Ante el silencio de la OEA, UNASUR avalará las elecciones en Venezuela

Ante el silencio de la OEA, UNASUR avalará las elecciones en Venezuela
[08-04-2013]
Thor Halvorssen y Javier El-Hage

(www.miscelaneasdecuba.net).- Durante más de 14 años, el gobierno del
presidente Chávez erosionó gradual y sostenidamente cada uno de los
elementos esenciales de la democracia

La semana pasada, Human Rights Foundation solicitó al Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza,
que interpusiera sus buenos oficios ante el Consejo Nacional Electoral
(CNE) de Venezuela para que éste invitase una misión de observación
electoral de la OEA que pudiera verificar que las elecciones
presidenciales del próximo 14 de abril fueran libres y justas. Insulza
se ha limitado a opinar que "sería bueno para Venezuela que aceptara"
una misión de observación de la OEA, mientras que el CNE de Venezuela ha
suscrito un convenio confirmando que únicamente la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) "acompañará" el proceso electoral venidero.

A diferencia de UNASUR, la OEA es la organización más experimentada en
el desarrollo de misiones de observación electoral en el continente
americano. Desde 1962, la OEA ha implementado cerca de 200 misiones de
observación electoral tanto en situaciones de normalidad democrática
como para monitorear la transición de gobiernos autoritarios hacia la
democracia.

Durante los años 1962 a 1989 se realizaron las primeras 25 misiones de
observación electoral en 11 países: Costa Rica, República Dominicana,
Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, El Salvador,
Granada. En esa época, las misiones de observación electoral se
limitaban a un simple acompañamiento simbólico de los procesos
electorales, sin una fiscalización orientada a encontrar y denunciar
irregularidades, ventajismos o fraude de parte de los gobiernos de turno.

En 1990, la OEA realizó la primera misión de observación electoral de
grandes dimensiones en Nicaragua, enviando a 433 observadores para
garantizar que el posible proceso de transición hacia la democracia en
ese país se realizara de manera libre y justa. Estas gestiones
diplomáticas facilitaron la transferencia pacífica del poder del
gobierno autoritario sandinista de Daniel Ortega hacia una coalición
democrática liderada por Violeta Chamorro. Ante la aparente negativa del
gobierno sandinista de reconocer públicamente los resultados del proceso
electoral que daban la victoria a Chamorro, el Secretario General de la
OEA, Joao Soares, facilitó las negociaciones que dieron como resultado
la firma de un protocolo para la transferencia del mando presidencial.

De manera similar, en el año 2000, la misión de observación electoral de
la OEA —dirigida por el prestigioso diplomático guatemalteco Eduardo
Stein— jugó un papel de fiscalización importante durante la
controversial tercera reelección de Alberto Fujimori en Perú. Ante las
numerosas medidas electorales ventajistas del gobierno de Fujimori, la
misión de observación se retiró del país y emitió un informe final
concluyendo "que las condiciones del proceso electoral que la Misión
había observado no permitían una contienda justa y equitativa".

Con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en el año 2001,
finalmente se codificó la figura de las misiones de observación
electoral. El artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana
establece que las misiones de observación electoral se llevarán a cabo
por solicitud del Estado interesado y que, previo convenio con la
Secretaría General de la OEA, el Estado deberá garantizar las
condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia
cooperación con la misión de observación electoral. Sobre esta base, en
2008, la OEA publicó un importante manual que especifica la metodología
que debe ser seguida por los observadores electores.

Con la caída de las dictaduras militares del Cono Sur en los años 80, se
volvió una práctica común de muchos gobiernos democráticos el solicitar
el apoyo de este tipo de misiones como garantes de la transparencia de
sus procesos electorales. Sin embargo, esta saludable costumbre, que era
seguida también por Venezuela, sufrió un revés en 2006 cuando el
gobierno del presidente Chávez decidió no volver a invitar a la OEA a
observar sus elecciones.

Debe anotarse, no obstante, que el gobierno de Venezuela no es un
gobierno democrático en el sentido definido en los artículos 3 y 4 de la
Carta Democrática Interamericana. Según estas disposiciones, son
"elementos esenciales" de la democracia tanto las elecciones
transparentes, libres y justas, como el respeto del gobierno a la
separación de poderes, a la independencia del poder judicial, a la
libertad de expresión, y a la existencia de un régimen plural de
partidos políticos.

En vistas de que durante más de 14 años, el gobierno del presidente
Chávez erosionó gradual y sostenidamente cada uno de los elementos
esenciales de la democracia citados arriba, no resulta para nada
sorprendente que a sus sucesores tampoco les interese una fiscalización
internacional, imparcial e independiente del proceso electoral venidero.

Precisamente previendo este escenario, la cláusula democrática de la OEA
(artículos 18 y 20 de la Carta Democrática) otorgan al Secretario
General de la OEA la potestad de convocar al Consejo Permanente a
evaluar las situaciones de "alteración o ruptura" del orden democrático,
dotando tanto al Secretario General como al Consejo Permanente de una
herramienta extraordinaria para presionar a que los gobiernos
infractores rectifiquen su conducta y, entre otras cosas, permitan el
ingreso de misiones de la OEA.

