Juan Carlos Apitz B
Martes, 27 de septiembre de 2011
El avance en la construcción de la igualdad exige la construcción de una
economía productiva,que supere el rentismo y amplíe las posibilidades de
inclusión socioproductiva y las redes de seguridad y protección social
A partir de 1999 una nueva elite asumió el control de la mayoría de las
instituciones del Estado venezolano.
Desde ahí, con apoyo de una parte importante de la población, que la ha
acompañado en sucesivas elecciones, viene intentando construir una
hegemonía alternativa a la que existió en los cuarenta años anteriores,
en medio de grandes tensiones y conflictos.
Pese a que el contenido del discurso político de la nueva elite ha
venido variando desde 1999, este tiene una constante: su vehemente
invocación al igualitarismo.
En efecto, la idea de igualdad, que comparten la pasada "democracia
participativa" y el presente "socialismo delsiglo XXI", presupone no
sólo la igualdad de todas las personas ante la ley y la igualdad de
oportunidades paracompetir por bienes y servicios, sino también la
igualdad sustancial, tanto de los bienes materiales
(igualdadsocioeconómica) como de la posibilidad de la participación en
la definición de los asuntos públicos (igualdadpolítica) y de la
valoración de los diversos estatus sociales (igualdad cultural).
Ciertamente, el marco constitucional y las políticas públicas impulsadas
en esta década, permiten comprobar una voluntad política favorable a los
sectores populares y otros sectores discriminados y una visión de
igualdad sustancial, expresada en una reivindicación del rol del Estado
para la corrección de inequidades: aumento del gasto social, creación de
estructuras extraordinarias para garantizar con más agilidad el acceso a
los derechos sociales, aumento en la recaudación de impuestos
progresivos y reducción en la alícuota del IVA, ampliación de las
condiciones de participación de los sectores populares, capacitación
técnicoproductiva de los sectores populares y estímulo a su
autorganización para la producción cooperativa y autogestionaria,
valoración social simbólica de los sectores populares, de las negritudes
y pueblos indígenas desde ámbitos de poder estatal y comunicacionales,
entre otros. Pese a ese comportamiento estatal, como lo ha reconocido el
presidente Chávez varias veces, los avances en materia de igualdad
socioeconómica son mínimos e, incluso, en algunos momentos, se han
producido claros retrocesos. Aunque los indicadores de desigualdad en la
distribución del ingreso de 2003 a 2010 expresan una leve mejoría con
respecto a toda la década anterior, se trata de logros débiles, si se
comparan con la radicalidad del discurso igualitarista, la cantidad de
medidas adoptadas desde el Estado y la pretensión revolucionaria de
modificar la estructura social.
Concretamente, el avance en la construcción de la igualdad exige la
construcción de una economía productiva,que supere el rentismo y amplíe
las posibilidades de inclusión socioproductiva y las redes de seguridad
y protección social. Eso sí, colocando el acento en la economía social,
y democratizando los medios de producción. Aunque ello obliga a evaluar
seriamente los pésimos resultados obtenidos hasta ahora en materia de
economía social, e identificar y eliminar la creación de elites
económico-políticas que obstaculizan la labor reivindicativa. En
resumen, si sigue como va esta elite será apenas recordada como la
revolución de la desigualdad.
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