Rafael Díaz Blanco
Lunes, 5 de diciembre de 2011
A medida que el llamado proceso revolucionario avanza las leyes
inconstitucionales se multiplican, los abusos de poder y la
arbitrariedad aumentan. En Venezuela, el poder lejos de distribuirse,
como ocurre en el Estado democrático, se concentra en Hugo Chávez. Se ha
establecido un régimen autocrático dónde el detentador del poder es una
sola persona, es un dictador.
Al hablar de violaciones del estado de derecho suponemos su existencia.
Ciertamente, está consagrado en la Constitución vigente, pero ésta es
absolutamente ineficaz, está –como diría Delgado Ocando- al servicio de
la política que subyace en el proyecto chavista.
Y, ¿cuál es ese proyecto? Es sumamente sincrético, una ensalada de
variados ingredientes, entre los cuales destaca el marxismo.
Para el marxismo el derecho está determinado por las relaciones
económico-sociales, es expresión de la voluntad política de la clase
dominante. Los marxistas rechazan las concepciones garantistas propias
del Estado de derecho contemporáneo como la contemplada en la
Constitución de 1999. Al oponerse "el socialismo del siglo XXI" al
modelo constitucional democrático, es imposible su concreción
manteniendo la Constitución de 1999 como ley fundamental.
Ante los inconvenientes que supondría declarar desconocer la
constitución, el régimen mantiene una retórica de respeto pero
constantemente desaplica y altera los contenidos constitucionales con el
concurso del Tribunal Supremo de Justicia que usando formalidades
propias del estado constitucional democrático encubre "la nueva
legalidad" que construye atendiendo los requerimientos del dictador.
2007 debió ser el año del establecimiento del Estado socialista como lo
propugnaba la propuesta de reforma constitucional. La nueva constitución
debería haber servido para implantar legalidad socialista, y servir de
programa para la instauración del proyecto totalitario. Sin embargo, fue
rechazada por el pueblo tan abrumadoramente que el régimen fue obligado
a reconocer la derrota.
No obstante, las reformas legales que demandaba el proyectado Estado
socialista continuaron dictándose hasta prácticamente culminar una etapa
con las recién publicadas leyes de arrendamiento y de costos y precios.
Toda ésta inconstitucional legislación recoge los principios propios del
Estado socialista desplazando definitivamente el principio de legalidad
constitucionalmente previsto para substituirlo por una legalidad
revolucionaria que tampoco constituye ninguna garantía, por cuanto se
aplica mientras no se oponga a los fines revolucionarios tal y como lo
determine el dictador.
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