Trabajadores eléctricos exigen control financiero de Corpoelec
Realizan mesas de trabajo con el Ejecutivo para definir estrategias
Los empleados eléctricos suspendieron temporalmente la marcha nacional, 
prevista el 22 de este mes, a la espera de los acuerdos con Corpoelec 
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YANETH FERNÁNDEZ |  EL UNIVERSAL
domingo 4 de septiembre de 2011  12:00 AM
A lo largo de la crisis eléctrica que ha enfrentado el país, el papel de 
los trabajadores de este sector ha sido fundamental. Sin embargo, no ha 
sido así en la administración de los recursos económicos, participación 
que está contemplada en el Reglamento de Implantación y Funcionamiento 
de Consejos de Gestión Socialista de los Trabajadores de Corpoelec.
Una de las bases conceptuales del instrumento les confiere el derecho de 
elaborar presupuestos y priorizar la asignación de los recursos, no 
obstante, "el área financiera y de recursos humanos aún permanece en 
manos de un pequeño grupo del Ministerio de Energía Eléctrica, que busca 
frenar el avance de los trabajadores", según asegura Edgar Bracho, 
secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria 
Eléctrica (Fetraelec).
Desde la semana pasada, los sindicatos adscritos a este organismo 
emprendieron una jornada de protestas para reclamar, entre otros 
aspectos, el control financiero de Corporación Eléctrica Nacional.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Eléctrica del estado Aragua, Freddy García, destaca que el control de 
los obreros sobre la empresa es la posibilidad de tomar decisiones, por 
lo cual no pueden existir límites. Argumenta que el Presidente Hugo 
Chávez ha destinado recursos económicos, pero ha habido una falta de las 
autoridades en la distribución de los mismos, para garantizar la calidad 
de servicio eléctrico que los venezolanos merecen.
"40% de la recaudación de Corpoelec se logró gracias al esfuerzo de los 
trabajadores, quienes se organizaron, aportaron ideas. Establecimos el 
esfuerzo para realizar el trabajo, por ello queremos decir hacia dónde 
deben ir dirigidos los recursos", sostiene García.
En mesas de trabajos
El jueves se instalaron las primeras mesas de trabajo entre 
representantes de Fetraelec y el canciller Nicolás Maduros, los 
ministros de Trabajo, María Cristina Iglesias, y de Energía Eléctrica, 
Alí Rodríguez Araque, así como el viceministro de ese despacho, Argenis 
Chávez, para establecer las prioridades de pago.
El primer condicionante fue solicitar la salida de la directora de 
Talento Humano de Corpoelec, Iraida Alfonzo, por considerar que su 
conducta ha sido ajena a los intereses de la clase trabajadora.
Según relata el secretario Ejecutivo de Fetraelec, Alfonzo además en su 
condición de consultora jurídica de Corpoelec ha solicitado a la 
Asamblea Nacional la modificación de la convención colectiva y de la ley 
que permite a los trabajadores agruparse en organizaciones sindicales 
dentro del sector eléctrico.
Los 43 mil trabajadores eléctricos, amparados en la contratación 
colectiva, requieren además el cumplimiento de 23 cláusulas de la 
contratación colectiva, que tienen que ver con la aplicación de 
servicios de hospitalización y cirugía, suministro de medicinas, 
asistencia médica interna, el pago de prestaciones sociales, caja de 
ahorro y fideicomiso, pago de bono de 8% por desempeño y 33% de 
incremento salarial, dotación de uniformes e insumos para atender las 
emergencias.
Las mesas de trabajo se mantendrán durante esta próxima semana. Mientras 
están paralizadas las acciones de protesta y la convocatoria de una 
concentración nacional en Caracas, prevista para el 22 de septiembre.
"El interés es conciliar, pero estaremos atentos a cualquier llamado de 
Fetraelec. Todo va a depender de la forma y seriedad con que se aborden 
los problemas", expresó García.
El presidente Hugo Chávez Frías esta semana aprobó 1,4 millardos de 
bolívares para cubrir insuficiencias presupuestarias del Ministerio de 
Energía Eléctrica y de Corpoelec, a los efectos de cumplir con los 
costos directos de la convención colectiva, retenciones legales y 
compromisos derivados de la legislación laboral. De esa cantidad, la 
Asamblea Nacional autorizó Bs 432 millones por medio de un crédito 
adicional.
 
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