Caos en la minería
Hay peligro de una catástrofe ambiental en el Orinoco por los desechos
tóxicos, lo cual afecta a Guayana. La Gobernación del estado Bolívar es
la más clara expresiónde ineficacia e incapacidad. Todos los planes
gubernamentales desde 1999 han fracasado, tras la corrupción en la CVG
HELIODORO QUINTERO
La desacertada política minera del Gobierno de Hugo Chávez se plantea
expandir la frontera minera a lo largo del territorio nacional,
principalmente en el estado Bolívar, con serias posibilidades de
extenderse también tanto al estado Amazonas como a otras entidades del país.
La minería de oro se concentra fundamentalmente en el estado Bolívar,
territorio caracterizado por su extrema fragilidad ecológica, inmensos
recursos hidráulicos, donde se encuentra la cuenca del río Caroní, de la
cual depende en condiciones normales de operatividad, el 71% de la
electricidad del país.
El estado Bolívar posee más del 75% de su extensión protegido bajo la
figura de parques nacionales, monumentos naturales (Tepuyes) y otras
áreas bajo régimen de administración especial. La expansión de la
frontera minera entra en contradicción con estas áreas naturales
protegidas que tienen ámbito constitucional.
Desde el año 1999 el Gobierno de Chávez ha impulsado varios planes
mineros que comenzaron con la primera Ley Habilitante del año 1999
aprobada por el Congreso. Chávez aprobó el Decreto Nº 295 con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Minas publicado en Gaceta Oficial Nº 5.382
Extraordinaria de 28 de septiembre de 1999 que deroga la Ley de Minas de
1945.
La política minera se justificó para poner orden ante las críticas por
los desastres ambientales, para satisfacer los requerimientos de la
pequeña minería y asumir el control de la actividad por parte del Estado
venezolano.
Sin embargo, todos los planes gubernamentales desde 1999 han fracasado,
aumentando la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana, el
Ministerio de Minas e Industrias Básicas, la Fuerza Armada y la
Gobernación del estado Bolívar. El símbolo más evidente de la
negligencia minera es el ex ministro de Minas e Industrias Básicas,
Rodolfo Sanz.
La actividad minera descontrolada que ha permitido este régimen genera
deforestación de los bosques de la Región de Guayana, remoción del
suelo, contaminación de las aguas por la acción del mercurio y el
cianuro, tanto de la pequeña, de la mediana como de la gran industria
minera del oro.
Existe la amenaza de ocurrir una catástrofe ambiental en el río Orinoco
por la proliferación de los desechos tóxicos, que se traducen en pasivos
ambientales de un elevado costo económico, social y ecológico que
pudieran tornar inviables la futuras operaciones de las empresas básicas
de Guayana.
AMENAZADO EL CARONÍ
En la actualidad se mantiene el peligro en la cuenca del río Caroní y en
las reservas forestales La Paragua, Imataca y el Caura, por la acción
depredadora de la minería promovida por el Estado y algunos particulares.
En el estado Amazonas más del 49% del territorio se encuentra protegido
bajo la figura de áreas bajo régimen de administración especial, entre
otros. Parque Nacional ParimaTapirapeco el más extenso de Venezuela,
con 3 millones 600 mil hectáreas donde se encuentran las cabeceras del
río Orinoco y en el cual el presidente Chávez pretendió crear un
Territorio Federal para actividades mineras.
La aprobación de la llamada Ley de Nacionalización del Oro del 16 de
septiembre del 2011, asume el mismo esquema de migración a empresas
mixtas, adoptado por el Estado Venezolano en el sector petrolero.
Mediante esta Ley se reserva el Estado las actividades primarias de
exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, bajo el
criterio tradicional del derecho que proviene desde la Corona Española y
el Decreto de Simón Bolívar del año 1829, mediante el cual los
yacimientos de oro y otros recursos pertenecen a la República, son
bienes del dominio público, parte de la soberanía del Estado, en
consecuencia los yacimientos son inalienables e imprescriptibles.
De acuerdo a esta nueva Ley las regalías serán de un máximo del 13% y
entrarán en vigencia luego de 60 días a partir de la publicación en
Gaceta. Estas regalías podrían reducirse hasta un 3% para empresas
mixtas vinculadas a proyectos de minería de interés social con
participación de comunidades indígenas y pequeños mineros.
