Cédula electrónica a la cubana
Albet, la empresa del Gobierno cubano que elabora la nueva
identificación para Venezuela, tiene acceso libre a la base de datos de
los ciudadanos, incluso a la expedición de los documentos. El contrato
tiene cláusulas de confidencialidad que impiden a los técnicos
nacionales conocer el proceso.
Una empresa cubana está en capacidd de manipular los millones de datos
que el Gobierno de Venezuela le entregó para la elaboración de las
nuevas cédulas electrónicas gracias a un convenio secreto que excluyó
del proceso la participación de técnicos venezolanos, según documentos a
los que tuvo acceso El Nacional. De acuerdo con un ex asesor del
Ministerio de Interior y Justicia, que asegura que se vio forzado a
pedir asilo en Estados Unidos por atreverse a criticar al convenio, el
Gobierno cubano podrá incluir o borrar información de las bases de datos
y hasta expedir documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de
otros países.
"Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos",dice Anthony
Daquin, ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor
del ministerio en materia de documentos electrónicos. "Los cubanos
manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre
la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip
electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip", explica el ex
asesor.
Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y
pasaportes venezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para
otros extranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo,
agrega. "A todo el que ha estado cerca del contrato de la cédula
electrónica, que lo ha objetado, lo han amenazado".
La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha de
nacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro de
información fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y
foto. También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia
médica.
La empresa cubana favorecida con el contrato de más de 170 millones de
dólares es Albet Ingeniería y Sistemas. Ante sus limitaciones operativas
y de material, la firma debió subcontratar a la multinacional Gemalto,
con sede en México. Representantes de ambas firmas se negaron a hablar
con El Nacional.
Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en
2012 con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y
controlado por el Gobierno de Cuba.
Aunque la contratista sea extranjera porque en el país no hay la
tecnología para desarrollar los proyectos, por un tema de seguridad de
los datos y hasta de nacionalismo, debe haber un grupo de personas del
país que maneje los programas", analiza Miguel Torrealba, profesor del
departamento de computación de la USB y experto en seguridad de la
información. "Hay que conocer la data y protegerla de los intereses que
puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas", añade.
El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras,
históricamente ha sido vulnerable.
El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de
colombianos que cobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula
falsificada. La policía determinó que 2 funcionarios del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, eran
cómplices.
En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces
director de la Onidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó
identificaciones venezolanas falsas. El año pasado, el organismo comenzó
un plan anticorrupción por el que ya lleva cerca de 300 funcionarios
detenidos.
Decisión binacional
En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación
tradicional a una electrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años
de retraso. Documentos alos que accedió El Nacional señalan que en la
isla se realizó la licitación para determinar qué empresas proveerían
las tarjetas de policarbonato para hacer las identificaciones; los
cubanos tienen facultades para subcontratar los bienes y servicios a
nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en los programas informáticos
que regirán el proceso de identificación y tienen garantizado el acceso
a la data.
El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, le
encomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La
Agencia Bolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el
sistema de identificación a uno electrónico formó parte de la VII
Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350
planes.
Durante la gestión de Jesse Chacón como titular del despacho de Interior
y Justicia se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación
y modernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico,
cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La
segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a
la firma cubana. En marzo de 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet
y el ministerio suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios
Tecnológicos Integrales para la Transformación y Modernización del
Sistema de Identificación, Migración y Extranjería (Fase 2), por 172,2
millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro
de las cédulas hasta el software para manejarlas.También se le asignó la
emisión de documentos en sedes consulares y misiones de Venezuela en el
exterior; el manejo de los puntos de control migratorio y la instalación
de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede del Saime en Las
Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.
Secreto
El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30
páginas de este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad
que se advierten desde el encabezado. "No más de 20 venezolanos tuvieron
acceso a este contrato. A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en
La Habana donde se hizo la licitación para comprar la cédula
electrónica", señala Daquin. Es la primera vez que conversa –desde un
lugar en Estados Unidos– sobre la información a la que tuvo acceso. "Sus
correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igual que los míos",
le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la que vive
desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque –asegura–
fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención
cubana en asuntos como la cedulación.
El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a
las instalaciones y sistemas del Saime, para los trabajos asociados a la
implementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece:
"Los originales de los códigos fuente (los que describen el
funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las
aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte
cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico".
"La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para
realizarle modificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas
desarrolladas, mientras esté vigente el contrato o el período de soporte
técnico, excepto que la parte cubana manifieste de forma expresa su
conformidad con esta acción", aclara otra cláusula.
Caro y tardío
Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio
ha resultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La
transferencia tecnológica que Albet prevé tardará 10 años en
completarse. "Otras empresas, como una china, la ofrecían en 3 años",
añade Daquin.
La cédula electrónica venezolana, además, es una de las más caras entre
los países del continente que han adquirido la tecnología de
identificación biométrica. Ecuador decidió en 2010 emplear 93,5 millones
de dólares para la modernización de su sistema de registro civil,
identificación y cedulación. En 2009, después de una licitación pública
en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional, México
otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por
51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a
Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes.
