La inflación en lo más alto desde 1996 tras once años de controles

La inflación en lo más alto desde 1996 tras once años de controles
El país repite la experiencia sufrida durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
lunes 10 de febrero de 2014 12:00 AM

El 11 de febrero de 2003, hace once años, el entonces Presidente Hugo
Chávez publicó el decreto de control de precios, medida que pareció
lógica en medio del paro empresarial, pero en realidad como admitió
luego, se trataba "de una estrategia de intervención del Estado en la
economía, uno de los elementos que conforman la transición hacia el
socialismo".

No obstante, la estrategia de acabar con la "especulación de los
empresarios" entregando a dos ministerios el poder de fijar el precio de
venta de alimentos, medicinas, pañales, jabones y en general de todos
los productos esenciales para la calidad de vida, registra un récord muy
negativo.

A pesar de la regulación Venezuela, al cierre de 2013, sufre la mayor
inflación de América Latina, una de las más altas del mundo y el salto
de los precios es el más pronunciado desde 1996.

De hecho, la inflación de 56,2% al cierre del pasado año es la cuarta
más elevada desde 1950, solo superada por la del período 1994-1996,
cuando la crisis financiera azotó al gobierno de Rafael Caldera y la de
1989, cuando Carlos Andrés Pérez aplicó un severo ajuste tras una masiva
pérdida de reservas internacionales.

El fracaso no debería causar sorpresas. Durante el Gobierno de Jaime
Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987, en
plena aplicación del control de precios y con un agresivo plan de multas
y cierres a los "especuladores".

La conclusión de estudios académicos como el de los economistas Robert
Schuettinger y Eamon Butler es que si bien los controles de precios han
tenido efecto positivo por un corto período de tiempo, en el largo plazo
siempre fracasan, porque no combaten la causa real de la inflación: el
incremento de la cantidad de dinero por encima de la productividad.

La enfermedad

La economía venezolana se encuentra inmersa en un desajuste donde el
acelerador de la demanda está hundido a fondo mientras que la oferta
tiene todos los frenos posibles.

Como el gasto del Gobierno supera al ingreso que recibe por las
exportaciones petroleras y la recaudación de impuestos, el Banco Central
imprime billetes que entrega a Pdvsa y cuando son utilizados para
pagarle a contratistas o mantener las misiones, entran a la economía y
en poco tiempo aumentan la demanda.

Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas,
elaboró una investigación donde precisa el peso que ha tenido el
señoreaje, como técnicamente se conoce al ingreso que percibe el
Gobierno, a través del Banco Central, al imprimir dinero.

La investigación precisa que en el período 2006-2012 los ingresos por
señoreaje equivalen a casi el doble de los ingresos tributarios
petroleros, exceden en 40% los aportes del impuesto sobre la renta de
personas naturales y jurídicas no petroleras, representan casi 75% de lo
generado por el IVA y más que triplican lo recaudado por impuesto sobre
las importaciones.

Además la demanda recibe un impulso extra. Las tasas de interés se
encuentran sumamente bajas, a fin de que el Gobierno pueda endeudarse a
bajo costo, y los venezolanos no tienen ningún incentivo para el ahorro.

En el lado de la oferta la producción de las empresas estatizadas cae,
el recorte de divisas para el sector privado se traduce en falta de
materias primas, la inversión extranjera es mínima y los controles de
precios impiden, en casos relevantes, cubrir los costos.

Al mismo tiempo la devaluación de la moneda, en el mercado oficial y el
paralelo, incrementa el precio de los productos importados.

El control ha puesto en marcha un ciclo donde el Gobierno debe escoger
entre escasez o aumentos de precios.

Para evitar la inflación el Ejecutivo no permite incrementos, entonces,
cuando las empresas no pueden cubrir los costos dejan de producir y los
consumidores no encuentran los productos en los mercados, forzando a los
ministros a aceptar el alza de los precios.

El recontrol

La lectura del Gobierno es que el control de precios ha fracasado por la
falta de leyes y poca eficacia de las instituciones que lo aplican.

En 2010 se inició la promulgación de leyes que contemplan delitos como
acaparamiento, usura, especulación y penas cada vez más severas.

El 24 de enero de este año apareció en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de
Precios Justos, que deroga y fusiona aspectos contenidos en la Ley para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la
Ley de Costos y Precios Justos, promulgada el 18 de julio de 2011.

Además el Gobierno comenzó a regular los beneficios de las empresas
emitiendo una ley que permite una ganancia máxima de 30%.

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha pedido a los
empresarios que se autoregulen y anunció que hoy comenzará un período de
fiscalizaciones para obligar a respetar "los precios justos" y el techo
impuesto a la ganancia.

vsalmeron@eluniversal.com

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