La vida en un chip
Una empresa cubana maneja el contrato para elaborar la nueva cédula
electrónica de los venezolanos. A pesar de que el documento contendrá
data clave, el tema no ha sido sometido a debate público. Expertos
reconocen los beneficios de las nuevas tecnologías pero alertan sobre su
uso con fines políticos o el que le podría dar la delincuencia
organizada. Además plantean una interrogante: ¿viola la privacidad de
los ciudadanos?
Nombre y apellido, número de cédula, fecha de nacimiento, estado civil,
firma manuscrita, huella dactilar, foto, datos sobre el pago de
impuestos, cargas familiares, dónde vive, dónde vota, licencia de
conducir, señas del Seguro Social, historia médica, tipo de sangre, si
es donante de órganos y tejidos y firma digital.
Esos son, entre otros, los datos que estarán incluidos en el chip de la
nueva cédula electrónica que el Estado venezolano planea lanzar luego de
las elecciones de 2012, de acuerdo con lo divulgado por el Saime,
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
Después de que El Nacional reveló los términos del contrato con la firma
cubana que limitan la participación de técnicos venezolanos en el
proyecto del documento de identificación de los venezolanos (Siete Días,
17-7-2011), las autoridades aseguraron a través de los medios oficiales
que la data está protegida por el Saime y que sólo nacionales trabajan
en el plan. Sin embargo, la opinión pública aún desconoce el alcance de
la tecnología adquirida por el Estado y no se ha abierto el debate para
evaluar los pro y contra.
Tampoco se han suministrado pormenores de la contratación con Cuba.
Poco han informado las autoridades sobre los procesos técnicos que
garantizarán que los datos incluidos en el chip no los podrán leer
personas sin autorización o que el documento no será alterado. "Será
infalsificable", se limitó a afirmar, en boletines de prensa, Dante
Rivas, director del Saime. "Está hecho con una lámina de policarbonato,
el sistema de impresión atraviesa las capas y graba la información,
también posee un chip en el cual sólo el Saime puede incorporar
información y un certificado electrónico para que los usuarios puedan
realizar transacciones vía web de forma segura", señaló.
Por fuera, la tarjeta tendrá los mismos datos que la actual.
Dentro estará el chip al que se refirió Rivas, con una memoria de 72 kb,
de acuerdo con el contrato de compra de las tarjetas que la empresa
cubana Albet Ingeniería y Sistemas firmó en 2008 con la multinacional
Gemalto. Es un dispositivo, con tecnología RFID, que emplea radiofrecuencia.
En los países donde se ha aplicado esa tecnología incluso en Estados
Unidos, que la usa en los pasaportes, la opinión pública ha discutido
sobre los mecanismos para cifrar la información en los dispositivos y
evitar accesos indeseados que pongan en peligro la seguridad del
ciudadano al exponer todos sus datos. El debate, además, se ha dado
sobre la posible vulneración de la intimidad de los individuos. Los
temores sobre estados, empresas o grandes corporaciones que husmean en
la vida privada han activado a grupos de defensa de los derechos civiles
alrededor del mundo.
Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano,
lamenta que no existan mecanismos para auditar las decisiones
gubernamentales en una cuestión tan sensible. "Las autoridades debieron
informar sobre la adopción de esta tecnología, en especial porque
permite la ubicación en tiempo real de las personas y hay que ver si son
compatibles con nuestras normas. Un asunto de seguridad nacional como el
de la identidad debió contar con la aprobación del Poder Legislativo".
En la Asamblea Nacional el tema es tabú, dice el diputado por el estado
Táchira, Abelardo Díaz, quien el 9 de agosto propuso en la plenaria
debatir el caso y solicitó la interpelación del ministro de Interior,
Tareck el Aissami. El planteamiento chocó contra el bloque oficialista,
que lo negó por mayoría.
"No han explicado nada. Dicen que esa cédula es muy buena, que será la
mejor del mundo, pero se niegan a dar información", señala Díaz.
El diputado oficialista José Javier Morales, que fue director de la
Onidex y firmó en 2007 el contrato con Albet para que los cubanos
desarrollaran la nueva cédula, le respondió a Díaz: "Gracias a la
colaboración de Cuba ha logrado digitalizarse el archivo de las huellas
dactilares de más 20 millones de venezolanos".
Tecnología con detractores.
