Ley de Costos permite delegar tareas en consejos obreros
Superintendencia de Costos está facultada para pedirle a consejos
obreros que verifiquen informaciones aportadas por empresas inspeccionadas
SUHELIS TEJERO PUNTES | EL UNIVERSAL
sábado 23 de julio de 2011 12:00 AM
La Superintendencia Nacional de Costos y Precios tendrá la facultad de
delegar en los consejos de trabajadores la realización de actividades de
verificación y otras que sirvan para las fiscalizaciones e inspecciones
en las empresas.
Aunque el Decreto-Ley de Costos y Precios no menciona directamente a
esas organizaciones, se refiere a ellas a través de otra figura: la
comunidad organizada, y bajo esa forma los consejos laborales cuenten
con el camino legal libre para realizar labores de contraloría social.
La Ley Orgánica del Poder Popular, que está en vigencia desde el 21 de
diciembre del año pasado, define a estas organizaciones de trabajadores
como una forma de comunidad organizada, siempre y cuando se encuentren
articuladas y estén registradas en el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de participación ciudadana. Los consejos obreros
tenían plazo hasta finales del mes pasado para inscribirse ante el
despacho ministerial, de acuerdo a lo indicado en el instrumento legal.
Esa normativa indica en su artículo 18 que la contraloría social es un
ámbito de actuación del poder popular para ejercer la vigilancia,
supervisión, acompañamiento y control en varias escalas y una de ellas
es sobre "las actividades del sector privado que afecten el bienestar
común".
La posibilidad de cumplir con ese papel se activa con la reciente
aprobación del Decreto-Ley de Costos y Precios Justos, cuyo artículo 32
indica que la superintendencia podrá "celebrar convenios con la
comunidad organizada" para que se verifiquen informaciones de las
empresas, así como para otras actividades de simple ejecución que nutran
un proceso de fiscalización o inspección.
"Las actuaciones materiales realizadas en ejecución de dichos convenios
tendrán valor probatorio en los procedimientos administrativos y
procesos judiciales, siempre que la información y documentos recabados,
así como los actos ejecutados, observen el ordenamiento jurídico
vigente", señala el artículo 32 de la Ley de Costos y Precios Justos.
Regulaciones ampliadas
Más adelante se indica que la superintendencia que se creará en el marco
de esta normativa podrá requerir a terceros la información que estime
necesaria a los efectos de constatar los datos aportados por las
empresas inspeccionadas o fiscalizadas o, incluso, suplir la información
que no fuera aportada por éstas, en caso de que resulte necesario.
Con la Ley de Costos y Precios Justos el Ejecutivo nacional espera
ampliar el abanico de regulaciones sobre los productos, que se aplica
desde hace ocho años, cuando se inició el control de precios.
El instrumento legal aplica para todas las empresas, públicas o
privadas, que se dediquen a la producción, importación o
comercialización de bienes o servicios, a excepción de las instituciones
financieras.
El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo esta semana que el principal
interés del Gobierno nacional es aplicar la ley en los sectores de mayor
impacto sobre la población. En tal sentido, mencionó el de alimentos y
bebidas no alcohólicas, materiales para la construcción de viviendas,
útiles y uniformes escolares, textiles y calzados básicos, productos
para la limpieza del hogar, artículos de cuidado personal y medicamentos.
http://www.eluniversal.com/2011/07/23/ley-de-costos-permite-delegar-tareas-en-consejos-obreros.shtml
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