Corrupción y Derechos Humanos

Corrupción y Derechos Humanos
Políticas integrales que aborden la renovación de las estructuras del Estado
FRANCISCO MARTÍNEZ MONTERO | EL UNIVERSAL
lunes 28 de mayo de 2012 12:00 AM

Estamos acostumbrados a revisar el fenómeno de la corrupción, en todas
sus formas y presentaciones, de manera individualizada en base a
situaciones particulares que suceden en el quehacer de la administración
pública, y que terminan por generar políticas parciales que no incluyen
la visión de las víctimas de este fenómeno.

Es importante para estudiar la corrupción, que comprendamos las
consecuencias que genera para la plena garantía de los derechos humanos
en un país. En principio pareciera no existir relación alguna, pero al
indagar que los hechos de corrupción pueden limitar el ejercicio de los
derechos, especialmente de los grupos más vulnerados y excluidos de la
sociedad, la ubicamos.

Son muchas las formas que adopta la corrupción en nuestras sociedades:
nepotismo, captura del Estado, clientelismo, tráfico de influencias,
sobornos y cualquier otra actividad que redunde en beneficios
particulares, tanto para el funcionario o funcionaria como para los
terceros involucrados y que incluye a los agentes intermediarios que
asumen responsabilidades que se configuren como prestación de servicios
para la ciudadanía.

Además de los actores susceptibles de incurrir en hecho de corrupción,
encontramos en paralelo a las personas que son afectadas por las
prácticas que ejercen los primeros. Aquí la población es mucho más
amplia e incluye a ricos y pobres, pero con un distingo muy particular,
ya que generalmente son los sectores económicamente empobrecidos los que
más dependen de los servicios prestados por el Estado y sus
intermediarios y, por ende, un hecho de corrupción les afecta más
directamente.

Un ejemplo hipotético de ello pudiese ser el derecho al acceso a la
justicia, entendido como un servicio que se presta a la sociedad. Cuando
somos vulnerados en el ejercicio de algún derecho, acudimos al sistema
de administración de justicia para reivindicar nuestros derechos como
víctimas y buscar la reparación del daño causado; pero lamentablemente
en la práctica existen trabas que dificultan este acceso: necesidad de
abogados, pago de honorarios, complejidad del sistema, apatía, entre
otros; pero si además le sumamos agentes corruptos que dirigen los
procesos aceptando dádivas o generando beneficios a alguna de las
partes, encontramos que termina siendo perjudicado quien no tiene los
recursos para adentrarse en el entramado o red de corrupción que implica.

Es por ello que las políticas públicas anticorrupción deben
transversalizar los derechos humanos, visibilizar y priorizar el combate
a los efectos que produce en los grupos vulnerables. Deben ser políticas
integrales que aborden la renovación de las estructuras del Estado, la
consolidación de sanciones ejemplarizantes para las personas corruptas,
la autorregulación y el monitoreo de los organismos autónomos y los
intermediarios, y especialmente la contraloría social como forma de
control externo que reivindica las luchas sociales desde las personas
afectadas, e implica su empoderamiento de las opciones para garantizar
el pleno ejercicio de sus derechos frente a las garantías que ofrece el
Estado.

francomontero@gmail.com

http://www.eluniversal.com/opinion/120528/corrupcion-y-derechos-humanos