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la
preocupación por las medidas de seguridad de documentos de identidad,
como los pasaportes, se agudizó y muchos países desarrollados comenzaron
a emitir identificaciones con etiquetas RFID.
Cuando Estados Unidos estudiaba insertar un chip de ese tipo en sus
pasaportes, encontró resistencia en la sociedad civil y en organismos
defensores de la privacidad del individuo ante la idea de que cada
ciudadano tuviera en su cartera un dispositivo que puede ser rastreado
por las ondas que emite, sin que el usuario se dé cuenta, y que puede
identificar sus movimientos.
Por ello, el Comité Consultivo de Integridad y Privacidad de Datos del
Departamento de Seguridad de ese país sugirió la utilización de otros
dispositivos. En un informe elaborado en 2006 reconoció que esta
tecnología aumentaba los riesgos para la privacidad y seguridad
personal, debido a que a través de ellos se podía localizar y hacer
seguimiento de los ciudadanos.
Finalmente, se omitieron las observaciones y entró en vigencia el
pasaporte electrónico con RFID.
Los chips con esa tecnología han sustituido paulatinamente la
identificación con códigos de barra y sus primeros usos fueron
comerciales. Circuitos integrados como estos son colocados en los
productos de algunas tiendas, para hacer los inventarios rápidamente o
para evitar hurtos, pues al pasar cerca del lector las alarmas se encienden.
También es empleado en puestos fronterizos en Estados Unidos, Canadá y
Alemania, por ejemplo, para hacer más expedito el paso de los viajeros.
Cómo y quiénes. Vincenzo Mendillo, profesor de la Escuela de Ingeniería
de la UCV y especialista en seguridad informática, explica que los chips
usados en identificaciones tienen complejos algoritmos de cifrado de
información que impedirían que alguien con un lector RFID se consiguen
desde 50 dólares en Internet pueda acceder a la información que contienen.
Mendillo observa, sin embargo, que se debe especificar a quiénes les
estará permitido el acceso a la data contenida en el chip y qué procesos
de seguridad se implantarán. "Hay que evaluar los niveles de acceso que
tendrán las diferentes autoridades", insiste. Se refiere, por ejemplo, a
poder determinar si los lectores instalados en los cuerpos policiales
podrán leer en las cédulas desde el nombre de la persona hasta el
estatus de su declaración de impuestos, o si en un hospital podrán ver
hasta el centro de votación que le corresponde al paciente.
Marc Langheinrich, profesor de la Facultad de Informática de la
Universidad de Lugano, en Suiza, ha escrito artículos sobre la materia
en revistas científicas. Vía correo electrónico, explica que con la
tecnología RFID se pueden elaborar documentos de identidad más difíciles
de falsificar. El peligro analiza estaría en la introducción de
programas que recolecten datos sobre las transacciones y movimientos de
las personas, que por lo general se instalan bajo la excusa del combate
contra el crimen.
"Una vez que todos tengan tarjetas RFID, pudiera decidirse que sea
obligatorio para las empresas grabar la información de los usuarios.
Luego, se le podría solicitar a cada ciudadano que se identifique cuando
navegue en Internet, por ejemplo, en las salas de chat, para prevenir
anuncios subversivos o injuriosos. Esto ya es una ley en Corea del Sur.
Cada paso hacia el monitoreo se vuelve inevitable porque ya se cuenta
con la tecnología y la gente se acostumbra a su comodidad. En pocos
años, la gente creerá que el Estado tiene derecho a vigilarlos y a
acceder a sus datos cuando quiera", señala.
Langheinrich opina que los ciudadanos deben conocer las razones por las
que se adquiere una tecnología en particular, entender sus implicaciones
a largo plazo y ser cautelosos en cuanto a las "mejoras" que se le
puedan introducir luego.
En 2008, un grupo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad de
Virginia con un equipo que costó menos de 1.000 dólares accedió
remotamente a la información de las tarjetas inteligentes y logró clonarlas.
El año pasado, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Información de
España advirtió en un informe que entre los riesgos de ese tipo de chips
están accesos a la información no permitidos por los ciudadanos y el
rastreo de las personas y sus gustos. "Al portar una etiqueta RFID una
persona puede ser observada y clasificada", alertaron. Observaciones
similares han hecho organismos como Privacy International, de Londres, y
el Grupo para la Protección de Datos de la Comisión Europea.
