La amnistía para los presos políticos y la comisión de la verdad, escollos en el diálogo

La amnistía para los presos políticos y la comisión de la verdad,
escollos en el diálogo
DDC | Caracas | 25 Abr 2014 - 3:26 pm.

El Tribunal Supremo prohíbe las manifestaciones no autorizadas y
respalda la represión para dispersarlas, aun cuando sean pacíficas.

La libertad de los presos políticos y la constitución de una comisión de
la verdad son obstáculos en el dialogo entre el Gobierno y la oposición
venezolana, que sostuvieron el jueves un tercer encuentro, informa el
diario El Nacional.

El Gobierno volvió a rechazar la posibilidad de una amnistía para los
presos políticos, entre los que se encuentra Leopoldo López —dirigente
de Voluntad Popular, que permanece detenido desde el 18 de febrero—,
acusado de promover acciones violentas durante las protestas callejeras
contra Nicolás Maduro.

"Si no logramos amnistía, el diálogo se tranca. Todo diálogo es
sumamente complicado y el Gobierno debe entender la grave situación",
advirtió este jueves el opositor Henry Ramos Allup, citado por el diario.

Fijó además posición sobre la comisión de la verdad: "No la pueden
presidir ni Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional) ni
Ramón Guillermo Aveledo (secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la
Unidad Democrática, MUD)".

"Insistiremos en la ley de amnistía. Vamos a movilizarnos, recoger
firmas o a buscar cualquier tipo de respaldo", dijo en un comunicado
Aveledo.

El Gobierno llevó a la reunión a víctimas del golpe de Estado que el 11
de abril de 2002 sacó brevemente a Chávez del poder.

En un acto público, Maduro dijo que las víctimas "explicaron a los
dirigentes políticos de la oposición (...) todo lo que fue la operación
de masacre para justificar el golpe de Estado" de 2002.

Aveledo aseguró que fueron escuchadas con atención. "Fue una
conversación para nosotros muy interesante, muy importante en la
perspectiva humana y venezolana", señaló, según EFE.

"El sentido de esta lucha y de los diálogos es que esa dolorosa
experiencia vivida por los venezolanos no se repita jamás (...) no
importa su opción política, no importa su posición en el debate
nacional", añadió.

Por parte del Gobierno, el vicepresidente Jorge Arreaza afirmó que "hay
que hacer esfuerzos para evitar un 11-A y un golpe de Estado".

Maduro ha descrito las protestas que comenzaron en febrero contra su
Gobierno y en las que han muerto 41 personas como "un golpe de Estado en
desarrollo".

Edgar Márquez, simpatizante del oficialismo que habló en nombre de las
víctimas, rechazó la eventual aprobación de una amnistía.

"¡No somos Dios, ni damos perdón, ni convalidamos una amnistía porque
sería convalidar la impunidad! No es un problema legal, es político (…)
No nos van a tumbar; no nos da la gana. No perderemos la revolución ni
por avispados ni por pendejos", dijo.

El Tribunal Supremo prohíbe las manifestaciones sin permiso

El derecho a la manifestación no es un absoluto, dictaminó entretanto,
el jueves, el Tribunal Supremo de Justicia, y respaldó la represión para
dispersarlas aun cuando sean pacíficas, en los casos que no medie un
permiso de las autoridades, reportó la AP.

El máximo tribunal anunció en un comunicado que la Sala Constitucional
interpretó el artículo 68 de la Constitución, el cual dispone que "los
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin
armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley; reconociendo
en la decisión que ese derecho político no es absoluto y, por ende,
admite restricciones para su ejercicio al ordenar que el mismo se ejerza
conforme a las previsiones de ley".

En consecuencia, el Tribunal Supremo estimó que "resulta obligatorio
para las organizaciones políticas así como para todos los ciudadanos,
agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera
autoridad civil de la jurisdicción correspondiente, para poder ejercer
cabalmente su derecho constitucional a la manifestación pacífica".

"Cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente
con el aval previo por parte de la respectiva autoridad competente para
ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales (...) actúen
dispersándola con el uso de los mecanismos más adecuados para ello",
agregó el escrito.

La interpretación legal se produjo en el marco de más de dos meses de
protestas contra el Gobierno.

Las autoridades repetidamente han negado el permiso a marchar a los
estudiantes, principales promotores de las protestas, alegando que el 12
de febrero la oposición realizó una caminata que culminó en los
violentos incidentes y un saldo de tres muertos, varias decenas de
heridos y destrozos en instalaciones públicas.

La Sala Constitucional no se refirió a la segunda parte del mismo
artículo, que "prohíbe el uso de (...) sustancias tóxicas en el control
de manifestaciones pacíficas", pese a que las fuerzas del Gobierno las
han utilizado profusamente para dispersar a los manifestantes.

A través de su cuenta en Twitter, el catedrático y experto
constitucionalista José Vicente Haro expresó: "Ahora entonces estamos en
un Estado de Excepción permanente y solo podemos ejercer el derecho a la
manifestación cuando lo permita el Estado".

"La Sala Constitucional con cada sentencia destruye, desarma, desvanece
los DDHH (derechos humanos) y la Constitución como si fuera poder
constituyente", agregó.

http://www.diariodecuba.com/internacional/1398432407_8309.html