Los venezolanos se niegan a dar datos a los empleados del padrón por
temor a que el Gobierno los use en su contra
MAYE PRIMERA - Caracas - 06/09/2011
Un hombre de unos 50 años abre la puerta de su casa en el barrio de
clase alta de Prados del Este, en Caracas. "Fuera de aquí. El Gobierno
ya me ha jodido dos veces y no pienso darle más información para que me
vuelva a joder". Luego desaparece y le cierra la puerta a Jesús,uno de
los encargados de realizar el censo nacional.
Desde que comenzó el recuento, el pasado jueves, Jesús ha recibido
respuestas similares. El empleado marca en su base de datos la opción:
esta familia "se negó a brindar información". De las 15 casas que le
correspondía censar durante el día, solo le han recibido en una.
Tienen miedo a responder. Tras la ola de expropiaciones de los últimos
años y tras la amarga experiencia con la Lista de Tascón (nombre popular
que se le dio en 2003 a la base de datos de solicitantes de un referendo
revocatorio contra Chávez, que fue usada luego para purgar la
Administración Pública de opositores), un amplio sector de los
venezolanos cree que la información del censo podría utilizarse como
represalia.
"¿Para qué necesita saber el Gobierno cuántos cuartos utilizan las
personas de este hogar para dormir?", se queja Rosa García, una señora
de unos 60 años que vive en una urbanización de clase media del este de
Caracas. "Quieren saberlo para llenarte los cuartos vacíos de gente,
como en Cuba, o para expropiarte la casa".
Hay otras tres preguntas del censo que, aunque se corresponden con los
estándares internacionales para medir factores como el hacinamiento o el
ingreso promedio de la población, son vistas con suspicacia bajo las
circunstancias políticas actuales de Venezuela.
Organizaciones como el partido socialcristiano Copei creen que el hecho
de que se le pregunte a los venezolanos su nombre y apellido, el nombre
de la empresa para la cual trabaja y su ingreso mensual exacto, revela
que la medición tiene un objetivo ideológico.
Otros representantes de la oposición al Gobierno de Hugo Chávez, como el
gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, han
intentado cortarle el paso a las críticas siendo ellos mismos los
primeros en ser censados.
El director del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, ha
hecho un llamamiento a la calma y ha dicho que ningún venezolano está
obligado a responder lo que no quiera. A pesar de la resistencia de
algunos, confía en que el proceso tendrá éxito.
"En cuatro días hemos censado más de 160.000 hogares y el rechazo que ha
habido ha sido del 0,2%. Eso es totalmente normal dentro de cualquier
investigación. La gente sentirá más confianza cuando vea que las
preguntas son las mismas de los censos anteriores y que la información
que suministra queda encriptada", comenta Eljuri a este diario.
Durante la hora que dura la entrevista sobre las condiciones de vida
familiar de seis personas, Pedro Gutiérrez, de 54 años, espera las
polémicas preguntas. Estas nunca llegan. "La información que me han
solicitado está correcta. Pero con la política que lleva este Gobierno a
cualquiera le da miedo el censo. Yo, lo que no me convenga, no lo
contesto", dice Gutiérrez.
Los que se llevan la peor parte son los empleados del censo. A Brienza,
una chica de 25 años, sin empleo y graduada como técnico superior en
informática, la echaron el viernes de una casa con un perro pitbull. La
joven apuntó en el dispositivo electrónico que utilizan para almacenar
las encuestas la siguiente frase: "Finalizó la entrevista por problemas
de seguridad".
Su salario es de 10,75 bolívares fuertes (2,5 dólares) por cada encuesta
realizada. Ellos mismos costean los gastos de transporte y alimentación,
y están obligados a hacer hasta tres intentos en los hogares donde no
consigan a alguien que les responda.
El censo nacional se lleva a cabo en Venezuela cada diez años y de sus
resultados depende, entre otras cosas, el reparto de dinero entre las
regiones, el diseño de las políticas públicas y la conformación de las
circunscripciones electorales.
Un resultado positivo contribuiría a evitar, por ejemplo, lo que ocurrió
en las elecciones parlamentarias de 2010. En aquella ocasión, la
oposición, a pesar de contar con más votos nominales a su favor, obtuvo
menos escaños en la conformación final de la Asamblea Nacional. Esta vez
el proceso tendrá una duración de tres meses y culminará el 30 de
noviembre próximo.
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