03-Dic 06:12 am|Alejandro Hinds
Representantes del sector advierten que medidas gubernamentales
agravarán el déficit de inmuebles
Las medidas del Gobierno contra las actividades de construcción e
inmobiliaria que arreciaron desde julio de 2009, cuando se prohibió el
cobro de ajustes por inflación en contratos de preventa agravarán el
déficit de viviendas que existe en el país, advirtieron empresarios.
"Hay una serie de resoluciones, providencias, leyes y decretos que,
lejos de estimular a constructores y promotores inmobiliarios, los han
desalentado. Eso empeorará la crisis", dijo Felipe Martínez Cova,
presidente de la Cámara de Bienes Raíces.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela,
afirmó que el proyecto de ley contra la estafa inmobiliaria que se
discute en la Asamblea Nacional forma parte de un conjunto de normas
que coartan al sector y dificultan la reducción del déficit de vivienda.
Las consecuencias de lo que puede definirse como un cerco legal son
caídas en los metros cuadrados de construcción autorizados por las
alcaldías, en las viviendas edificadas por la empresa privada y en la
oferta de inmuebles para alquilar.
Los permisos de construcción aprobados han retrocedido más de 70% desde
2009, según cifras oficiales. Ese año alcanzó casi 2 millones de metros
cuadrados, en 2010 bajó hasta 800.000 metros cuadrados y en 2011 estará
alrededor de 400.000 metros cuadrados.
Las unidades residenciales construidas por la empresa privada sumarán
poco más de 40.000 este año, de acuerdo con números de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, lo que representará una disminución de 40% con
respecto a las 68.000 edificadas en 2009.
La oferta de inmuebles para alquilar ha caído 77% en lo que va de 2011,
según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana.
Francisco Grullón, presidente del gremio, dijo que en apartamentos y
casas el descenso es más alto, mientras que en otras categorías es menos
pronunciado.
Altos y bajos. Martínez Cova indicó que las acciones contra el sector
comenzaron en 2003, cuando se decretó la congelación de alquileres aún
vigente. "Eso ha traído como consecuencia el deterioro de los inmuebles
arrendados y de la calidad de vida de los inquilinos".
Luego vinieron las expropiaciones de edificios para alquiler decretadas
por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y 2007, que además
de crear inseguridad jurídica atentaron contra el patrimonio de los
dueños, porque la mayoría no ha recibido el pago.
Martini dijo que el Gobierno ha tenido altos y bajos en la materia. En
2005, por ejemplo, generó una serie de políticas que estimularon al
sector y que permitieron incrementar la construcción de viviendas de
13.000 en 2004 a 98.000 en 2009.
Advirtió, sin embargo, que en los últimos años ha tomado medidas que
hacen inviable la construcción y el alquiler, empezando por la
prohibición del cobro de ajustes por inflación.
"El desarrollo de un urbanismo puede tardar cinco años. No se puede
tener un precio congelado durante ese tiempo".
Los problemas generados por el cobro de ajustes por inflación y los
retrasos en las obras por la falta de materiales consecuencia de la
estatización de la industria cementera y siderúrgica en 2008 sirvieron
de justificación para la intervención de urbanismos a finales de 2010.
"En algunos casos se actuó en defensa de los compradores, pero en otros
se procedió de manera injusta. El problema es que la política de
criminalizar a todos perjudicó a empresas activas y espantó a
inversionistas potenciales", aseguró Martínez Cova.
En el caso del alquiler, las normas aprobadas este año se han
caracterizado por proteger al inquilino per sé en perjuicio de los
propietarios. Martínez Cova recordó que es necesario que las leyes
equilibren los derechos y obligaciones de ambas partes.
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