"negro"
Fedecámaras alerta congelación de precios con la Ley de Costos
A partir del 22 de noviembre la Superintendencia Nacional de Costos y
Precios será el ente encargado de autorizar los ajustes de precios
ROBERTO DENIZ , VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
viernes 23 de septiembre de 2011 12:00 AM
La inminente aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos y las
recientes declaraciones de las autoridades sobre la instrumentación del
texto legal dispararon los temores de los empresarios.
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, manifestó que como sospechaban
desde que se promulgó el instrumento jurídico, en julio pasado, el mismo
abarcará a todos los actores de la economía nacional.
"Como nos esperábamos la amenaza es para todos los sectores, la amenaza
crece y esto es muy grave", dijo el dirigente de la cúpula empresarial.
Esta situación, aunada a que el reglamento de la ley no detallará
sectores a los que aplicará, tal y como ha asegurado Karlin Granadillo,
superintendente Nacional de Costos y Precios, pueden provocar una
"congelación general de precios".
"Se teme una congelación general de precios a partir del 22 de noviembre
(...) Estamos al borde de la insensatez en el manejo de la economía y
nuestro deber es advertir que la norma es lo suficientemente
discrecional", señaló el directivo.
La Ley de Costos y Precios Justos comenzará a implementarse el 22 de
noviembre y, salvo las instituciones financieras, todos los sectores
(productores, importadores y comercializadores) quedaron enmarcados por
el texto legal.
De acuerdo al numeral 6 del artículo 31 de la ley, a partir del 22 de
noviembre la Superintendencia fijará los Precios Máximos de Venta al
Público (PMVP) "de acuerdo a su importancia económica y su carácter
estratégico" y desde ese día se considerará un "aumento arbitrario de
precios" a quien "aumente el precio de un bien o un servicio sin la
autorización de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en los
casos que así se requiere".
"Hacemos un llamado a discutir con urgencia el tema del reglamento, es
imposible controlar todos los rubros", insistió el empresario.
El abogado Antonio Canova confirmó la tesis de Botti y aseveró que a
partir del 22 de noviembre cualquier modificación de precios dependerá
de la autorización del nuevo organismo estatal. "Eso es lo que está
previsto en la ley (...) Es un congelamiento de precios hasta que la
Superintendencia autorice", acotó el jurista.
Por su parte, José Ignacio Hernández, abogado de la firma Grau, García,
Hernández & Mónaco considera que "habrá un margen de maniobra pero si no
se dictan los reglamentos antes de que la ley entre en vigencia habrá
una gran incertidumbre jurídica en el país".
Durante su exposición en el foro organizado por Venamcham para evaluar
las perspectivas del año entrante, Hernández expresó que el reglamento
debe indicar cuáles son los bienes y servicios que estarán bajo el
ámbito de la norma, de lo contrario, serán todos.
Escasez y mercado negro
Contrario al discurso oficial, Botti considera que la aplicación de la
Ley de Costos y Precios Justos provocará consecuencias negativas en la
economía nacional.
"Anticipo muchísimos problemas, es muy grave, es ponerle el candado a la
poca economía de mercado que queda".
Además de una generalización de la escasez en diversos ámbitos, el
dirigente empresarial alertó el posible surgimiento de un mercado negro
mientras más amplia y extensa sea la aplicación de la ley.
"Mientras más se pretenda controlar, más mercado negro va a existir ",
dijo al tiempo que citó el caso de productos como la cabilla, el cemento
o la carne como ejemplos de mercados paralelos surgidos por la
intervención del Estado.
Botti también cuestionó las palabras de la ministra de Comercio, Edmée
Betancourt, en las que señaló como margen de utilidad razonable para
cualquier empresa un 10%. "Refleja un desconocimiento sobre cómo
funciona la economía".
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