El fatuo discurso de soberanía chavista

El fatuo discurso de soberanía chavista
El comandante, que no dejaba de aludir a la autonomía de Venezuela,
confió a Cuba detalles de identidad de todos los ciudadanos venezolanos
ALEK BOYD 6 NOV 2013 - 16:03 CET


Una de las palabras favoritas del extinto Hugo Chavez era soberanía. En
la constitución que la Asamblea Nacional Constituyente le hizo a la
medida en 1999, el término es incluido en el primer artículo. La palabra
se repite 20 veces a lo largo del documento, a diferencia de las seis de
la constitución anterior (1961). El discurso de Chavez está plagado de
soberanía: alimentaria, territorial, tecnológica, petrolera, económica,
militar... Todos y cada uno de los aspectos del "socialismo del siglo
XXI" están revestidos de soberanía. Cabe, por ello, contrastar el uso y
abuso del termino en la retórica, con la práctica, y hasta buscar el
diccionario, no vaya a ser que la Real Academia haya admitido un nuevo
uso, chavista, y no nos hayamos enterado.

Por el año 2000, Venezuela y Cuba, léase Hugo y Fidel, firmaron un
"Convenio Integral de Cooperación", léase Hugo se convirtió en el
mecenas en jefe de la dictadura castrista. Venezuela terminaría
convirtiéndose en principal y único sostén económico de Cuba. En los
innumerables encuentros subsiguientes, los dos líderes acordarían
"ampliar y sistematizar la colaboración entre los dos países". Este
mismo diario reportaría en 2010 el alcance de dicha "colaboración". Bajo
ese marco legal es mucho lo que se ha hecho: miles de médicos cubanos
-sin certificarse debidamente- trabajan en Venezuela; miles de barriles
de petróleo -número exacto sujeto a todo tipo de especulaciones-
manteniendo a flote la depauperada economía cubana; miles de
"entrenadores" y asesores de seguridad de la inteligencia cubana
actuando como fuerza de ocupación en Venezuela; miles de casos de
injerencia cubana en asuntos de competencia exclusiva de Venezuela; es
decir hay muchos ejemplos, pero a la vez no hay ninguno.

Hoy traemos un caso concreto, con nombres, responsabilidades, montos, y
demás detalles. Para muestra, el botón es un pacto llamado "CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, DE SEGURIDAD, DOTACIÓN DE
MOBILIARIO y ADECUACIONES ELÉCTRICA Y DE REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA".
El mismo fue firmado por Pedro Carreño, en aquel entonces Ministro del
Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), y Jose
Javier Morales, representante de la Fundación Misión Identidad, por la
"Parte Venezolana", y German Sanchez Otero, Embajador de Cuba en
Venezuela, y Filiberto Lopez Cosio, en representación de la Sociedad
Mercantil ALBET Ingeniería y Sistemas, un ente cubano.

El contrato es, en dos platos, un ejemplo de lo que Hugo Chavez entendía
por soberanía: ceder a Cuba el "diseño, desarrollo, suministro e
implementación de la solución tecnológica integral para el sistema
nacional de identificación del ciudadano a través de una Cédula
Electrónica que permita soportar el modelo de prestación de servicios
del "Gobierno Electrónico" de la República Bolivariana de Venezuela,
garantizando los suministros para el primer año de funcionamiento, los
Servicios Informáticos asociados para el adecuado funcionamiento de la
solución, la compatibilidad con los sistemas ya instalados y el
despliegue de la solución en todos las dependencias de la Oficina
Nacional de Identificación, Migración y Extranjería (ONIDEX)".

Es decir, Venezuela otorga poderes amplios a Cuba -una dictadura
comunista- confiando los detalles de identificación de todos los
venezolanos, y de paso, se compromete a pagarle algo más de 172 millones
de dólares. Para ponerlo aún más claro: es Cuba quien decide qué
subcontratista ha de desarrollar las nuevas cédulas, por cuánto, y
cuándo y de qué forma han de obtener los venezolanos sus nuevas cédulas
electrónicas. Espeluznante.

Entre los "considerandos" uno puede leer afirmaciones sobre las misiones
de MPPRIJ, entre cuyas responsabilidades estaría "velar por la seguridad
del Estado protegiendo la estabilidad y funcionamiento de las
instituciones democráticas y promover la seguridad jurídica de la
población a través de los órganos encargados de la identificación y de
los derechos humanos de los ciudadanos".

Pero donde abusan los redactores del acuerdo de lo medianamente
verosímil es en afirmar, siempre en los "considerandos", que "la
República de Cuba posee experiencia en las áreas de las tecnologías de
información y comunicaciones". Cuba es de todo menos un polo de
desarrollo de nuevas tecnologías de identificación electrónica y/o
comunicaciones.

Y es aquí donde debemos acudir a la RAE y revisar la definición de
soberanía, a ver si la misma da cabida a la cosmovisión chavista. Quizás
Hugo hubiese podido justificar tal acto, en uno de sus discursos de ocho
horas. Lo que ha quedado claro, es que la concepción de soberanía
chavista nada tiene que ver con la definición. Que un estado que se hace
llamar soberano, y cuyo líder pasó una buena parte de los últimos 20
años de su vida pontificando sobre soberanía, permita voluntariamente a
un régimen dictatorial inmiscuirse en procesos de cedulación para los
cuales se requiere acceso a toda la data de identificación de toda su
ciudadanía es algo nunca visto, al menos en lo que respecta a la
historia republicana de Venezuela. Y que además pague 172 millones de
dólares por ello es una afrenta, no a la soberanía de Venezuela, sino al
sentido común, pues Cuba de tecnologías modernas no sabe nada.

Como para demostrar el punto, todos los negocios de la dizque nueva
cédula electrónica venezolana se cerraron en La Habana, entre ALBET y
subcontratistas seleccionadas por Cuba. ALBET, el ente cubano
responsable de "desarrollar" todo lo concerniente al proyecto de cédula
electrónica, no desarrolló absolutamente nada. Simplemente acudió al
mercado, con los 172 millones de dólares, a buscar subcontratistas que
si saben del tema. A La Habana fueron a parar representantes de
Bundesdruckerei y de Gemalto. En su empeño por asistir económicamente a
su ídolo, Hugo Chavez hizo un "outsourcing" de corrupción a Cuba. El
caso específico del sistema de cedulación presentó para ALBET, un
instituto con nula experiencia en proyectos del tipo, una oportunidad de
oro, amen de la posible transferencia de la data de identificación de
venezolanos a Cuba y tecnologías adquiridas con fondos venezolanos.

De colofón, un ejemplo irrefutable de la absoluta ausencia de estado de
derecho (inexistente en Cuba) en la Venezuela chavista: la cláusula
decimocuarta del contrato, sobre "solución de controversias" establece
que "cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este
contrato" tendrá como última instancia para la resolución a "los
Presidentes de las respectivas Repúblicas", léase Hugo y Fidel.

Cabe preguntarse, ¿para qué involucrar a Cuba en procesos como los
descritos? Y, ¿cómo puede reconciliarse tal cesión de responsabilidades,
de competencia exclusiva del estado venezolano, con el discurso de
soberanía chavista?

Alek Boyd es periodista.

http://elpais.com/elpais/2013/11/06/opinion/1383750197_462602.html