El servicio Fiscal venezolano apoya conceder a Maduro un poder legislativo especial

29 de septiembre de 2013 • 18:19

El servicio Fiscal venezolano apoya conceder a Maduro un poder
legislativo especial

La titular de la Contraloría General de Venezuela, Adelina González,
expresó hoy su apoyo a la anunciada petición del presidente del país,
Nicolás Maduro, para contar con poderes legislativos especiales en su
lucha contra la corrupción.

"Si alguien está legitimado para solicitar una ley habilitante que luche
contra la corrupción es el presidente, por la sencilla razón de que él
es el primer contralor (...), como administrador de la hacienda pública
nacional tiene toda la legitimidad" para ello y "hay que apoyarlo",
declaró González a la emisora privada Televen.

Maduro ha anunciado que pedirá a la Asamblea Nacional, el Parlamento
unicameral, la ley habilitante, instrumento que faculta al gobernante a
legislar sin control parlamentario, con el fin de aprobar medidas que
faciliten la lucha contra la corrupción.

Para ello necesita tres quintas partes del cuerpo de diputados, 99
votos, pero el chavismo tiene 98 escaños, por lo que necesitaría el
apoyo de alguien de la bancada opositora, lo que Maduro y diputados
oficialistas dan por descontado que sucederá.

La oposición a Maduro ha adelantado su rechazo a esa petición al afirmar
que ya existen normas para combatir la corrupción y sólo hace falta
aplicarlas, al tiempo que ha expresado su temor a que esa facultad pueda
ser utilizada por el presidente con fines políticos.

El líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, ha
afirmado que la única forma de que Maduro consiga esos poderes
especiales será "vía corrupción" para que "alguien vaya a saltar la
talanquera", como se califica en Venezuela el cambio de bando.

La titular de la Contraloría General reveló que desde el año 2000 y
hasta la fecha 3.019 funcionarios fueron señalados con "responsabilidad
administrativa" por diferentes actos de corrupción, de los cuales 1.296
fueron sancionados con medidas de destitución, inhabilitación o suspensión.

"Dirán que esta cifra es pequeña, pero es que hasta el año 2002 los
órganos de control interno no podían declarar responsabilidad
administrativa a nadie, sino solo a las máximas autoridades, y eso
cambió" con leyes que ahora requieren ser unificadas, labor que se
estima cumplirá Maduro si su petición es apoyada por la Asamblea.

"No podemos dejar de reconocer que hay debilidades en nuestro sistema",
por lo que "debemos armonizar las estructuras del Estado" para,
adicionalmente, atender los requerimientos de la ciudadanía que se ha
sumado al combate a la corrupción, añadió González.

"El ciudadano está incorporado y se atreve a ir a un órgano de control a
denunciar. Antes nadie se atrevía, ahora tenemos personas preparadas
para luchar contra la corrupción", incluso dentro de las organizaciones
sociales y políticas de base, destacó la funcionaria.

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