Superintendencia
Ley de Costos crea estructura que anula función del mercado
ROBERTO DENIZ | EL UNIVERSAL
lunes 25 de julio de 2011 12:00 AM
La Ley de Costos y Precios Justos será el punto más alto de la
intervención estatal en la economía. Ante la persistente presión de la
inflación, el Ejecutivo decidió, vía decreto, sustituir al mercado como
único fijador de precios.
La amplitud del texto legal quedó establecida en el artículo 3 del
instrumento jurídico al afirmar que serán objetos del mismo "las
personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales
o extranjeras que, con ocasión del desempeño de sus actividades dentro
del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o
presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria
que satisfaga su intercambio".
"Si no comprendemos cómo funciona la economía lo que vamos a hacer es
entorpecer aún más el funcionamiento de este ya bastante golpeado
aparato económico venezolano y golpear el bolsillo de los consumidores",
afirmó Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, una vez que el Presidente
de la República firmó la ley.
Además de ese extenso paraguas de regulación, con la ley recién
promulgada el Gobierno nacional levantará un riguroso sistema de
vigilancia y control sobre los actores privados de la economía.
El artículo 10 del texto obliga a todos los sujetos a los que "resulte
aplicable" la ley a "inscribirse y mantener sus datos actualizados en el
Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios". Tanto el
Vicepresidente de la República como los Ministerios y los entes
administrados por esos despachos podrán solicitar la inscripción en el
registro "a los efectos de la realización de determinados trámites
administrativos, o la obtención de autorizaciones o beneficios por parte
del Ejecutivo nacional".
Ese registro nacional estará a cargo de la Superintendencia Nacional de
Costos y Servicios, que según el artículo 31, tendrá entre sus funciones
fijar precios, administrar, supervisar, controlar y sancionar a quienes
incumplan la normativa. También podrá "emitir criterios" sobre la
utilización de "métodos de gastos, de utilidades" de las empresas y
"tendrá las más amplias facultades de inspección y fiscalización".
Adicional al registro y la Superintendencia, el nuevo instrumento
jurídico también crea el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios,
que estará conformado por la Superintendencia y los organismos públicos
que tienen competencia en materia de precios y por "órganos auxiliares"
como la Fuerza Armada y otros entes de seguridad nacionales, estadales o
municipales.
Control absoluto
La estructura estatal creada en la Ley de Costos y Precios Justos
anulará definitivamente la libertad que tenían algunas empresas y
sectores para determinar precios en función de sus estructuras de costos.
Una vez entre en vigencia la ley- 90 días hábiles a partir del 18 de
julio- será un regulador estatal el que sustituya la dinámica que se
produce en el mercado entre los oferentes y demandantes.
Más allá de las violaciones constitucionales que establece la propia
ley, según han advertido varios juristas, los gremios empresariales y
algunos actores económicos alertan los riesgos de moverse en una
economía estatizada.
Advierten que la imposición de controles "draconianos" en una economía
inflacionaria, como la venezolana, sólo reducirá los incentivos para
producir y abrirá las puertas de mercados paralelos o "negros" de
difícil fiscalización.
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