Norma Pino de Lión
Sábado, 17 de septiembre de 2011
Después de casi 13 largos años de ensayos y errores -tal vez más de
éstos que de aquellos- el régimen ha logrado exacerbar prácticamente
todos los males y problemas nacionales, sin avanzar en ninguna de las
virtudes inherentes al sistema democrático de gobierno que
irreflexivamente desdeñamos en su momento. A pesar de haber contado con
los más fabulosos recursos financieros y el capital político que
gobierno alguno en nuestra historia haya tenido a su disposición,
ocupamos ahora los últimos puestos en prácticamente cada uno de los
índices de desempeño elaborados por diversas instituciones
internacionales independientes, aunque la propaganda oficial trate en
vano de ocultar la realidad.
Tener claro cómo llegamos a esto puede resultar útil, sobre todo porque
generalmente se acude al fácil expediente de echarle la culpa a los
ingentes recursos petroleros a disposición del gobierno, los cuales
generarían el debilitamiento de los contrapesos necesarios para evitar
el mal uso de los mismos. Sin embargo, los cambios institucionales que
le permitieron al gobierno dilapidar esa inmensa fortuna, recibida como
consecuencia del alza desmesurada de los precios petroleros desde el año
2003, fueron realizados con anterioridad a ella y no son de manera
alguna producto de esa riqueza súbita. Asimismo, los cambios radicales
en su política económica, considerablemente conservadora al inicio, así
como su vuelco en materia de política fiscal y de inversiones
extranjeras, se produjeron después del boom petrolero de 2003, lo que
tampoco significa que los altos precios petroleros provocaran dichos
cambios, sino que facilitaron su realización.
La radicalización de sus políticas, una vez que pudo deshacerse o
convertir en letra muerta los controles institucionales existentes sobre
los recursos petroleros, le permitió al gobierno echar mano a
extraordinarios e inesperados recursos, con los cuales incrementar el
gasto público en programas populistas de manera prácticamente
incontrolada. El descomunal aumento de los ingresos le hizo creer que el
país podía seguir dependiendo indefinidamente de un solo producto y le
impulsó a desestimar cualquier esfuerzo de diversificación económica,
con el consiguiente empeoramiento de nuestra dependencia petrolera. Más
grave aún, la nueva situación le permitió avanzar en su proyecto
ideológico de la supuesta construcción de una economía socialista,
incomprensiblemente a expensas del desmontaje de la capacidad
industrial, manufacturera y agrícola nacional, mientras dependíamos cada
vez más de las importaciones para cubrir nuestras necesidades.
De ahí en adelante el guión es harto conocido. Haciendo caso omiso de
las presiones y riesgos inflacionarios, de la influencia de crisis
externas y la reacción adversa de los inversionistas nacionales y
extranjeros frente a políticas cada vez más estatistas e
intervencionistas, el régimen se refugió además en una errada política
cambiaria, que eventualmente produjo más perturbaciones e incrementó la
fuga de capitales, creando las condiciones para sucesivas devaluaciones.
La persistencia en esas políticas, profundamente dañinas, ha sido
posible debido al inesperado y descomunal incremento del ingreso
petrolero experimentado en los últimos años, lo que ha permitido
enmascarar una situación que habría sido normalmente insostenible, pero
sólo porque se toleró el desmontaje de los controles y contrapesos
existentes. Los inesperados ingresos petroleros permitieron incluso a la
empresa estatal petrolera escapar a los controles de instituciones
foráneas, mediante la cancelación anticipada de deudas considerables
contraídas en el exterior, evadiendo así la obligación de presentar
informes contables detallados y oportunos de su gestión económica y
financiera.
El progresivo desmontaje de esa institucionalidad de control y
supervisión sólo se explica por nuestra debilidad institucional esencial
y la ausencia de una reacción defensiva de parte de la sociedad civil,
lo que a la vez que explica esa debilidad, es también su razón de ser.
Si la sociedad civil hubiese sido consciente de las amenazas que se
avecinaban sobre nuestra gallina de los huevos de oro -la industria
petrolera nacional- y hubiese estado además organizada y preparada para
defender el manejo adecuado de ese patrimonio, el régimen no habría
podido avanzar en su proyecto de control absoluto de dichos recursos con
la facilidad que lo hizo ni haber convertido a la primera empresa
nacional en algo muy diferente a lo que debería ser: una empresa
petrolera seria y eficiente.
Los recursos petroleros no pertenecen al Estado y mucho menos a un
gobierno en particular, y si son propiedad de la Nación, es decir de
todos y cada uno de los venezolanos, nos corresponde entonces defender
lo que nos pertenece. El hecho de que esos recursos sean de todos
significa que son de cada uno de nosotros y no de un ente en particular
que, de paso, ha sido establecido por todos nosotros como una forma de
organización política y jurídica y no como una especie de incógnito
albacea en manos de un gobernante de turno, con capacidad para disponer
de ellos a su libre arbitrio. Hasta tanto no admitamos este simple
razonamiento y actuemos en consecuencia seguiremos condenados a seguir
viviendo bajo un sistema rentista, generalmente mal administrado y ahora
trágicamente fallido, que nos condena a no tener un futuro y nos impide
realizar el sueño de un país diferente.
Después de más de una década de oscuros manejos y desastrosos
resultados, ya hemos visto cómo no se deben hacer las cosas para
utilizar sensata y productivamente esos recursos. Para muestra, un
botón: calcular un presupuesto a 40 dólares el barril cuando su precio
está en 100, para poder disponer de 60 sin control de nadie, no parece
ser la manera más transparente de manejar nuestros recursos. Es
imperativo crear conciencia ciudadana sobre la inconveniencia de la
continuidad del actual sistema rentista; pero no podemos esperar a
llegar al final de este túnel para explicarle al país cómo habremos de
sembrar finalmente el petróleo. El tema tiene que ser parte fundamental,
si no tal vez el eje central, del debate político actual dirigido a
restituir un orden democrático de gobierno. Soslayarlo por conveniencias
políticas equivaldría a condenar a las nuevas generaciones a renunciar a
sus mejores expectativas y esperanzas, así como a fomentar el éxodo de
talentos, cuyas nefastas consecuencias estamos ya experimentando.
Los líderes políticos democráticos están en la obligación moral de
hablarle claro al país y ofrecerle alternativas viables a nuestro
fracasado sistema rentista de vida, de manera que esos recursos se
puedan aprovechar efectiva y adecuadamente en beneficio de todos.
Deberían trabajar junto con la sociedad civil organizada para erradicar
la retórica electoral hueca sobre la siembra del petróleo y presentarle
al país caminos innovadores para el sabio uso de esos recursos en el
fomento del desarrollo nacional. No se trata de una tarea fácil, pues es
evidente que el estamento político se muestra renuente a discutir el
tema del aprovechamiento de los recursos petroleros. Se requerirá
enfrentar múltiples obstáculos, intereses políticos, así como
concepciones e ideologías erradas; pero no intentarlo resultará peor a
la larga.
Necesitamos generar confianza, crear oportunidades de progreso y
superación, en un clima de sensatez y libertad, de respeto mutuo y de
justicia. Para ello es indispensable hablarle con claridad y honestidad
a los venezolanos; el sistema no da para más, se agotó, no funcionó,
estaba mal orientado y mal concebido, y es imperativo modificar la forma
de aprovechamiento de esos recursos en beneficio de todos.
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