"Usar la FANB para la seguridad arriesga derechos humanos"

"Usar la FANB para la seguridad arriesga derechos humanos"
Provea presentó informe 2012 sobre Situación de los DDHH en Venezuela
ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
viernes 10 de mayo de 2013 12:00 AM

De enero a diciembre de 2012 se han registrado 3.925 manifestaciones de
carácter pacífico, de las cuales 69 de ellas fueron reprimidas por
organismos de seguridad del Estado, cifra que representa una disminución
considerable de más de un 50% en comparación con el informe del Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) de 2011 que
señaló 134. Esta realidad podría cambiar si se cumple con el anuncio que
hizo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres,
de incorporar en el control ciudadano a componentes de la FANB.

Así lo aseguró el coordinador nacional de Provea, Marino Alvarado, quien
presentó, junto al coordinador de Investigación, Rafael Uzcátegui, el
informe del año 2012 sobre "Situación de DDHH en Venezuela" , en el cual
advierten que podrían incrementarse las violaciones a los derechos
humanos con el Ejército en la calle y la aplicación de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

"Resaltamos que en el 2012 se haya diseñado la Misión A Toda Vida
Venezuela, elaborada para controlar la violencia bajo la perspectiva de
garantizar los derechos humanos, pero vemos con preocupación el anuncio
de la salida del Ejécito a la calle, primero por ser contraria a la
filosofía de la misión y porque deja implícito su utilización para la
intimidación", expresó Alvarado.

Explicó el activista que la Corte Interamericana de DDHH, en su
sentencia sobre el Caracazo, estableció que la FANB solo puede actuar en
situaciones excepcionales. "Utilizarla para combatir la delincuencia,
constituye un riesgo muy alto".

Criminalización continuada

Por su parte, Rafael Uzcátegui indicó que hay un proceso continuado de
la criminalización de la protesta con la aplicación de la Ley
Antiterrorista. "Ya tenemos el caso de los 16 jóvenes del estado Lara a
quienes se les imputaron delitos establecidos en dicha Ley y
recientemente el caso de Yendri Sánchez, encarcelado en Coro".

Asimismo, afirmó que se mantiene el uso inconstitucional de la justicia
militar para enjuiciar a civiles.

El coordinador de Investigación de Provea también se refirió a los altos
niveles de conflictividad que hay en los territorios indígenas. "En el
año 2012 hubo 6 indígenas asesinados". Recordó que en marzo de 2013 fue
asesinado el cacique Yukpa, Sabino Romero. "Después de varios meses, no
hay resultados de las investigaciones".

Nulo acceso a datos

Alvarado también denunció que cada vez hay mayores dificultades para
acceder a la información pública y el informe se nutre de los datos de
las fuentes oficiales. "Nos interesan las memorias y cuenta de los
ministerios que deben publicar en sus paginas web. Hasta el lunes, de 25
ministerios solamente uno, el de Energía Eléctrica tenía publicada la
memoria y cuenta", dijo.

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