La oposición desafía la represión

La oposición desafía la represión
Exige la liberación de Leopoldo López. La protesta ciudadana se extiende
y desborda el liderazgo político. Amnistía Internacional documentó 10
casos de torturas
sábado, abril 5, 2014 | CubaNet

Las protestas en Venezuela no cesan, a pesar de que el Gobierno ha
logrado reducir sus focos más violentos en todo el territorio. Sólo en
Caracas el viernes estaban pautadas dos manifestaciones que en buena
medida retratan lo que hoy es este país: por un lado los autoconvocados
caminaron desde el sureste de Caracas, en la urbanización El Cigarral
—un sector de clase media profesional muy antichavista donde se levantan
grandes edificios de apartamentos— hasta el distribuidor Santa Fe, en la
autopista de Prados del Este, convertida por estos días en el nuevo
punto de encuentro de la oposición. Por el otro, en la tarde el partido
Voluntad Popular, casi proscrito, marcharía hacia el Palacio de
Justicia, en el centro de Caracas, para exigir la liberación del lider
Leopoldo López —preso desde hace mes y medio en una cárcel militar— y
el cese de la persecución contra sus miembros.

La coincidencia de esas convocatorias no sugiere desavenencias, pero sí
indica que el liderazgo político opositor ya no está a la cabeza del
descontento de la ciudadanía. Mientras caminaban, los autoconvocados de
la vanguardia exhibían una gran pancarta con un mensaje: "Resistencia
civil". En esa frase se resume quizá todo el rechazo que sienten por la
precaria situación económica del país, por la inexistencia de medios
audiovisuales independientes o por el apogeo de la delincuencia.

El antichavismo siente que está haciendo un profundo acto de catarsis
con estos actos. En ocasiones las caminatas son dispersadas sin motivo
aparente o terminan en disturbios que merecen la intervención de los
equipos antimotines. En un informe publicado a mediados de
semana, Amnistía Internacional documentó 10 casos de torturas y tratos
crueles propinados por miembros de la Guardia Nacional, la Policía
Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Son
muchas las denuncias que no han llegado a sustanciarse ante las
autoridades oficiales por miedo a las represalias. La forma en que son
reprimidos —que ha provocado duros cuestionamientos de la Iglesia esta
semana— se ha convertido en una razón más para que no claudiquen en la
idea de provocar un cambio de Administración, esbozada por un ala de la
opositora Mesa de la Unidad, liderada por Leopoldo López, la
defenestrada diputada María Corina Machado y Antonio Ledezma.

A esto se suma la prohibición de mostrar el descontento en el municipio
Libertador por órdenes de su alcalde chavista, Jorge Rodríguez. La
última traba a la libre manifestación ocurrió el jueves. Un grupo de
estudiantes de la Universidad Central de Venezuela pretendía caminar
desde el rectorado hasta la sede de la vicepresidencia económica, en
territorio chavista, para entregar un documento con propuestas para
enfrentar el desempleo y el desabastecimiento.

La Policía Nacional Bolivariana impidió la salida del recinto
universitario y, de acuerdo con los testimonios recogidos en la prensa
local, abrió el paso a un grupo de choque chavista que golpeó a los
estudiantes, ocasionó destrozos en la escuela de Trabajo Social y
ridiculizó a un estudiante al quitarle la ropa y obligarlo a huir
desnudo. La jornada terminó con siete heridos. El secretario de la UCV,
Amalio Belmonte, informó de la presencia de encapuchados armados que
amedrentaron a estudiantes y robaron a dos fotógrafos.

Mientras todo eso ocurría en la principal universidad del país, en el
palacio de Miraflores el presidente Nicolás Maduro anunciaba la creación
del Consejo Presidencial de Derechos Humanos. Muy distinto a su
predecesor Hugo Chávez, quien no dudaba en polemizar con quienes
cuestionaban su compromiso con las garantías ciudadanas, Maduro ha
optado por la cautela frente a los señalamientos y ha preferido
responder con un hecho. La semana pasada había mencionado que la misión
de cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que visitó
Venezuela para intentar acercar a las partes enfrentadas, le había
sugerido crear una dependencia que supervisara de cerca el respeto a los
derechos de los manifestantes.

Adscrito a la vicepresidencia de la República, el Consejo Presidencial
de Derechos Humanos estará al mando del vicepresidente Jorge Arreaza y
tendrá la participación de los ministros de Interiores, Defensa y
Comunas; de la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y la presidenta
del Tribunal Supremo de Justicia; de dos diputados y tres representantes
de organizaciones civiles con recorrido en la defensa de los derechos
humanos. Serán 15 personas que tendrán la asesoría de lo que Maduro
llamó "un conjunto de expertos" designados por Unasur.

El Gobierno no ha podido ocultar la preocupación que le genera el
deterioro de su imagen en el exterior. Este anuncio de Maduro se suma al
parte semanal de los disturbios ofrecido por la Fiscal General, Luisa
Ortega Díaz. Este viernes la fiscal informó que hasta la fecha han
fallecido 39 personas y otras 608 han resultado heridas en las
refriegas. La Fiscalía ha presentado a 2.285 personas en tribunales, de
las que 904 son estudiantes. Con esta aclaratoria, la fiscal pretende
reforzar la impresión de que las protestas no son lideradas solo por
universitarios. Y tiene razón. La protesta cruza transversalmente a toda
la sociedad.

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