¿Por qué la violencia se instaló en Venezuela?
El Gobierno ha intentado, sin éxito, combatir la delincuencia con
distintos planes y proyectos: Dibise, Ruta Segura y Policía Nacional,
entre otros
Las estadísticas de los últimos años convirtieron a Venezuela en el país
que reporta la mayor tasa de asesinatos en América Latina: 58 homicidios
por cada 100.000 habitantes. Esto sin contar el incremento de otros
delitos como secuestro, robo y hurto de vehículos, y tráfico de drogas,
además del récord de 563 muertes por asesinato que se registró en agosto.
El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano
de Violencia, y el psicólogo y criminólogo Omar Arenas Candelo
enumeraron algunas de las causas por las que han aumentado los niveles
de violencia en el país durante los últimos años.
Al mismo tiempo se destacan los intentos del Gobierno por atender el
problema, sin mucho éxito. Ninguno de los planes o iniciativas
emprendidas por el Ejecutivo ha sido eficaz para solucionar el drama de
la violencia, ni mucho menos para contener el incremento de los índices
delictivos que se disparan año tras año.
Las causas
El elogio de la violencia y de figuras violentas por parte de las
autoridades gubernamentales.
La impunidad.
La desmoralización y desarme de los policías regionales y municipales.
La desconfianza de la población hacia los funcionarios.
Los mensajes erróneos que desde los Poderes Públicos se le dan a la
ciudadanía en relación con la justicia: por un lado, se anuncia que se
liberarán a los reclusos que tengan retardo procesal y, por otro, se
promueve la idea de que no todas las personas que cometan delitos irán a
la cárcel.
El descontrol absoluto con las armas de fuego por parte del Estado.
El incremento del microtráfico de droga. Parte de los
estupefacientes que sale de Venezuela hacia otros países se queda en las
zonas populares.
Aplicación de las leyes bajo criterios políticos.
No se hace labor de inteligencia para perseguir a los delincuentes.
Las reformas realizadas al Código Penal han estado orientadas hacia
la proteccióndel Gobierno y sus funcionarios, no para proteger al
ciudadano con sanciones más severas.
La violencia, como patrón de conducta, que se repite en el entorno
de quienes se convierten en delincuentes.
No existe un equilibrio entre la represión y la prevención.
La inflación y la pobreza continúan marcando la sociedad venezolana.
La sociedad venezolana superó el umbral de tolerancia de la
violencia y se acostumbró a vivir con el problema.
Las soluciones del Gobierno
En 2009 comenzó el plan Ruta Segura, que consistía en que
funcionarios de la GN estuvieran en las unidades de transporte público
para combatir asaltos y homicidios de pasajeros y transportistas.
El 20 de diciembre de 2009 se inició la labor de la Policía
Nacional Bolivariana, que empezó a funcionar con 947 agentes desplegados
sólo en la parroquia Sucre del municipio Libertador, en Caracas. Se ha
mantenido con un carácter muy local en la capital del país, a pesar de
tener caracter nacional. La Policía Nacional Bolivariana asumió a una
parte d elos funcionarios de la Policía Metropolitana.
El 1 de marzo de 2010, el Ministerio de Relaciones interiores y
Justicia lanzó el plan bandera de seguridad ciudadana de los últimos
años, mejor conocido como Dispositivo Bicentenario de Seguridad, que se
inició en 10 estados y 36 municipios con los índices delictivos más
altos. Un año y medio después la inseguridad se mantiene igual en estas
localidades.
Este año el Cuerpo de Investigaciones científicas, Penales y
Criminalísticas impulsó dos planes cuyo objetivo era aprehender a un
mayor número de delincuentes: "Madrugonazo al hampa" y "Operación
Cangrejo". Ambos programas fueron suspendidos pues durante su aplicación
el cuerpo policial fue señalado de cometer excesos.
En 2011 también se anunció que desde la Asamblea Nacional se
discutiría la ley para el desarme y el control de municiones, aprobada
en primera discusión. Todavía está en proceso.
También se creó la Comisión Presidencial para el control de Armas,
Municiones y el desarme, integrada por representantes de los distintos
Poderes Públicos, cuerpos policiales, ONG y medios de comunicación, la
cual aprobó la primera providencia que prohíbe el porte de armas de
fuego en las unidades de transporte público, la semana pasada.
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