Brasil, el inicio de una nueva era

Brasil, el inicio de una nueva era
La suspensión de Dilma Rousseff ha sido decretada con arreglo a derecho
lunes, mayo 16, 2016 | René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba.- Como se sabe, nuestra Cuba, pequeña y subdesarrollada,
fue el primer país del mundo en alcanzar distintos logros. Esto se
extiende, por ejemplo, al uso comercial del teléfono, al empleo del aire
acondicionado en locales públicos –concretamente, en tiendas– y a la
creación de un tribunal especializado en dictaminar si las leyes y otras
disposiciones se ajustan o no a la Constitución.

Lo que me ha hecho recordar ese carácter pionero que a veces ha tenido
nuestra Isla es el actual proceso para destituir a la presidenta de
Brasil. El primer país en donde un trámite de ese tipo culminó con éxito
fue precisamente Cuba. Sucedió en 1936, y el afectado fue el entonces
recién electo Miguel Mariano Gómez Arias. El impeachement concluyó con
la asunción del Ejecutivo por el vicepresidente, que era un
cienfueguero: el coronel de la Guerra de Independencia y abogado
Federico Laredo Bru.

Al igual que sucedió hace pocos años con el presidente paraguayo –el
obispo Fernando Lugo–, el proceso contra Miguel Mariano se tramitó en
cuestión de horas. Por suerte, en 1936 no había tanta tendenciosidad
política como hoy, y la destitución del primer mandatario cubano fue
aceptada como lo que realmente fue: el ejercicio –acertado o no, pero
sin dudas válido–, por parte de los órganos facultados para ello –Cámara
de Representantes y Senado– de unas funciones que les otorgaba la carta
magna vigente.

Ahora confrontamos un panorama bien distinto. En el caso de Lugo, la
rapidez de la tramitación fue tomada como pretexto para aducir la "falta
de garantías" en el proceso. Los simpatizantes del obispo fornicador se
escudaban en el nombre de la institución (juicio político) para
compararla al procesamiento de un presunto delincuente cualquiera.

Cerraban los ojos a una circunstancia obvia: un Congreso, al evaluar la
labor del Ejecutivo –que es lo que viene a ser el dichoso impeachement–,
se guía por criterios bien distintos a los que deben primar durante un
enjuiciamiento criminal. En éste, la corte debe formarse una opinión
acerca de si el acusado hizo o no aquello de lo que se le acusa. Para
evitar posibles injusticias, se aplican principios como la presunción de
inocencia.

La extrapolación que se pretende hacer al juicio político de un
presidente es francamente absurda. Los actos realizados por un Jefe de
Estado en su condición de tal han permanecido a la vista de sus
conciudadanos durante todo el tiempo que ha estado ejerciendo su alto
cargo. Sus acciones y omisiones son conocidas por todos. No es menester
practicar pruebas para indagar qué sucedió, sólo se necesita la
evaluación política de ese actuar.

En el caso del Congreso Federal de Brasilia, ni siquiera se puede aducir
que haya habido festinación. El proceso se ha extendido durante meses.
Las votaciones en ambas cámaras han sido nominales, y cada legislador ha
tenido la oportunidad de explicar sus razones para apoyar o impugnar el
procesamiento. Por ahora, el resultado de la larga tramitación no es
siquiera la destitución de la Presidenta, sino solo su suspensión en el
cargo por medio año. En ese plazo debe realizarse el juicio propiamente
dicho.

A pesar de todo ello, la reacción virulenta de las izquierdas no se ha
hecho esperar. En el mismo Brasil, los militantes más exaltados del PT
(Partido de los Trabajadores) prometen no reconocer al nuevo gobierno de
Michel Temer; algunos hablan hasta de "régimen de facto". Los
"socialistas del siglo XXI" han criticado a coro la medida. En Cuba, el
diario oficialista Granma publicó el pasado viernes una "Declaración del
Gobierno Revolucionario" en la que se expresa apoyo a Dilma, a Lula, a
varias de sus medidas y a su movimiento político. Si eso no es
injerencia en los asuntos internos de Brasil…

Uno de los argumentos predilectos de los partidarios de la Rousseff –y
de la misma ex presidenta– es la circunstancia de haber obtenido en las
elecciones "más de 54 millones de votos". Esta afirmación no resiste el
menor análisis. Al escucharla, la pregunta que se impone es: ¿Pero acaso
el vicepresidente Temer no recibió exactamente el mismo número de sufragios!

Hay que decir que, en la referida declaración del régimen de La Habana,
los redactores tuvieron el tino de no invocar el argumento mencionado en
el párrafo precedente. ¡Habría sido el colmo oírlos aludir a la cantidad
de votos alcanzado por Dilma, cuando los propios cubanos jamás hemos
tenido la ocasión de emitir ni uno solo para decidir directamente quién
ocupará la presidencia de los consejos de Estado y de Ministros!

De todos modos, lo determinante no es el número de sufragios obtenido.
¡Claro que ella y Temer recibieron más de la mitad de los emitidos, pues
el actual sistema político de Brasil está diseñado de ese modo! Pero el
certificado de elección no es una patente de corso. Al ejercer sus altos
cargos, ambos –al igual que los restantes mandatarios– están sometidos a
la Ley.

Y el órgano competente para determinar si esta última ha sido violada o
no es el Congreso Federal. ¡Que nadie pretenda subrogarse en el lugar y
grado de aquellos a quienes la Constitución brasileña faculta para
decidirlo!

Source: Brasil, el inicio de una nueva era | Cubanet -
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