Corromper… ¿para combatir la corrupción!

Corromper… ¿para combatir la corrupción!
Jueves, Octubre 24, 2013 | Por René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -El gobierno que encabeza en
Venezuela el ex guagüero Nicolás Maduro está empeñado en promulgar una
ley habilitante que le permita regular por decreto, sin intervención
parlamentaria, todo lo relacionado con la corrupción y con lo que la
propaganda oficialista denomina "guerra económica de la derecha
fascista" contra el régimen.

El heredero de Chávez se presentó en la Asamblea Nacional para solicitar
personalmente la aprobación de la medida. El complaciente órgano
legislativo, en el que el gobernante Partido Socialista Unido tiene
mayoría absoluta, constituyó de inmediato una comisión integrada por
elementos incondicionales al régimen.

Este martes, el diario Granma publicó un artículo de la colega Laura
Bécquer, bajo el título "¿Por qué es necesaria una Ley Habilitante en
Venezuela?". En ese trabajo, junto a los enfoques complacientes que
cabía esperar, no dejan de hacerse —aunque en forma vergonzante— algunos
señalamientos críticos.

El texto comienza por un reconocimiento destacable: "El problema de la
corrupción en Venezuela… no conoce de colores políticos". Notable
eufemismo para decir que también en las filas chavistas impera ese mal.
Lo que se calla es que, por ser estas fuerzas las que ha detentado el
poder durante quince años, son justamente ellas mismas las responsables
de los más escandalosos y colosales desfalcos.

La periodista Bécquer atribuye a Maduro el propósito de "arrancar de
raíz ese mal social" y cita sus palabras sobre que él necesita los
poderes solicitados "para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo
por una nueva ética política, por una nueva vida republicana y por una
nueva sociedad".

La escribidora castrista, para fundamentar la supuesta imparcialidad del
gobernante, cita el caso del alcalde de Valencia, el chavista Edgardo
Parra, cuyo desenfreno en el mangoneo de los dineros públicos llegó a
tales extremos, que "está siendo investigado".

Igual que una golondrina no hace verano, tampoco las desventuras del
corrupto intendente progobiernista demuestran la existencia de una
actitud justiciera entre los jerarcas venezolanos. Como en la fábula de
los animales víctimas de la peste, cualquier pecadillo de un opositor es
magnificado hasta el absurdo, mientras que los miles de millones
malversados por los chavistas son mirados con la mayor benevolencia.

Pero no es esa la moraleja del caso Parra. Lo importante del affaire es
que él demuestra que los mecanismos para luchar contra la corrupción ya
existen. En Venezuela, como en cualquier otro país civilizado, hay
normas que sancionan el peculado. Sólo hace falta aplicarlas con
decisión a todos los infractores. O sea: que no se necesita la ley
habilitante. Es justamente eso lo que plantean destacados opositores.

El segundo pretexto esgrimido por los chavistas (el del enfrentamiento a
"la guerra económica desatada por los empresarios derechistas") carece
también de fundamento. Como sabe quienquiera que haya sufrido las
calamidades del socialismo —del siglo XX o del XXI—, es el sistema mismo
el que, con sus medidas arbitrarias y su persecución contra el
empresariado, provoca el desabastecimiento.

Es natural que los inversores, si se les obliga a aceptar precios
irreales, se les recortan de manera infundada sus ingresos o se les
amenaza con expropiarlos, eviten arriesgar sus capitales y procuren
buscar entornos menos hostiles a la inversión privada. Esto, que los
cubanos hemos aprendido en nuestros magullados pellejos durante medio
siglo de castrismo, constituye algo no tan obvio para los venezolanos,
muchos de los cuales todavía van cuando ya hace años que nosotros
estamos de regreso.

El propósito de adoptar una ley habilitante en ese terreno sólo
constituye una amenaza más, un preludio de futuros despojos y de nuevas
arbitrariedades del régimen. Por supuesto que lo razonable es presumir
que, con esos tremebundos anuncios, lo único que logre Maduro sea
agudizar la carestía y alargar las colas de irritados consumidores.

El asunto presenta un aspecto procesal que Doña Laura no aborda por lo
claro: Para aprobar la Ley Habilitante se requieren los votos de 99
diputados, pero la bancada gubernamental sólo cuenta con 98. El
legislador adicional puede salir únicamente de las filas opositoras.
Como las razones esgrimidas para fundamentar esa disposición son
insostenibles, al gobierno le queda un solo argumento: comprar ese
codiciado voto faltante.

Si encontraran a un deshonesto que se preste a semejante traición, la
"lucha frontal contra la corrupción en Venezuela" habría tenido un
comienzo originalísimo: un acto desvergonzado de cohecho. Del mismo modo
que los leninistas acostumbran a "luchar por la paz" (algo equivalente a
fornicar por la continencia), así también Maduro y sus acólitos, en el
paroxismo de la desfachatez, se aprestan a corromper a algún diputado
opositor… ¡para poder luchar contra la corrupción!

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