Gobierno expande su aparato para lograr control productivo
La Ley de Costos y Precios Justos agiliza la transición hacia el esquema
socialista
La normativa, aprobada por la vía Habilitante, crea una superintendencia
que controlará los costos y los precios
SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
sábado 16 de julio de 2011 12:00 AM
Con la aprobación del Decreto-Ley de Costos y Precios Justos, el
Gobierno suma otro punto para el establecimiento de una economía de
planificación centralizada, en el marco de los proyectos definidos para
transitar hacia el modelo productivo socialista.
El instrumento legal, que se espera sea publicado este lunes en la
Gaceta Oficial, le pondrá un tope a los precios y a los costos en toda
la cadena de producción y, por lo tanto, limitará las ganancias de las
industrias y de los comercios.
La fijación de un techo a las utilidades surge como otro paso más en el
camino seguido por la administración del Presidente Hugo Chávez para
alcanzar el esquema izquierdista.
El exministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi (actual
presidente del Metro de Caracas), ha sido un asesor cercano al jefe de
Estado y ha definido el plan de avance en su libro "La Política
Económica Bolivariana (PEB) y los dilemas de la transición socialista en
Venezuela". En el mismo expone que la determinación de esos topes debe
acompañarse de una proporcionalidad en el margen de las ganancias entre
productores, mayoristas y comerciantes; la fijación de los precios con
base en las estructuras de costos de cada sector y una regulación
flexible de los precios que tenga en cuenta posibles cambios de la economía.
Cuando se trata de productos importados, El Troudi indica que se debe
atacar el asunto desde dos flancos. Por un lado, se debe constituir un
Sistema de Precios Referenciales de Importación y, por otro, definir un
presupuesto en divisas que se convierta en un "instrumento de
planificación de importaciones". Este último asunto debe atarse a un
Plan Nacional de Balance de Importaciones y Producción Nacional, como un
elemento de equilibrio que evite la sobreproducción y una oferta
excesiva de bienes importados que afecte la conformación de los precios.
Según señaló Chávez este jueves, cuando firmó el instrumento legal, dos
organismos se suman ahora al aparato estatal: el Sistema Nacional de
Administración de Costos y Precios y la Superintendencia Nacional de
Administración y Control de Costos y Precios Justos, ambos adscritos a
la Vicepresidencia de la República.
En 2008 el entonces Ministerio de Planificación y Desarrollo coordinó la
creación de una unidad de costos y precios, que avanzó más en la teoría
que en la práctica. En tal sentido, se adelantó la metodología para
determinar las estructuras de costos de producción y comercialización.
Los elementos tomados en cuenta para el sector agrícola y pecuario
fueron los costos de la materia prima, del transporte, de los insumos
directos, de la mano de obra directa e indirecta y los gastos
operativos. Para las industrias fueron la materia prima y otros insumos
directos, los materiales de envase o embalaje, la mano de obra directa e
indirecta y los gastos operativos.
Entre tanto, para los comerciantes mayoristas y minoristas se tomaron en
cuenta los costos del producto, los gastos operativos, administrativos y
por ventas. Para los importadores, el precio del producto en puerto de
origen, el costo del flete y el seguro, los trámites aduaneros, los
aranceles, los impuestos, la descarga de la mercancía, la caleta, el
permiso sanitario, el certificado de no producción y los demás costos
operativos del importador.
El Troudi señala en su libro que no se trata de una definición única y,
de hecho, plantea estimaciones de las estructuras de costos por etapas
de las cadenas de producción, a niveles regionales e, incluso, de
acuerdo al tamaño de cada establecimiento productivo.
Con la aprobación de la Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno
añade más elementos de control a una política que durante los últimos
ocho años ha estado regida por las regulaciones. Primero fue el control
de los precios de una cesta cada vez mayor de bienes básicos, y en 2010
se anunció que el Estado asumirá el dominio de las importaciones de
alimentos.
Ya el Primer Plan Socialista alcanza su etapa culminante, y en el
Ejecutivo llevan más de un año definiendo su continuación para el
período 2013-2019, lo que significa una etapa más avanzada en la
transición hacia el socialismo en Venezuela.
Pero aún faltan más normas para cerrar el primer ciclo. Están pendientes
el Código de Comercio, que ha estado sometido a análisis desde hace al
menos cinco años, y las leyes de Propiedad Social y la del Trabajo.
Juntas significarán otro golpe de timón hacia la izquierda en el esquema
actual.
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