05-Dic 06:47 am|Edgar López
La ley es clara: comete delito tanto el que graba como el que difunde
comunicaciones privadas sin la correspondiente autorización judicial
Con ligereza, Mario Silva ha pretendido salvar su responsabilidad penal,
civil y administrativa por transmitir grabaciones ilegales de
conversaciones privadas de dirigentes de la oposición: "Esas son cosas
que ellos mismos han publicado en Internet y, por lo tanto, están a la
vista de todo el mundo".
Silva se refiere a Mesa de Alacranes, como se denominan los espacios en
Wordpress, Twitter y Facebook en los que se desprestigia a miembros de
la Mesa de la Unidad Democrática.
El blog fue inaugurado el 2 de agosto pasado y uno de los primeros
contenidos publicados fue una conversación telefónica entre los
dirigentes políticos Oswaldo Álvarez Paz y Beatriz Contreras, respecto a
la organización de un paro de trabajadores en Zulia. Se precisa que la
grabación ilegal había sido difundida en 2009 por dos medios
oficialistas: la radioemisora YVKE y el portal Abrebrecha. Sobre lo más
reciente, destaca una conversación telefónica entre la precandidata
presidencial María Corina Machado y su madre.
Los que alimentan Mesa de Alacranes han utilizado diversos servicios
gratuitos de Internet, como Youtube, Vimeo, Polldaddy y Analytics Tops
para procesar y editar imágenes, sonidos y datos estadísticos. Como todo
el que quiere llamar la atención a través de la web, los autores de Mesa
de Alacranes se esfuerzan por mostrarse lo más atractivos posible.
Son herramientas que están al alcance de cualquier ciudadano, mas no así
el principal insumo informativo: las grabaciones ilegales de
conversaciones privadas.
Investigaciones inconvenientes. "Porque es evidente que el principal
objetivo de estos espacios es atacar a la oposición, se puede presumir
que tiene un origen en el chavismo e incluso en el Gobierno. La
indisposición a realizar investigaciones ajustadas a Derecho y la
impunidad con que se divulgan comunicaciones privadas obtenidas
ilegalmente a través de Venezolana de Televisión aumentan las sospechas
sobre el oficialismo", razonó Fernando Núñez Noda, director de
Infociudadano.
El especialista en comunicación digital asegura que en forma
extraoficial supo que las averiguaciones emprendidas por la Unidad de
Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas sobre la primera ola de hackeos a personajes críticos
del Gobierno que hubo este año dieron resultados precisos sobre la
autoría material de tales ilícitos. "El personal y los recursos
tecnológicos que tiene la policía científica fueron usados con
eficiencia, pero el resultado fue políticamente inconveniente y el jefe
fue relevado del cargo", afirmó Núñez Noda, en referencia al comisario
Luis Bustillos Tábata, que hace tres meses fue apartado de las pesquisas.
Fuentes del Cicpc confirmaron la capacidad técnica del organismo para
identificar al que ilegalmente grabe una conversación privada y
explicaron que eso sólo lo puede hacer el que cuente con costosos y
sofisticados equipos, así como información muy precisa sobre los
teléfonos usados por las víctimas.
"La experiencia nos indica que suele haber complicidad de empleados de
las empresas telefónicas, por lo cual es una de las primeras
indagaciones que hacemos. Pero este tipo de delitos se asemeja a la
delincuencia organizada en la medida que requiere la participación de
muchas personas que actúan coordinadamente y, en algunos casos, la
búsqueda se debe extender hasta las empresas contratistas que puedan
aportar parte de la infraestructura que se requiere para interceptar y
grabar una conversación telefónica", indicó un funcionario policial.
Por acción y omisión. "Después de la estatización de Cantv, el Gobierno
tiene todo en sus manos", indica Núñez Noda en respaldo de sus presunciones.
Más cauteloso, Luis Carlos Díaz, especialista en redes sociales del
Centro Gumilla, señala lo que sí está a la vista de todos: "El Estado
legitima este tipo de acciones delictivas a través de la retransmisión
de las grabaciones ilegales por Venezolana de Televisión sin que nadie
se atreva a impedirlo. Lo importante es que está quedando registro de la
actuación del canal del Estado y, si no es ahora, en el futuro los
afectados podrán obtener justicia".
Díaz razona que, por tratarse de delitos, lo deseable es que las
autoridades gubernamentales los rechacen y promuevan una investigación.
La permisividad del Gobierno en el caso de Mesa de Alacranes contrasta
con la contundencia con que ha actuado en otros casos. Como lo registró
el bloguero Luigino Bracci Roa: "Recientemente hemos conocido, gracias a
algunos camaradas que trabajan en Cantv, que dicha empresa bloqueó
durante las elecciones varios sitios web que alojan blogs, ello porque
había algunas páginas que divulgaban resultados antes de lo permitido.
Durante el 26 de septiembre se bloqueó a Wordpress.com y en las pasadas
elecciones del 5 de diciembre se bloqueó a Blogspot.com.
En ambos casos, Cantv no pudo bloquear únicamente al blog infractor,
tuvo que bloquear los dominios completos, imposibilitando el acceso a
cientos de miles de blogs".
El agua derramada en la web es difícil de recoger. Por ejemplo, un
ciudadano podría denunciar a Mesa de Alacranes ante Wordpress. El
experto Rafael Núñez explica que el trámite puede durar entre 72 horas y
una semana, y sólo se requiere anexar copia de la denuncia ante la
autoridad competente, como la Fiscalía o Conatel: "Pero el problema es
que el atacante que pierda un blog puede abrir otro. Es así como han
surgido los servicios integrales de protección de reputación en línea
que contratan empresarios y corporaciones".
Todos los especialistas afirman que aun cuando es difícil no es
imposible identificar y sancionar a los que utilizan ilegalmente la web.
"En Venezuela se guardan registro de todo, por lo menos durante tres
meses. Sólo bastaría que las autoridades actúen", razonó Rafael Núñez.
http://www.el-nacional.com/noticia/12743/16/VTV-involucra-al-Estado-en-grabaciones-ilegales.html
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