Lastimosamente, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
así como el resto de las democracias latinoamericanas congregadas en la
OEA han venido presenciando sin decir una palabra la erosión de la
democracia en Venezuela, y en otros países como Bolivia, Ecuador y
Nicaragua. Libres de toda presión, estos mismos gobiernos
antidemocráticos han creado organizaciones como ALBA, UNASUR o CELAC,
cuya principal utilidad práctica ha sido la de rendir pleitesía al
gobierno dictatorial de Cuba (suspendido de la OEA desde 1962), avalar
las acciones antidemocráticas de muchos de estos gobiernos, y quitar
cualquier tipo de relevancia y protagonismo a la OEA y sus instituciones
(desde hace dos años, estos mismos gobiernos vienen protagonizando un
duro embate contra la importante Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: ente independiente y garante de los derechos humanos creado en
1948).

Coherente con esta lógica, en vez de solicitar una misión de observación
electoral de la OEA, el pasado 9 de marzo la presidenta del CNE de
Venezuela, Tibisay Lucena, solicitó a UNASUR la conformación de una
misión de mero "acompañamiento" electoral.

La misión de acompañamiento de UNASUR carece de las facultades
fiscalizadoras de las tradicionales misiones de observación electoral de
la OEA, así como de la experiencia y las normas procedimentales de
éstas. Sin embargo, lo más importante es que la UNASUR también carece de
las credenciales de independencia e imparcialidad que permitió a las
misiones de observación electoral de la OEA ejercer presión y jugar un
rol positivo frente a gobernantes autoritarios como Noriega y Fujimori,
en situaciones electorales muy similares a las que vivió Venezuela en
octubre del año pasado, y que se repiten hoy.

Al mismo tiempo, UNASUR, como ya dijimos arriba, ha guardado un silencio
ensordecedor frente a la erosión de la democracia y la violación de
derechos humanos en Venezuela y otros países de la ALBA, a pesar de que
esta situación está ampliamente documentada. UNASUR también se ha
mostrado siempre presta a emitir resoluciones apoyando a los poderes
ejecutivos de la región frente a cualquier conflicto con los demás
poderes, sin analizar cualquier responsabilidad que estos mismos poderes
ejecutivos pudieran tener.

En pocas palabras, UNASUR se ha dedicado a defender a los poderes
ejecutivos de la región independientemente de si gobiernan o no
democráticamente.

En consecuencia, el venidero proceso electoral en Venezuela no contará
con un observador internacional capaz de denunciar las medidas
ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Por ejemplo, el reglamento especial sobre la campaña electoral para la
elección presidencial 2013, emitido el 9 de marzo por el CNE, establece
tramposamente que los candidatos podrán contratar la difusión de
propaganda electoral durante un tiempo máximo de cuatro minutos diarios
por canal, dando a entender de que ambos candidatos cuentan con el mismo
tiempo en los medios.

Sin embargo, el CNE no denuncia o corrige el hecho de que la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, le
otorga al Ejecutivo setenta minutos adicionales por canal a la semana,
además del derecho a emitir cadenas oficiales que pueden extenderse de
manera indefinida durante horas. La semana pasada, el director de
campaña de Henrique Capriles, Carlos Ocariz, denunció que en los
primeros 8 días de campaña, el canal del Estado ha transmitido 1248
minutos de información y 342 minutos de cadenas oficiales a favor del
candidato oficialista Nicolás Maduro.

Lamentablemente, no existe ningún indicio de que UNASUR cumplirá el
importante rol de denunciar este tipo de abusos avalados por el CNE
venezolano y que hacen que la elección no pueda ser considerada "justa".

En efecto, el señor Francisco Távara, presidente pro témpore del Consejo
Electoral de UNASUR, quien el pasado lunes 25 de marzo firmó el acuerdo
de acompañamiento electoral con el CNE, expresó que la misión de
acompañamiento de UNASUR "sin formular valoraciones, dará fe del
desarrollo" del proceso. La presidenta del CNE, por su parte, elogió a
UNASUR diciendo que sus misiones "son innovadoras y en respeto,
colaboración y relaciones de igualdad [...] estamos haciendo realidad la
nueva política electoral del Sur".

Al excluir la observación electoral de la OEA e invitar a UNASUR a
"acompañar" el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez
más, que no permitirá un monitoreo internacional independiente de las
elecciones presidenciales venideras. Mientras esto sucede, en vez de
aplicar la cláusula democrática al gobierno venezolano, la OEA guarda
silencio y "la nueva política electoral del Sur" cada día se parece
menos a la democracia.

*Thor Halvorssen es presidente y Javier El-Hage director jurídico
internacional de Human Rights Foundation, una organización de derechos
humanos con sede en Nueva York.

Siga a Thor Halvorssen en Twitter en @ThorHalvorssen, a Javier El-Hage
en @JavierElHage y a Human Rights Foundation en @HRF.

Originalmente publicado en El País el 5 de abril 2013.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=38980