la prensa local, a modo de ejemplo.
La legislación fue aprobada en julio por Chávez, en el marco de los
poderes legislativos excepcionales de los que dispone desde finales de 2010.
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