La Justicia cubazolana

La Justicia cubazolana
Román José Sandia
Sábado, 19 de mayo de 2012

¿Alguien conoce de alguna contribución al Derecho de un jurista cubano
en los últimos cincuenta años? ¿Alguien sabe de un juicio en Cuba en el
que un ciudadano común le haya ganado al Estado o a un miembro del
Comité Central del Partido Comunista? ¿Sinceramente creían Aponte Aponte
y Velásquez Alvaray que podrían actuar alguna vez con independencia en
un sistema cubazolano?

Para los historiadores que dentro de unos años se dediquen a hurgar en
las cualidades de la Justicia de la llamada revolución bolivariana, las
confesiones de los magistrados chavistas Eladio Aponte Aponte y Luis
Velásquez Alvaray serán la prueba documental estrella para estudiarla y
definirla. "A confesión de parte, relevo de pruebas", el adagio tan
citado en el foro será el colofón de cada referencia a esas
sustanciosas y escandalosas confesiones.

Nunca antes (incluyendo el período democrático 1958-1998) juez alguno
llegó a confesar tales tropelías e indignidades para caracterizar su
función en el sistema judicial. Jamás en la historia venezolana se llegó
a tal nivel de desprecio por los valores de la imparcialidad, la
independencia, y la honestidad. Las entrevistas televisivas de los
hasta ayer seguidores del socialismo del siglo XXI revelaron que ningún
derecho humano es respetado por el actual sistema de Justicia si su
observancia entra en contradicción con los intereses de la revolución
chavista.

Pueden acusar a estos funcionarios arrepentidos de cualquier delito y,
de hecho, ellos han confesado algunos, pero tal cosa no invalida sus
testimonios. El delincuente más peligroso e inmoral puede decir la
verdad. Y en el caso de Aponte y Velásquez, miembros hasta antier del
cimero tribunal de la República, lo que menos se puede hacer es
investigar si lo que han dicho es cierto o no. De nada vale rasgarse
las vestiduras pidiendo su extradición o evadir las responsabilidades
constitucionales y no acometer lo procedente: investigar lo que estos ex
camaradas revolucionarios han puesto en el centro del debate.

Han hablado de cómo el Estado venezolano ha sido colonizado por carteles
del narcotráfico. Han dado nombres de generales y otros oficiales
militares cómplices de tal delito y los han señalado por el asesinato de
un ex gobernador de estado y un general. Aponte, para entonces fiscal
militar, ha confesado que el caso de los supuestos paramilitares
detenidos en 2004 fue un burdo montaje del desgobierno chavista.

Velásquez Alvaray ha acusado a José Vicente Rangel de estar detrás del
asesinato del fiscal de la maquinita de contar billetes, Danilo
Anderson, y de ser jefe de una banda que extorsiona y cuadra sentencias
judiciales. Aponte ha confesado cómo, a instancias de ordenanzas de la
Presidencia y de otros altos cargos, liberó a un militar atrapado en un
delito de narcotráfico. Ambos confesaron haber recibido órdenes para
preparar y coordinar sentencias que perjudicaran a ciudadanos por
razones políticas.

Ambos admitieron haber asistido a reuniones semanales donde el poder
Ejecutivo ordenaba qué decisiones tomar al poder Judicial en ciertos
casos. Aponte dijo que nada se mueve en los tribunales sin tener la
bendición de Chávez. Dio detalles de cómo funciona la teoría de "un solo
poder" que esbozara hace tiempo la presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia, Luisa Estela Morales.

Si Hugo Chávez al inicio de su administración se arrogó, mediante carta
a la presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, la dirección
exclusiva del Estado, gracias a las confesiones de los magistrados
chavistas sabemos que también dirige personalmente los destinos del
sistema judicial. Por ello, no ha habido ninguna decisión que lo
perjudique ni que corrija ninguna de las barrabasadas por él cometidas.
Al contrario, el TSJ, lo insta oficialmente a demandar a quienes se han
atrevido a denunciarlo.

La explicación última de tal actuación de los jueces rojo-rojitos está
en querer imitar a la Justicia de la dictadura fraternal cubana. Cuando
los principios y las leyes democráticas se ponen al servicio de una
revolución, es decir al servicio del jefe y su grupo en el poder, la
consecuencia inmediata es que toda decisión sea tomada para acrecentar
ese poder y desconocer los derechos de quienes no están de acuerdo con
el caudillo.

¿Alguien conoce de alguna contribución al Derecho de un jurista cubano
en los últimos cincuenta años? ¿Alguien sabe de un juicio en Cuba en el
que un ciudadano común le haya ganado al Estado o a un miembro del
Comité Central del Partido Comunista? ¿Sinceramente creían Aponte Aponte
y Velásquez Alvaray que podrían actuar alguna vez con independencia en
un sistema cubazolano?

rjsandia@hotmail.com

http://www.analitica.com/va/politica/opinion/3516097.asp