Vladimir Villegas
Miércoles, 4 de abril de 2012
Acusa a la oposición de estimular la violencia y militantes del PSUV
atacaron impunemente la movilización que Henrique Capriles encabezaba en
Cotiza, e incluso agredieron a la periodista Sasha Ackermann, le
quitaron la cámara al equipo de prensa de Globovisión.
El Gobierno quiere una campaña electoral marcada por la camorra, y por
eso su lenguaje pretende retrotraernos a los momentos de mayor
polarización y confrontación política que se vivieron a comienzos de
este siglo, y que ciertamente forman parte del aprendizaje de una
oposición unida pero diversa, que transita el camino de la participación
democrática sin detenerse en fantasmas del pasado ni en provocaciones
del presente.
La película que el Gobierno está contando sobre la oposición es su
propia realidad. Dirían los especialistas en materia conductual que se
está proyectando en los demás.
Acusa a la oposición de estimular la violencia y militantes del PSUV
atacaron impunemente la movilización que Henrique Capriles encabezaba en
Cotiza, e incluso agredieron a la periodista Sasha Ackermann, le
quitaron la cámara al equipo de prensa de Globovisión y luego montaron
una enorme "magefesa" para atribuir a Richard Mardo una supuesta golpiza
a una periodista de un medio oficial. Dicen los voceros pesuvistas que
la oposición está evaluando sustituir a Capriles como candidato cuando
los principales dirigentes rojos rojitos andan "pescueceando" a ver
quién acumula más puntos como eventual sucesor del Presidente, en caso
de que éste, por su situación de salud, no pueda ser candidato.
Otro ejemplo de cómo andan las cosas en Venezuela es la actitud de la
Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Se escandalizan
cuando surgen denuncias sobre contaminación de las aguas en varios
estados del país y por eso imponen de hecho la censura previa al exigir
la presentación de informes técnicos que acompañen la difusión de
situaciones como las que se han presentado en Monagas y Carabobo.
Pero nada dicen, ni siquiera en forma de susurro, sobre las afirmaciones
del propio presidente Hugo Chávez en torno a un supuesto atentado contra
Capriles, del cual, hasta ahora, no se conocen pruebas o siquiera
elementos que le den veracidad a esa denuncia. Entonces el Presidente,
que debería ser el primero en cumplir con lo que se les exige a los
comunes mortales de este país, anuncia supuestos atentados, denuncia
conspiraciones que huelen a bisutería electoral y no pasa nada. No hay
fiscalía o tribunal que exija pruebas. La sola acusación sobre una
presunta conspiración es suficiente para que de ahí en adelante se
incremente el lenguaje agresivo del PSUV, su candidato y sus dirigentes
contra Capriles y se pretenda criminalizar, incluso, a quienes apoyen
con mucho o con poco su candidatura.
Ese tipo de maniobras busca, sin duda, enrarecer el ambiente para
estimular en las filas rojas rojitas la recuperación de su quebradiza
unidad, amenazada por la sorda lucha entre los delfines colorados e,
incluso, atraer nuevamente con argumentos de laboratorio comunicacional
a quienes se han alejado por el incumplimiento reiterado de las promesas
formuladas una y otra vez.
Pero también buscan sembrar el miedo en la población que ya acompaña a
Capriles y generar la convicción de que el Gobierno hará uso de su poder
sin más límites que el de su imaginación. Incluso contra quienes se les
rebelen en sus propias filas, como está pasando con el "Gato" Briceño en
Monagas.
Mientras está en marcha otra película del miedo, Capriles sigue
recorriendo el país, sin pisar conchas de mango ni conchas de bala, más
metido que nunca en la campaña electoral y poco dispuesto a distraer su
atención de la verdadera confrontación que se dará el 7 de octubre,
entre un presente que ya huele a pasado, y que sólo ofrece miedo,
división y autoritarismo, y el progresismo, es decir, cambio con
justicia social, con diversidad y con la Constitución en la mano.
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