Fernando Luis Egaña
Sábado, 7 de abril de 2012
La aspiración de un entorno libre, dinámico y democrático en el campo de
los medios de comunicación y de la opinión pública de los países
latinoamericanos, está confrontando una amenaza general y en algunos
casos una barrera particular, con la llamada estrategia de "hegemonía
comunicacional" que promueven los regímenes autoritarios que imperan en
Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador. Y ni hablar de Cuba, porque
allí el objetivo no es establecer una hegemonía sino mantener un control
totalitario, es decir monopólico de la comunicación.
Pero la "hegemonía comunicacional" es otra especie. Los Estados que la
instigan no buscan establecer un monopolio mediático que suponga la
extinción de cualquier tipo de medio independiente. No. Eso sería
contrario al objetivo de preservar las apariencias democráticas, por una
parte; y también muy arduo de imponer en sociedades que ya han conocido
la libertad de prensa, por otra. El objetivo es configurar un sistema
donde el régimen oficial tenga la primacía comunicacional, no la
exclusividad. Se permite y hasta se favorece un espacio de medios
autónomos, pero siempre y cuando éstos no pongan en riesgo el propósito
de dominio hegemónico y continuista.
La referida hegemonía, así mismo, no se decreta de la noche a la mañana,
sino que va desplegándose poco a poco, en la medida que una laxa
aceptabilidad y un temor en aumento lo van permitiendo. Varios son los
instrumentos de que se vale la referida hegemonía comunicacional: el
primero es la multiplicación de los medios de comunicación del Estado
proselitista, esto es el desarrollo de una poderosa plataforma mediática
oficial al servicio único de la propaganda. Y al respecto hay que sumar
a otros medios que no son estrictamente de propiedad estatal pero sí de
subordinación ideológica, verbigracia los medios comunitarios
desfigurados, sobre todo en el espectro radioeléctrico.
Otra herramienta para la hegemonía es el repertorio de regulaciones para
magnificar el poder del Estado sobre los medios y estimular la
autocensura. En ese repertorio se incluye, claro está, la complicidad de
la judicatura para la tarea de intimidación y, de ser necesario, condena
judicial. Los códigos penales también son "reformados" para reforzar las
"normas de desacato" o aquellas que consagran fueros especiales a los
funcionarios públicos en relación con la crítica social. La autocensura,
entonces, se convierte en práctica común y con ella se dificulta aún más
el libre ejercicio de los derechos informativos.
Y no podía faltar en la lista de mecanismos pro-hegemónicos, la
maquinaria de propaganda estatal o más bien partisano- ideológica,
financiada con los impuestos de todos los ciudadanos, estén o no de
acuerdo con la orientación política de la propaganda. Esa maquinaria
incluye las transmisiones obligatorias de cadenas y cuñas en radio y
televisión, la profusión de afiches, vallas y gigantografías por
doquier, el avasallamiento publicitario en los recintos públicos y la
obvia destinación de caudalosas partidas presupuestarias a esos fines.
El culto a la personalidad del líder, no faltaba más, suele ser un
fundamento de la propaganda, así como también la descalificación de la
crítica y los críticos.
La hegemonía comunicacional, repito, en algunos países de la región es
una peligrosa amenaza pero en otros es el factor dominante del entorno
mediático. Cierto que la innovación y masificación tecnológica no
facilita sino encarece el proceso de dominación informativa, pero no lo
es menos que la hegemonía comunicacional es una pieza dentro de un
engranaje general de control político, económico, social y cultural de
la sociedad. Subestimar sus alcances es un error que se puede pagar con
la pérdida progresiva de la libertad.
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