El fraude todo lo corrompe

El fraude todo lo corrompe
Carlos Armando Figueredo
Domingo, 4 de noviembre de 2012

El hecho de que un gobierno haya llegado al poder porque en las
elecciones una mayoría de los electores votó por ese gobierno voto a
favor del mismo puede considerarse como una condición necesaria, pero no
es una condición suficiente.

En derecho romano hay un adagio conocido y aceptado por los sistemas
jurídicos de nuestro tiempo: fraus omnia corrumpit, en español: el
fraude todo lo corrompe.

La característica del fraude es que el mismo proviene de una voluntad de
hacer daño a otro u otros a través de actos, conductas, decisiones
perversas que causan perjuicios a sus víctimas. En muchos casos, el
fraude implica responsabilidad penal de quien lo comete. Los actos
jurídicos en los que haya mediado fraude en su formación, pueden ser
declarados nulos.

Se dice que los gobiernos derivados de elecciones tienen legitimidad de
origen.

El hecho de que un gobierno haya llegado al poder porque en las
elecciones una mayoría de los electores votó por ese gobierno voto a
favor del mismo puede considerarse como una condición necesaria, pero no
es una condición suficiente. En efecto, si en una elección un candidato
es declarado triunfador porque, al escrutar y totalizar los votos obtuvo
la mayoría requerida por la ley, sin que se haya comprobado fraude en la
emisión de los votos, en su escrutinio y su totalización no basta para
que se diga que el elegido tenga legitimación de origen. Y es para que
en una elección pueda dar lugar a legitimación de origen del candidato
elegido, es necesario que en todo el proceso electoral que condujo a la
votación, no haya habido fraude. Ahora bien, si en una elección
presidencial, el candidato del gobierno, durante todo el proceso ha
sido favorecido por los actos, las decisiones y la conducta del
organismo que administra y controla las elecciones, en detrimento del
candidato o los candidatos de la oposición, es indudable que, por parte
de ese organismo, ha habido fraude que corrompe todo el proceso
electoral. La gravedad de ese fraude y el hecho de que las consecuencias
del mismo haya sido alterar la votación, cuyo resultado tal vez habría
podido ser distinto de no haber mediado fraude por parte del organismo
electoral, en los países donde hay pleno estado de derecho, con
instituciones autónomas e independientes, podría dar lugar a la nulidad
de la elección, con base al principio fraus omnia corrumpit.

La elecciones del 7 de octubre en Venezuela se realizaron bajo
condiciones muy adversas para la oposición. En ellas hubo actos,
conductas y decisiones del organismo electoral que, en muchos casos
fueron fraudulentas. Basta con citar algunas: nunca se permitió tener
certeza sobre la correcta elaboración del registro electoral permanente;
no se pudo auditar la emisión de cédulas de identidad por parte del
SAIME; se limitó en grados extremos las inscripción en el registro
electoral de los venezolanos residentes en el extranjero e incluso se
les dificultó la posibilidad de votar donde estaban inscritos, como fue
el caso de los electores de Miami; al candidato de la oposición sólo se
le permitieron 3 minutos diarios de propaganda en televisión y radio
mientras que el presidente de la República prácticamente no tuvo
limitaciones ya que el CNE consideró que sus transmisiones en cadena
nacional de radio y televisión no constituían propaganda electoral
sujeta a limitación; se permitió que en los organismos públicos se
desplegara propaganda a favor del candidato del gobierno, en franca
violación de la ley; se cambiaron algunos centros de votación para
colocarlos en sitios cercanos a lugares donde era previsible que la
mayoría de sus habitantes eran partidarios del gobierno; en el día de
las elecciones se colocaron en los centros de votación, puntos de
control y supuesta información para indicarles a los votantes el número
de mesa que les correspondía y diciendo que sin el papelito que allí
entregaban no iban a poder votar, sin que hubiese norma en la ley ni en
los reglamentos electorales que tuviese previsto ese control; se
utilizaron medios de transporte de instituciones públicas, e incluso de
la Guardia Nacional, para llevar a votar a las personas consideradas
como voto seguro a favor del presidente candidato; se prorrogó
arbitrariamente la hora tope de cierre de las votaciones; se abusó del
derecho a votación asistida.

Si se pudiera probar que sin ese fraude el resultado de las elecciones
hubiera sido otro, no hay duda de que estuvimos ante un fraude que todo
lo corrompió.

Es difícil pensar que, para las elecciones de diciembre, el CNE vaya a
abstenerse de esos actos, de esas decisiones y conductas que pueden
calificarse de fraudulentas. Ello no obsta para que la MUD, las ONGs y
la sociedad civil sigan denunciando vehemente esos hechos fraudulentos,
sin que por ello se vaya ni siquiera pensar en no votar.

figueredo.carlosar@gmail.com

http://www.analitica.com/va/politica/opinion/5616780.asp