19-Dic 06:13 am|José Javier Moronta
Se cumple un año de la intervención del Ejecutivo en las fincas de la
zona ubicada entre Santa Bárbara (Zulia) y El Vigía (Mérida). El
resultado, según la Asociación de Agricultores y Ganaderos del municipio
Colón, ha sido el descenso en la obtención de dos rubros básicos para la
alimentación: leche y carne
Rafael Urdaneta, conocido como "Rafito" en el Sur del Lago de Maracaibo,
es el propietario de Villa Olga, una de las 47 fincas intervenidas el
año pasado por el Gobierno. Las autoridades le devolvieron la propiedad
pero sin el documento que lo haga constar, y aunque las tierras han
estado en su familia por tres generaciones dice que no invertirá más.
Antes tenía entre 50 y 80 cabezas de ganado, hoy posee entre 30 y 40.
"No puedo alquilar, vender ni nada sin los papeles.
Existe mucha inseguridad jurídica y hoy mi finca no vale nada", afirma.
Otro productor también cuenta su historia, pero a diferencia de Urdaneta
lo hace anónimamente por miedo a represalias. Del 17 de diciembre de
2010 recuerda que, mucho más allá de un "rescate de tierras" como lo
denominó el sector oficial, en su caso hubo una invasión cívico-militar.
A un año de la toma aún siguen los militares en la puerta de la finca.
Hace un mes lo visitaron funcionarios del Instituto Nacional de Tierras,
Ministerio del Trabajo y del Inpsasel, entre otros organismos, y durante
la inspección hicieron hincapié en la aplicación de normas que no se
ajustan a las actividades agrícolas.
"Nos preguntaron por qué no teníamos personas con discapacidad. ¿Cómo
trabajan personas con impedimentos físicos en el campo? Al parecer lo
que buscan es que la gente incumpla los requerimientos para después
colocarles multas impagables con el propósito de reducir el costo del
avalúo o sencillamente lograr el objetivo final, que es la
desocupación", dice.
Otros requerimientos exigidos por las autoridades, como el pago de bonos
de alimentación de años anteriores a los trabajadores y la sustitución
de techos de zinc por platabanda, requieren de inversiones millonarias,
pero muchos productores de la zona no tienen los recursos para
cumplirlos. Los bancos, por su condición de intervenidos, les niegan los
créditos.
En la finca El Peonio, propiedad de Jesús "Chucho" Melean, un hombre de
95 años de edad, que pese a la presión oficial se resistió a abandonar
sus 2.680 hectáreas de tierra, las actividades agropecuarias continúan.
Incluso la inversión se mantiene, pero han registrado pérdidas por las
lluvias y la desmotivación por las tomas de tierras.
Cesar Fernández, abogado de la familia, explica que hace cuatro meses se
reunieron en Caracas con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan
Carlos Loyo, para llegar a un convenimiento, pero hasta ahora no han
obtenido respuesta. "El señor Chucho tiene 70 años trabajando en la
finca, vive allí, y está dispuesto a colaborar mientras se cumpla la ley
y se le cancelen las bienhechurías", refiere Fernández.
En las instalaciones se produce carne y leche, trabajan 80 personas, las
mismas de antes de la intervención. También hay un colegio para niños de
educación básica, mantenido con dinero proveniente de la actividad
agropecuaria, caminos de tierra y muros de contención para evitar
inundaciones.
En picada. Consultados los productores sobre la situación económica en
el Sur del Lago, todos coinciden en que es crítica y nada parecida a la
de años anteriores. Rubén Barboza, ex presidente de Fegalago, recuerda
que antes la relación con el Estado era buena y se debatían asuntos como
costos y exportaciones, con el fin de no afectar la producción nacional.
"Ahora con ellos todo es a la fuerza".
En cuanto a la producción de leche y carne en el Sur del Lago, el
presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Colon, Ciro
Labarca, señala que entre 2010 y 2011 cayó 40%. Toma como ejemplo la
finca Bolívar, hoy Bolívar Bolivariana, que también fue intervenida.
"Allí se producían 5.500 litros de leche diarios y hoy solo sacan 2.800,
es decir, que la disminución es de 2.700 litros".
En lo que se refiere a la leche en polvo indica que las plantas Gerica
Colona y San Simón, que están ubicadas en Santa Bárbara, y El Guayabal,
respectivamente, pulverizaban entre las dos 20.000 litros diariamente,
pero desde hace dos años no ha sido posible porque la regulación de
precios no les permite cubrir los costos. Ahora solo se dedican a
empaquetar leche importada y, según Labarca, la orden es que se
distribuya exclusivamente en el centro del país. "Antes iba para todos
lados, ahora no. Hasta en Zulia tenemos problemas para conseguirla", agrega.
De la carne explica que la distribución del Sur del Lago al resto del
país no ha cesado, pero ha bajado. En Venezuela se producía 98% del
consumo nacional, hoy la cifra apenas llega a 50%. "En el caso de la
zona, la caída en la producción es producto también de la regulación de
precios y las inundaciones.
El ganado, por el agua estancada, se ahogó y en otros casos se enfermó",
apunta Labarca.
El cultivo de plátanos ha registrado bajas que aun no han sido
contabilizadas por los productores, pero se atribuyen a las inundaciones
y desbordamiento de ríos provocados por las lluvias. El Gobierno además
tomó la planta procesadora de plátano Proinplat y aunque las máquinas se
encuentran allí no están operativas. "Lo único que hicieron fue pintarla
de rojo", añade un productor.
La producción de palma aceitera también se estancó y hasta ahora no se
ha podido incrementar. "La regulación del precio del aceite, manteca
vegetal y margarina no permite que las refinadoras mejoren los precios
del aceite crudo de palma, lo que ocasiona que los productores de palma
aceitera reciban pagos por debajo del costo de producción", señala.
La Cámara de Comercio de Colón advierte que las intervenciones de tierra
y las lluvias de 2010 y de este año provocaron escasez de leche, carne y
plátano en el Sur del Lago.
Su presidente, Leudis Montiel, precisa que solo por la intervención el
comercio cayó 50%, afectó a 3.500 comerciantes y generó despidos y
reducción de puestos de trabajo.
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