Cuba, una agresión contra Venezuela

Cuba, una agresión contra Venezuela
JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ | EL UNIVERSAL
martes 11 de marzo de 2014 12:00 AM

Hace 50 años, en febrero de 1964, los distintos países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) estaban evaluando las
preocupantes denuncias formuladas por Venezuela en contra del gobierno
cubano con respecto a actos de intervención y agresión a la integridad
territorial y a la soberanía del país, así como contra la vigencia de
sus instituciones democráticas, y aguardaban con expectativa los
resultados del informe de la comisión investigadora designada que debía
someter sus conclusiones ante el órgano de consulta del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La grave situación había obligado al gobierno del presidente Rómulo
Betancourt a efectuar una serie de reuniones con distintos gobiernos a
fin de informarles sobre la significación de tales hechos que atentaban
no solamente contra la seguridad de Venezuela sino también contra la de
otras naciones de la región. A tal efecto, una comisión especial
venezolana presidida por el almirante Luis Croce Orozco, presentó en esa
fecha sus planteamientos ante el gobierno de Brasil indicando entre
otros asuntos que el gobierno cubano había introducido en Venezuela:
"tres toneladas de armas... para una operación de envergadura" entre
ellas: "ametralladoras, fusiles automáticos, bazucas, morteros, cañones
sin retroceso y cargas de demolición", en momentos en los cuales el país
se preparaba para la realización de nuevas elecciones presidenciales.

En lo jurídico y en lo político, Venezuela le imputaba al gobierno
cubano el delito de agresión internacional e intervención en sus asuntos
internos, ante cuya evidencia se hacía pasible de diversas sanciones
colectivas económicas y diplomáticas con fundamento en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947, que contemplaba
en su artículo 8, desde el retiro de jefes de misión hasta el empleo de
la Fuerza Armada contra un Estado agresor.

En la práctica, el gobierno cubano respaldó la insurrección armada en
Venezuela, la cual había sido aprobada en marzo de 1961 en el III
Congreso del PCV, con la integración del MIR y de sectores de izquierda
de URD, con el objetivo específico de: "tomar el poder" no obstante la
existencia de un gobierno electo democráticamente y cuya legitimidad fue
reconocida por el mismo PCV mediante manifiesto público del 10-12-1958
indicando que: "desconocer la elección de Betancourt no da ninguna
salida al país", sin embargo, modificaron su postura invitando: "... a
las fuerzas patrióticas, y en especial a la clase obrera y a los
campesinos, a dominar todas las formas de lucha, ya sean legales o
ilegales, clandestinas o armadas, para responder y derrotar a los
enemigos...".

En virtud de la situación, la Novena Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA se reunió del 21 al 26 julio de 1964
para evaluar el contenido del Informe y declaró comprobados los actos de
agresión y la ilegítima intervención del gobierno cubano en Venezuela,
en virtud de lo cual se resolvió la aplicación de una serie de medidas
previstas en el TIAR, tales como: el cese de relaciones diplomáticas y
consulares con el gobierno de Cuba; la interrupción de todo intercambio
comercial directo e indirecto con excepción de los alimentos, medicinas
y equipos médicos por razones humanitarias; la interrupción del
transporte marítimo salvo las mismas razones especiales. Igualmente, se
facultó al Consejo de la organización dejar sin efecto tales medidas en
caso que el gobierno de Cuba cambiara su conducta, que fue calificada
entonces como: "actos de agresión e intervención contra la
inviolabilidad territorial, la soberanía y la independencia política de
Venezuela", "lo cual afecta a todos los Estados miembros".

Los gobiernos democráticos de los presidentes Betancourt y Leoni
lograron derrotar el movimiento guerrillero marxista-leninista, cuya:
"inexistencia de condiciones" en Venezuela fue admitida por
representantes políticos de la izquierda venezolana en La Habana y
juzgados por muchos como una aventura política.

Rómulo Betancourt sostuvo con firmeza desde el comienzo de su gobierno
(1959) que los "regímenes que no respeten los derechos humanos, que
conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo
de policías totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón
sanitario y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la
comunidad jurídica interamericana...". Basado en tal política que se
denominó: "la doctrina Betancourt", se logró asegurar en sus comienzos
la democracia en Venezuela, la defensa de los valores democráticos
comunes en el continente, la contención del militarismo y del comunismo
en su época de mayor expansión y radicalismo contra las naciones de
América Latina.

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