Presidente ataca a empresarios en busca de ganancias electorales
Cerco a sector privado golpearía financiamiento de la oposición
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
sábado 30 de julio de 2011 12:00 AM
¿Qué precio está dispuesto a pagar el presidente Hugo Chávez para
alcanzar la reelección? ¿Cómo evitará un desalojo forzoso de Miraflores?
Además del impacto económico, la Ley de Costos y Precios Justos
(aprobada vía Habilitante) y el proyecto de Ley para la Regularización y
Control de los Arrendamientos de Viviendas (que se discute en la
Asamblea Nacional) sacuden el escenario político a un año de los
comicios presidenciales.
El politólogo Herbert Koeneke advierte que con esos instrumentos legales
el Gobierno persigue mantener su apoyo popular, sobre todo, en los
sectores más pobres.
Echando mano de un "populismo exacerbado", subraya Koeneke, el jefe de
Estado trata de enviar un mensaje claro a sus simpatizantes: estamos
frenando la especulación que los oligarcas promueven.
"Además, lanza otra idea: 'aquí la revolución va pa' lante, el hecho de
que Chávez padezca una enfermedad no quiere decir que el proceso se
detiene. Vamos a desenmascarar a los productores y ustedes, pueblo,
tendrán acceso a los bienes sin especulación", sintetiza el experto en
opinión pública.
Koeneke también llama la atención sobre otro texto que impulsa el
chavismo desde el Parlamento. Lleva por nombre "Ley para Sancionar los
Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos
Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998" y ha sido tomada
como bandera por el mismísimo presidente de la AN, Fernando Soto Rojas.
Con esta iniciativa, señala el académico, el oficialismo intenta
demostrar que está "reivindicando a las víctimas del terror
cuartorepublicano".
Koeneke sostiene que en lo económico, las leyes que impone el chavismo
atentan contra el crecimiento de Venezuela; sin embargo, observa que en
el corto plazo pueden rendirle beneficios en el plano electoral.
Bajo amenaza
Apoyándose en la Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno
incrementará el cerco contra los empresarios. En esas condiciones, quien
se resbale pierde su negocio.
A falta de un sistema público, equilibrado y transparente para el
financiamiento de las campañas, a la oposición solo le queda el sector
privado como fuente de recursos, recuerda el profesor Ángel Álvarez.
"Con un sector privado disminuido, las posibilidades de que los
empresarios contribuyan con la oposición se ven severamente limitadas",
acota.
Álvarez afirma que la herramienta legal "establece mecanismos de
presión, habrá una superintendencia que visitará empresario por
empresario, y esas restricciones reducen el 'riesgo' de que apoyen una
opción distinta al Presidente".
Quizás el control no sea tan eficiente en materia económica, pero sí
podría servir para sembrar miedo entre los empresarios. "Como en el caso
de la autocensura en los medios, el empresario se inhibiría de
contribuir con la campaña para evitar las sanciones", resume el analista
político.
No obstante, Álvarez estima que Chávez está jugando con fuego. "Del
miedo a la rabia hay un paso. Esa estrategia puede conducir a que la
gente se moleste más, sobre todo por los efectos económicos de la ley:
empresarios con menos productos, importadores con menos incentivos y
escasez".
Igualmente, cree que el mandatario se equivoca con el proyecto de Ley
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.
"Solo ve un término de la ecuación, los inquilinos con vivienda
alquilada. Pero, ¿qué pasa con los nuevos inquilinos o con quienes
aspiran cambiar de vivienda?", se pregunta Álvarez, quien alerta que a
pocos meses de las elecciones "aumentan las restricciones a la libertad".
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