Las denominadas actividades conexas y auxiliares (transporte,
almacenamiento, tenencia, circulación, comercialización interna y
externa del oro) también pasan a manos del Estado. De igual forma, todo
el oro que se obtenga por actividad minera será obligatorio entregarlo y
venderlo a la República de Venezuela, que también ejerce el monopolio de
su comercialización, pudiendo crear empresas de capital mixtos en los
que controlará al menos 55% de composición accionaria.
EL NEGOCIO DEL ORO
En la actualidad la verdadera migración se ha producido hacia la
compañía Rusoro en los yacimientos de oro del estado Bolívar, compañías
chinas y la cubana Geominsa que realiza la evaluación de las reservas,
ambas en asociación con la empresa estatal Minerven.
De acuerdo con la nueva política minera del gobierno, se debe entregar
el 60% del oro al Banco Central con la posibilidad de exportar el resto
bajo información y control del gobierno venezolano.
En otro orden de ideas, hemos podido conocer que el hombre de confianza
de Miraflores para el negocio del comercio con lingotes de oro es el
señor Luis Herrera Marcano, quien rinde cuentas de manera personal del
Jefe del Estado sin intermediación alguna. Por supuesto que respecto a
este tema, corresponderá al gobierno nacional dar las explicaciones
pertinentes al respecto.
No obstante, nuestra producción aurífera ha mermado en los últimos años.
La estatal CVG Minerven esperaba producir 8 mil kilogramos de oro en el
2010, pero sólo logró un 23% de la meta al alcanzar una producción de
1.837 kilogramos. Desde 2007, no se alcanza la programación establecida.
El aumento del precio del oro en el mercado internacional, aunque
represente beneficios económicos para los privados y para el Estado
Venezolano, se traducen en daños ambientales en la Guayana venezolana,
si no se instrumentan los mecanismos de control correspondientes para
las actividades de la pequeña, la mediana y la gran minería.
En Venezuela, donde buena parte de los proyectos mineros está paralizado
por falta de inversiones y retrasos en la entrega de permisos, el 60% de
la explotación del oro la realizan grupos ilegales que trafican el metal
y depredan el ambiente.
Una política minera debería reducirse a determinados espacios, que no
signifique expansión de la frontera minera y especialmente proteger los
Parques Nacionales y otras áreas bajo régimen de administración especial
y las cuencas del Orinoco, el Caroní, Caura, Ikabaru, así como la
reserva forestal Imataca.
El mal llamado "arco minero de Guayana" anunciado recientemente por el
presidente Chávez no es otra cosa que una muestra más del verdadero
capitalismo salvaje que conlleva a la destrucción del frágil sur de
Venezuela y la promoción de un desarrollo insustentable.
PROPUESTA
Nuestra propuesta incluye una serie de recomendaciones que deberían
estar contenidas en una política seria y responsable en materia de
minería desarrollada por el Estado venezolano y que abarque lo
siguiente: La protección de los cuerpos de agua natural y desechos
mineros, incluyendo los riesgos asociados al tratamiento de aguas a
largo plazo y a los químicos utilizados en la extracción y procesamiento
de minerales.
Preservación de las áreas de importancia ecológica y cultural.
Establecer estándares de protección y gestión ambiental para las minas
en operación, incluyendo planes integrales de financiamiento para la
limpieza y recolección de residuos a modo de precondición para practicar
la minería.
Desarrollar protocolos e implementar prácticas destinadas a una toma de
decisiones informada por parte de la comunidad, que respete los derechos
e intereses de las comunidades afectadas, incluyendo evaluaciones
independientes de impacto socio-económico, ambiental, y auditorías.
Adhesión a protocolos y estándares de derechos humanos, incluyendo los
derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas.
Para lograr una industria minera viable, se requiere darle celeridad a
la investigación y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas que
permitan desafiar los problemas estructurales y operacionales que
actualmente confronta dicho sector en Venezuela y por la tendencia que
hemos observado a lo largo de estos 13 años de gobierno "revolucionario"
es evidente que no existe la disposición para hacerlo.
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