El espejismo de una ley
La nueva Ley de Precios aprobada por el gobierno solo arrinconará aun
más al sector productivo de la economía y hará al país más dependientes
de las costosas importaciones
La última apuesta del presidente Hugo Chávez para frenar la inflación
mediante una controvertida ley de precios amenaza con profundizar las
distorsiones de la economía venezolana, golpeando la producción e
incrementando la dependencia de las costosas importaciones.
El grueso de la empresa privada, acosada desde hace años por una férrea
regulación, recela de la flamante Ley de Costos y Precios Justos
aprobada por decreto presidencial, que da potestad al Gobierno para
fijar bandas de precios en un amplio rango de sectores como alimentos,
salud y educación.
La ley contempla la intervención, cierre y ocupación de los negocios que
incumplan la normativa, en un país donde se han nacionalizado cientos de
empresas, desde pequeños abastos a multimillonarios proyectos petroleros.
El fondo del debate es la óptica diametralmente opuesta con la que
Gobierno y empresarios interpretan la espiral alcista de los precios y
los brotes de escasez: unos culpan a la especulación y el sabotaje
capitalista, los otros al entorno económico hiperregulado y centralista.
La nueva norma se sumará a las restricciones cambiarias y al control de
precios vigente desde el 2003 y otras muchas normativas que han llegado
a desafiar la subsistencia de muchas empresas.
Doce años de lucha contra la inflación – Aspectos de ley de precios justos
"Va a aumentar el desabastecimiento y el expendio irregular de
alimentos. En una economía inflacionaria, si no se considera la tasa de
inflación y un margen razonable de utilidad, las empresas cerrarán",
dijo Carlos Machado Alison, experto agroalimentario del instituto IESA
en Caracas.
El Gobierno confía en el músculo financiero del sector petrolero -con el
barril de crudo a un promedio de 99 dólares- para suplir con
importaciones cualquier posible escasez y asegurar el surtido de los
anaqueles de cara a los comicios del 2012, a los que Chávez espera
concurrir como candidato pese al cáncer que padece.
El mandatario, que llegó al poder en 1999, impulsa numerosas medidas
económicas y sociales para transformar al país socio de la OPEP en un
Estado socialista, con nacionalizaciones masivas, transferencia de
recursos a comunidades organizadas y controles financieros.
¿PRECIO JUSTO?
La aplicación de la norma, prevista en menos de 90 días, requiere de una
amplia plataforma tecnológica y la creación de una nueva
Superintendencia que en teoría discutirá y fijará con productores,
distribuidores, comerciantes y prestadores de servicios las estructuras
de costos y precios.
Una nueva generación de empresarios afines al proceso socialista, que se
ha beneficiado de créditos y subsidios gubernamentales, saludó la nueva
medida y creen que con este mecanismo se logrará identificar problemas y
aliviar la inquietud de los productores.
"El ejercicio de auscultar los costos permitirá descubrimientos
favorables para todo el mundo. A los que producen bienes o prestan
servicios le permitirá mostrar algunas dificultades que tienen para
producir y los costos que le genera la burocracia", dijo Miguel Pérez
Abad, presidente de Fedeindustria, asociación de industriales cercana al
Gobierno.
Pero el grueso de los industriales privados, enfrentados desde hace años
con el mandatario por prácticamente todos los aspectos de la política
económica, tiene dudas sobre cuáles serán los parámetros para fijar los
precios, ya que hasta el momento no hay un reglamento para ejecutar la
normativa.
"Si los precios que se fijaran tuvieran correspondencia con las
estructuras de costos, realmente no sería un gran problema", dijo
Antonio Pestana, vicepresidente de Fedeagro, un gremio nacional de
agricultores.
"Nosotros regularmente demostramos la estructura de costos y cuando van
a fijar el precio nunca tienen correlación con la estructura", se
lamentó el ejecutivo.
Los minoristas también están divididos. Algunos ven con temor este nuevo
control, que todavía falta por definir a qué rubros afectará
exactamente, ante la posibilidad de que más funcionarios fiscalicen sus
negocios.
Pero otros confían en que el Gobierno logrará, de una vez por todas,
abatir la especulación de los intermediarios y refrenar los precios, que
en lo que va de año se han disparado un 13 por ciento tras finalizar el
2010 en un 27,2 por ciento.
"Si (los intermediarios) nos venden caro, vendemos caro, eso no depende
de nosotros. Yo sí estoy de acuerdo, porque si bajan los precios
vendemos más", dijo Ermo Correa, dueño de una venta de hortalizas.
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=56300&secid=28
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