Aníbal Romero
Jueves, 22 de diciembre de 2011
Es de esperar que la oposición democrática se distinga claramente de
Chávez y de sus ejecutorias, con un mensaje que apele a la dignidad de
la gente y no a la manipulación de sus instintos, pues también a los
venezolanos nos llegará la hora de desvelar la verdad y afrontar el
problema de la culpa.
La denuncia de Diego Arria contra el Presidente Hugo Chávez por delitos
de lesa humanidad tiene desde ya gran importancia ética, aún cuando sus
efectos políticos sólo se concretarán con el paso del tiempo. Se trata
de un documento de relevancia histórica que será estudiado por las
actuales y nuevas generaciones venezolanas con particular interés y
provecho, a medida que sus argumentos y conclusiones maduren y queden
inequívocamente demostrados por el curso de los eventos.
He percibido cierta miopía y mezquindad en algunos de los juicios
emitidos con respecto a este crucial documento, incluyendo algunos
formulados por comentaristas de oposición. Tal miopía y mezquindad están
fuera de lugar. El hecho de que Arria sea uno de los precandidatos
opositores a la Presidencia de la República, como es su derecho, no suma
ni resta a la sustancia de su denuncia, que es desde todo punto de vista
merecedora de apoyo.
Al respecto desearía resaltar lo siguiente: Por un lado, la cuestión
central que plantea el documento es ineludible para los venezolanos.
Toda sociedad sometida al tipo de régimen y modo de gobernar
experimentados por la nuestra estos pasados trece años, se ve en algún
momento decisivo obligada a enfrentar lo que el filósofo alemán Karl
Jaspers denominó "el problema de la culpa", es decir, la atribución de
cargos acusatorios, morales, políticos y criminales, a individuos
incursos en acciones ilegales, que abusaron de su poder o le utilizaron
de maneras inadmisibles éticamente por una sociedad civilizada.
Toda sociedad que atraviesa por las pruebas que aún aquejan a Venezuela
ve llegada la hora, más temprano o más tarde, de debatir colectivamente
y en la conciencia de cada ciudadano el problema de la relación entre
verdad moral, conveniencia política, sanción e impunidad. Arria ha hecho
un aporte al país, más allá de sus aspiraciones personales, al sustentar
en un documento tan sólidamente argumentado señalamientos que formarán
parte fundamental del debate nacional, cuando llegue la ocasión de
evaluar a fondo esta etapa de nuestro devenir.
Por otro lado hay que toma en cuenta, como repetidamente he venido
sosteniendo, que el ejercicio de la política, en especial en el marco de
una sociedad con los rasgos de la nuestra, debería ser también un
desempeño pedagógico destinado, de parte de los políticos, a ayudar a
los ciudadanos a entender su entorno y asumir sus propias
responsabilidades frente a los retos presentes y futuros. En tal
sentido, Hugo Chávez ha comprendido ese rol de la política, si bien, por
desgracia, su prédica está basada en el delirio destructivo y la
sistemática siembra del odio.
La visión de la política como pedagogía es lo que proporciona su
potencial cívico a la denuncia de Arria contra Hugo Chávez ante la Corte
Penal Internacional, y lo que da su valor a un documento que lejos de
ser minimizado, debería ser respaldado por la oposición democrática en
su conjunto. Nuestro pueblo no debería seguir siendo tratado, como a
veces ocurre, como si estuviese compuesto por débiles mentales o por
personas interesadas exclusivamente en ofertas de bienestar material,
presentadas además con el mismo impulso demagógico y la voluntad de
engaño que caracterizan el discurso disolvente de Chávez.
Es de esperar que la oposición democrática se distinga claramente de
Chávez y de sus ejecutorias, con un mensaje que apele a la dignidad de
la gente y no a la manipulación de sus instintos, pues también a los
venezolanos nos llegará la hora de desvelar la verdad y afrontar el
problema de la culpa.
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