Rocío San Miguel denunció que en el informe que el Estado venezolano
presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su evaluación en
el Examen Periódico Universal (pautado para el 7 de octubre en Ginebra),
culpa a la oposición, a las altas élites sindicales, a un sector de la
Iglesia y a las tendencias hegemónicas como agentes que actúan contra
Venezuela en materia de las violaciones a los DDHH que ocurren en el país
PATTY FUENTES GIMÓN
En el informe que el Estado venezolano presentó al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para su evaluación en el Examen Periódico
Universal (que se realizará el próximo 7 de octubre en Ginebra), culpa a
la oposición, a las altas élites sindicales, a un sector de la Iglesia y
a las tendencias hegemónicas como agentes que actúan contra Venezuela en
materia de las violaciones a los DDHH que ocurren en el país.
"Ese es un informe con un esquema de propaganda. Culpan de los males de
Venezuela a factores críticos. Además, el Gobierno falseó las cifras
sobre seguridad ciudadana. Se apropió de las cifras de la Oficina de
Seguridad de Chile para exhibirlas como propias. Como fue descubierto,
tuvo que hacer una enmienda", señala Rocío San Miguel, quien ayer dictó
el taller "Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué
cabe esperar?", organizado por el Instituto Prensa y Sociedad y
realizado en el Colegio Nacional de Periodistas.
La directora de la ONG Control Ciudadano destacó también que "no habrá
sorpresas" porque la comunidad sabe lo que pasa en Venezuela y hace
preguntas como "qué plan tiene para abrirse a la observación
internacional en las elecciones de 2012 y de qué manera se garantizan
los estándares de funcionamiento de la Defensoría".
La Oficina del Alto Comisionado recibió 579 informes de todo el mundo
relativos a Venezuela. "Muchos fueron pagados por la diplomacia
nacional: 92 vienen de Bolivia y más de 240 de los consejos comunales.
Es claro que hay una actividad de despliegue gubernamental, que se hace
con cooperación internacional. Hay un doble estándar porque el Estado
impide a las ONG recibir cooperación internacional pero hace uso de
ella", añade.
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