Comercio será criminalizado
Empresarios rechazan fiscalización con uso de la fuerza. Sector comercio
criticó que la Ley de Costos autorice inspecciones con la fuerza pública
Por: Luisa Benavides
Los diferentes actores de la cadena de producción, transformación y
comercialización del país no sólo tienen que empezar a trabajar en la
estructuras de costos que tendrán que presentar a la recién creada
Superintendencia de Precios, sino que también deberán asesorarse
jurídicamente sobre las atribuciones que confiere la normativa
regulatoria a los operativos de verificación por parte de diversos
organismos.
Entre las atribuciones especiales de inspección y fiscalización,
contenidas en el artículo 33 del decreto presidencial, resalta que la
Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública cuando lo considere necesario para la continuidad y
culminación del procedimiento de inspección o fiscalización.
El reglamento también autoriza a notificar al Ministerio Público sobre
las presunciones de ilícitos cometidos por las entidades sometidas a la
regulación.
Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas, rechazó
que el Gobierno pretenda hacer uso de la fuerza en las fiscalizaciones
que se realicen en los distintos establecimientos.
"El comercio es la actividad más pacífica que hay. Yo lamento mucho que
la única cosa que el Gobierno tenga es mente es una bayoneta para
enfilarla contra todos aquellos que ellos quiere dominar", expresó el
vocero de los comerciantes, quien no considera apropiado que los
comerciantes sean vigilados por un cuerpo policial o a una comuna
organizada con capacidad de intervenir e interferir en sus actividades.
Maldonado criticó que se quiera legalizar lo que ocurrió el año pasado
con un grupo de carniceros que fueron privados de libertad en Fuerte
Tiuna por presuntamente incurrir en especulación.
"Ahora estas acciones están respaldadas por un marco legal. Eso es
inaceptable", denunció.
APELAN AL DIÁLOGO
La directiva de la Cámara de Comercio de Caracas realizó un llamado al
Gobierno nacional para que cualquier situación que surja se resuelva por
la vía del diálogo sin tener que apelar a medidas extremas.
Maldonado insistió en que el Ejecutivo debe entablar una comunicación
directa con el sector privado "para encarar las dificultades de un país
que no tiene futuro porque hay escasez, alta inflación y recesión".
En su informe más reciente, Cedice también rechazó que con esta ley se
implemente un Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios dirigido a
identificar agentes económicos que, por la contraprestación de
servicios, o ventas de productos, fijen precios excesivos.
"En un país donde existe una inseguridad para las inversiones y una
elevada tasa de inflación generada por un gasto público descontrolado,
se desprende de esta función que el Estado venezolano se convertirá en
un Estado policial, donde el principio constitucional de presunción de
inocencia queda derogado por vías de hecho", alertó el documento de la
institución.
OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO
El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, declaró ayer a
Venezolana de Televisión que la ley no establece un control absoluto de
todos los costos y precios sino que plantea un registro nacional, donde
participan todos los entes gubernamentales y donde los sectores privados
deben registrarse.
"No se establece la decisión unilateral de definir la ganancia esperada,
la misma es sobre la base del análisis estadístico y sobre la historia y
comportamiento del precio del rubro", indicó el titular de la cartera
agrícola.
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=55848&secid=3
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