04-Dic 06:25 am|Maru Morales
La suspensión de las elecciones es el nuevo modus operandi oficialista
para interferir en la vida académica
La sombra del pensamiento único se cierne sobre las universidades
autónomas. Actos vandálicos contra la comunidad y su infraestructura,
sabotaje de los procesos electorales internos y dictámenes del Tribunal
Supremo de Justicia sin mencionar el drástico recorte presupuestario
son algunos de los mecanismos utilizados.
"La estrategia del Gobierno en su intento de desmontar el Estado de
Derecho democrático tiene varias fases: primero, descalificar a quienes
piensan distinto; segundo, crear estructuras paralelas, y tercero,
aprobar leyes que sustentan su accionar. Cuando nada de eso funciona,
entonces recurre al TSJ porque se supone que sus decisiones son de
obligatorio cumplimiento", señaló el secretario de la Universidad
Central de Venezuela, Amalio Belmonte.
A su juicio, el máximo tribunal no actúa como el ente que imparte
justicia con equidad, sino como el brazo jurídico del Ejecutivo para
imponerle a las universidades dos cosas: un criterio de comunidad
académica que se ajuste a un proyecto político y un mecanismo electoral
que ofrezca las condiciones más favorables para los movimientos que
respaldan ese proyecto.
Aunque admitió que históricamente los gobiernos han creado mecanismos de
control de las universidades incluido el allanamiento de 1969 sostuvo
que el objetivo no ha sido interferir en los resultados de las
elecciones internas.
"Nunca hubo un proyecto político para la Universidad; ahora lo hay. Esa
es la gran diferencia. El actual Gobierno quiere construir un aparato
ideológico y hacer de las universidades la herramienta fundamental de
ese aparato porque entiende que es vital para instaurar la hegemonía.
Las universidades son un freno para ese proyecto", aseguró.
Brazo jurídico y armado
En la más reciente elección estudiantil de la UCV las dos planchas de
oposición sumaron 11.449 votos, mientras que las cinco oficialistas
obtuvieron 4.460. El presidente de la Federación de Centros
Universitarios de la Universidad del Zulia, Víctor Ruz, considera que el
temor del oficialismo de permitir las elecciones universitarias radica
en esa diferencia.
Aunque las universidades tienen instancias competentes para resolver
conflictos internos, como los consejos de escuela y de facultad, las
comisiones electorales y el Consejo Universitario, los sectores
estudiantiles identificados con el Gobierno acuden al TSJ para dirimir
controversias.
"El TSJ no es un poder independiente, sino un apéndice del Ejecutivo que
decide por mandato directo del Presidente. Es evidente que el Gobierno
tiene un claro interés en hacer creer que los estudiantes lo respaldan,
sobre todo a propósito de 2012, año electoral", dijo Ruz.
Advirtió que el Gobierno pretende moldear un concepto que se menciona
sin mayores precisiones en la Ley de Educación Universitaria (consejos
estudiantiles) para su beneficio. En su opinión, esas instancias serán
la próxima arma que se utilizará contra la autonomía de las casas de
estudio.
"Es una aberración que el Presidente pretenda hacer la ley de los
consejos estudiantiles por la vía habilitante, porque además los quiere
reforzar con las milicias estudiantiles: un brazo armado, y con
recursos, dentro de la universidad para sembrar violencia,
enfrentamiento y terror", señaló.
El ex secretario de reivindicaciones estudiantiles de la FCU-UCV Miguel
Pizarro coincidió con Ruz. "Los consejos estudiantiles son un intento de
eliminar las FCU y tratar de ganar por decreto lo que no ganan con
votos. Las milicias estudiantiles vendrán a ponerle nombre a los grupos
parapoliciales que actúan hace rato en nuestra casa de estudio para
amedrentar y agredir", manifestó.
Belmonte indicó que la situación de las universidades autónomas es
alarmante, pues no sólo están intervenidas económicamente, sino que
también se intenta socavar su base pluralista. "Hay muchas formas de
allanar una universidad y a veces hay maneras más sutiles de hacerlo que
poner un tanque en la puerta, pero al mismo tiempo mucho más duras que
un tanque en la puerta", dijo.
En suspenso. Las cinco universidades autónomas padecen la suspensión de
sus procesos electorales por obra del TSJ.
La seguidilla de decisiones comenzó el 16 de mayo con las elecciones de
decanos de la UCV fijadas para el 20 de ese mes. Cinco días después tocó
el turno a los comicios en la Universidad de los Andes y en la
Universidad de Carabobo, ambos fijados para el 26 de mayo. El 12 de
julio, luego de una reprogramación, le volvió a tocar a la ULA.
El 26 de octubre llegó el turno de LUZ. Fue la segunda medida de
suspensión de elecciones estudiantiles para esa casa de estudio este
año: la primera intervención en el proceso fue en mayo. El 8 de
noviembre la Sala Electoral admitió un recurso contencioso contra los
comicios del cogobierno estudiantil de la Universidad de Oriente, que se
celebrarían el 9.
Las peticiones fueron presentadas por estudiantes, profesores o
trabajadores y todas, menos una, fueron decididas por el máximo tribunal
un día antes de la elección.
El último capítulo de esa serie podría escribirse esta semana. Para el 9
de diciembre están fijados los comicios de la Federación de Centros
Universitarios y los centros de estudiantes de la UCV, contra los cuales
fue solicitada una medida cautelar de suspensión, con el argumento de
que el proceso debe incluir la elección de los consejos estudiantiles.
El proceso, inicialmente fijado para el 2 de diciembre, ha tenido
tropiezos. El 15 de noviembre tres vehículos fueron incendiados frente a
la Plaza del Rectorado y luego las autoridades de la Comisión Electoral
fueron retenidas en la sede de La Floresta.
Perturbadores. La petición de los sectores que se oponen a las
elecciones universitarias es recurrente: abrir la participación a toda
la comunidad universitaria, aprobar la paridad del voto y crear los
consejos estudiantiles, entre otras.
La rectora de la UDO, Milena Bravo, considera que el problema no radica
en las peticiones en sí mismas, sino en la politización del asunto.
Entiende que el peso de las universidades autónomas como formadoras de
profesionales con múltiples visiones y opiniones es lo que al mismo
tiempo enriquece la democracia y preocupa al Gobierno.
"El tema de las elecciones y de la elaboración de una ley se ha
politizado en extremo. La ley vigente avala que las universidades se
autorregulen y eso perturba los planes del Gobierno. Nosotros estamos de
acuerdo con la elaboración de nueva ley, pero debe surgir de las
universidades, sus estudiantes, sus empleados, sus obreros, sus
profesores y sus autoridades. Debe incluir por supuesto al ministerio,
pero no puede nacer de un planteamiento unilateral desde el Ejecutivo",
dijo Bravo.
En su opinión, al acudir al TSJ como instancia de resolución del
conflicto buscan controlar la institución educativa.
"Los estudiantes son quienes calientan la calle y el Gobierno no ha
podido controlarlos en 13 años, como sí lo hace en sus casas de estudio".
Explicó la diferencia entre enseñar a pensar y enseñar cómo y qué
pensar: "En el pénsum de los estudiantes de Medicina Integral hay tres
años de formación política obligatoria. En nuestras universidades hay
pluralidad".
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