El acuerdo comercial entre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente
vigencia de un año, ha sido prorrogado consecutivamente. A finales de
2009, el proyecto debía estar en marcha, pero las autoridades
venezolanas han aplazadola fecha. Dante Rivas, director general del
Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, pero todavía no
está en ejecución.
Empleados públicos advierten que dentro de las instituciones es difícil
cuestionar el papel de los antillanos. "Creen que estás contra ellos y
no comprenden que el hecho de que los cubanos subcontraten los
desarrollos de software hace que al final Venezuela paguemás por los
proyectos", dice un programador de Cantv que solicita no ser identificado.
"Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le paga
directamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano.
Terminamos peor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica",
señalan desde las oficinas públicas.
Licitación antillana
Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni
el software para introducir la información en los chipsy manejar el
sistema, por lo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.
Daquin muestra una comunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a
compañías transnacionales dedicadas a producir sistemas de
identificación. La firma las invitaba a participar en "la licitación
para el suministro de 6 millones de cédulas electrónicas" del proyecto
que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdo con el cronograma, el
contrato debía firmarse en junio de ese año y el lote completo de
cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira
o en el aeropuerto de Maiquetía.
Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de
la propuesta técnica y económica. Al final de lamisiva, Albet adjuntó
un mapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde se
encontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las
empresas Iris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela,
con representación de una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania;
Sagem, de Francia, y Gemalto, cuya casa matriz está en Holanda.
Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en la
licitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde
y cuándo se hizo. En los registros venezolanos no aparece ningún llamado
a licitación para esta contratación en los últimos cuatro años. "La
Onidex (actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para
buscar los mejores proveedores del servicio de impresión de documentos
electrónicos, medianteel correspondiente proceso de licitación conjunta
con Cuba", declaró el 13 de febrero de 2008 a la Agencia Bolivariana de
Noticias José Javier Morales, entonces director de Identificación y
Extranjería.
Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en la
proveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La
multinacional maneja 30% del mercado mundial de sistemas de
identificación y, por ejemplo, elabora el pasaporte electrónico para
Estados Unidos. En Venezuela, trabaja para la banca en su migración a
tarjetas de débito y crédito con tecnología de chip.
Daquin trabajó para la rama de proyectos gubernamentales de Gemalto en
América Latina. Asegura que ésta fue la única empresa que aceptó las
condiciones de los cubanos en lacontratación. "La oferta de los chinos
era mejor, pero ellos están acostumbrados a hacer negociaciones de
Estado a Estado y no aceptaron la intermediación de Cuba", asegura.
Representantes de la empresa china declinaron dar detalles sobre su
participación.
"Cliente final"
El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está
fechado en La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al
Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como el "cliente final",
el que usará los bienes y servicios transados. Lo suscribieron Antonio
Romillo Tarke, director general de Albet, y dos representantes legales
de la filial de Gemalto en México. El objeto era suministrar 6 millones
de tarjetas de policarbonato con chip; desarrollar las aplicaciones
informáticas relacionadas con la seguridad de los datos en las tarjetas;
diseñar e instalar un laboratorio para probar las tarjetas y el
software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como en
Venezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet
como al cliente final.
El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas
para cumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto.
"Debiendo dictar de común acuerdo los lineamientos bajo los cuales
podrán ser utilizados por el cliente final", aclaran. Ex trabajadores
del Saime, que piden no revelar sus nombres por temor a represalias,
afirman que cada vez que Venezuela necesite ajustar el software
o renovarlo tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsos
nuevamente.
En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generó
problemas. Los extrabajadores de la institución señalan que, cuando
presentaron sus observaciones sobre las desventajas de esta
contratación, fueron removidos de sus puestos. "Se hizo una reunión con
la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que
la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la
información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas
que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos,
los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar
programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los
cubanos no les gustó y nos botaron a todos", relató uno de ellos.
En Aporrealos.com, la página de foros del portal oficialista
Aporrea.org, en la que seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones,
quejas y denuncias, se habla de un incidente en el que se desmanteló, en
el último trimestre de 2010, la Dirección de Tecnología de Información
del Saime. Unos advierten que los funcionarios salieron bajo coacción
por sus denuncias sobre la intervención cubana en el proyecto de la
nueva cédula electrónica. Otros señalan que el grupo fue destituido por
supuestas prácticas corruptas.
El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el
Saime en octubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para
proveer los programas informáticos que controlarán la cédula
electrónica. En la comunicación, la Dirección de Tecnología de
Información del organismo analiza las leyes que obligan a los organismos
públicos a utilizar software libre, algo que no establecen los
contratos firmados con Albet.
Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los
que no se requiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la
tecnología y les dejara a los venezolanos el control de los códigos
fuente, que permiten ajustar el software para el manejo de la cédula.
"Con un proyecto que cumpla esta normativa, (…) el Saime estará
garantizando la operatividad soberana", concluyeron Evaluaron ofertas de
la Fundación Instituto de Ingeniería (ente público en el que cooperan el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Simón Bolívar) y la
empresa española Realsec. Pese a lo expuesto en ese punto de cuenta, las
contrataciones no se concretaron y Albet continúa ejecutando el proyecto.
"¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas
de la sede del Saime y sólo pueden entrar cubanos?", se pregunta Daquin.
Ni el Saime ni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las
solicitudes de entrevista para darle respuesta a esta interrogante.
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