Critican labor de la Fiscalía en caso de la familia Barrios
Para la Corte IDH la impunidad propició el asesinato de 7 miembros de
ese clan
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 23 de diciembre de 2011 12:00 AM
"Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo
todo, termina por hundirse en el abismo". La advertencia hecha por el
filósofo griego Sófocles hace más de dos milenios sigue vigente. Así lo
dejó en claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la cual
la falta de una investigación exhaustiva que concluyera con el
enjuiciamiento de los responsables del asesinato de Benito Barrios en
1998 fue el catalizador del ajusticiamiento de seis parientes suyos en
la última década.
Esta semana el tribunal continental publicó su decimotercera sentencia
contra Venezuela, en la cual la declaró culpable al Estado de violarle
sus derechos a la vida, integridad personal, inviolabilidad del
domicilio y al libre tránsito contra los miembros de la familia aragueña
Barrios a manos de supuestos agentes de la policía regional.
Este dictamen reviste gran importancia, pues es el primero relacionado
con un caso de ajusticiamiento cometido por presuntos grupos
parapoliciales. No obstante, en el dictamen el juzgado continental no
hace ninguna mención a estos grupos, los cuales según organizaciones
como el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y
marzo de 1989 (Cofavic) ya ha actúan en todo el país.
El propio Ministerio Público ha reconocido que se encuentra investigando
más de 8.000 ejecuciones ejecutadas por presuntos uniformados desde el
año 2000.
Para la directora de Cofavic, Liliana Ortega, el fallo es un duro golpe
al Estado, pues "claramente establece que al desatender las medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de
la propia Corte, en las cuales se reclamaba a las autoridades proteger a
la familia; y al no sancionar a los responsables de los primeros
crímenes se crearon las condiciones propicias para las demás muertes. La
sentencia dejó en claro que varios de los asesinatos ocurridos en los
últimos años se han podido evitar".
La directora de la organización que precisamente llevó este caso ante el
sistema interamericano hizo un llamado de atención al Gobierno. "Algo
está pasando en Venezuela, en el sistema de justicia, que hace que se
estén ventilando en juzgados internacionales casos de crímenes de lesa
humanidad, los cuales no prescriben".
En su fallo, la Corte con sede en San José (Costa Rica) criticó la
lentitud con la que el Ministerio Público ha conducido las
investigaciones relacionadas con las muertes de Benito, Narciso, Luis
Alberto, Oscar, Wilmer, Juan José y Rigoberto Barrios, pues hasta el
momento nadie ha sido condenado.
Asimismo el juzgado también lamentó que las autoridades hayan hecho caso
omiso ha sus llamados para proteger a los miembros de esta familia, pese
a que estaban totalmente conscientes e informadas sobre los riesgos que
se cernían sobre ellos.
Precisamente sobre este último punto, Ortega confesó su intranquilidad
en relación con la seguridad de los restantes miembros de este clan.
"Ellos siguen bajo amenaza de los funcionarios responsables de estos
crímenes y nos preocupa su seguridad porque siguen desprotegidos
totalmente".
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