En países como Alemania y Holanda, entretanto, prosperan las ventas de
fundas con aislantes para tarjetas, pasaportes y cédulas con etiquetas
RFID, que impiden la lectura de los chips a menos que el usuario lo
autorice.
Control ciudadano. De las vulnerabilidades estaban enterados los cubanos
de la empresa Albet cuando negociaron la compra de la cédula electrónica
para Venezuela, afirma Anthony Daquin, ex asesor del Ministerio de
Interior que actualmente solicita asilo en Estados Unidos porque
afirma recibió amenazas después de criticar el contrato con Cuba.
Daquin participó en la comisión que evaluó cuál tecnología debía
adquirir el país y asegura que se consideraron opciones que ofrecían más
privacidad a los ciudadanos, como las nuevas tarjetas de los bancos, que
necesitan ser introducidas en el lector para ver la información
contenida en el chip. Estudiaron los casos de naciones que usan
identificaciones electrónicas, tanto chips con contacto como los RFID.
Austria, Portugal, Estonia, Finlandia, Suecia, Bélgica, Malasia, España,
Italia, Alemania y China estuvieron en la muestra.
"Cuando les pregunté por qué escogían el chip RFID, me dijeron que para
hacer control político. En el chip se cruza la información del Saime, el
CNE, el Seniat. Es posible también compararla con la lista Tascón (que
identifica a los que pidieron revocar a Hugo Chávez en 2004). Si se
identifica a una persona como objetivo, es posible rastrear su
ubicación; cuando pase por algún lector, sabrán dónde está", asegura.
La idea de control no es nueva en el país. La licitación realizada en el
año 2000 para la adquisición de la cédula electrónica convocaba el
proceso para un nuevo "sistema de identificación nacional y control
ciudadano". Pero un escándalo de corrupción acabó con la negociación,
hasta que en 2007 Venezuela le otorgó el contrato a Cuba.
Rafael Rivero Muñoz, ex director de la Disip (actual Sebin) y de la
policía judicial, recuerda que los planes de identificación electrónica
anunciados en 1997 por el gobierno de Rafael Caldera, y luego por el ex
ministro de Interior Luis Alfonso Dávila, a principios de la gestión de
Chávez, afectaban la privacidad. "En la práctica ni siquiera es
necesario que usted muestre la cédula que lleva en la cartera.
El lector electrónico, al aproximarse, la identifica y tiene a
disposición toda la información de su contenido. Siendo así, desde el
momento en que obtenga la cédula el ciudadano estará bajo el control
total y absoluto del Estado", asevera.
Para Rivero, esa tecnología implica el control casi policial de todos
los ciudadanos. No puede hablarse de la privacidad garantizada en la
Constitución razona si todos los datos personales, familiares,
académicos, de salud, bancarios, penales, de propiedades y de servicios
públicos pueden ser leídos en oficinas públicas o privadas que cuenten
con la tecnología para ello. Además, teme por el uso que le pueda dar la
delincuencia organizada en un país que muestra alarmantes índices de
inseguridad: la información podría ser empleada para chantajear,
secuestrar o extorsionar.
"Para mí, como militar, ese sistema es ideal", dice vía telefónica
Marcos Figuera, que fue director de la Onidex hasta 2002 y ahora vive en
Estados Unidos.
Recuerda que el proyecto para unificar la información de todos los
ciudadanos en una base de datos digital se discutió en ese organismo en
los inicios del gobierno de Chávez: "Aunque en aquella época la cédula
no incluía tanta información, el proyecto tuvo detractores que
argumentaron el problema de la privacidad".
Desde su óptica militar, rescata que en un sistema donde todos los
venezolanos están registrados "abstrayendo el uso político y
delincuencial", el problema de la inseguridad se afrontaría mejor
porque sería más rápido el chequeo de las identidades de los delincuentes.
Los expertos suman a esos problemas la preocupación de que un gobierno
extranjero maneje todos los datos de los ciudadanos o que del Saime que
el último año ha destituido a 200 funcionarios por corrupción se puedan
filtrar los programas y códigos que permiten la lectura de la
información contenida en el chip de las cédulas y eso pudiera ser
empleado para fines económicos o políticos o para cometer delitos. El
Gran Hermano, además, tendría acento cubano.
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/234714/Siete%20D%C3%ADas/La-vida-en-un-chip
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