El desprecio “revolucionario” por sus propias leyes

El desprecio "revolucionario" por sus propias leyes
Venezuela y Cuba son el mejor ejemplo
Eugenio Yáñez, Miami | 26/05/2016 9:29 am

¿Cuántas mentiras dijo Fidel Castro desde la Sierra Maestra y durante
los primeros días de 1959 sobre el futuro democrático de Cuba? ¿Cuántos
embustes dice Nicolás Maduro, todos los días denunciando nuevas
conspiraciones contra él o amenazas de invasión a Venezuela?
Al menos Fidel Castro sabía mentir. Maduro, ni eso. Miente como
comisario político, y todo el mundo, en Venezuela y en todas partes,
sabe que está mintiendo y que ni él mismo puede creer lo que dice.
Da asco ver a ese farsante y su compinche Diosdado Cabello, delincuentes
que podrían estar en la cárcel por delitos comunes, agitando el librito
de la Constitución "bolivariana" en la mano, cuando nadie la viola más
que ellos, que actúan a su antojo por sobre las leyes.
Interesante observar el desprecio de los dirigentes "revolucionarios"
por las leyes que ellos mismos implantan. Da risa que en la siempre
unánime Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba exista una comisión
de asuntos constitucionales, en un país donde la legislación responde a
los deseos del gobierno, y las votaciones del llamado "parlamento"
cubano casi siempre son unánimes.
Someter al Tribunal Supremo cubano o venezolano alguna reclamación sobre
constitucionalidad de cualquier tema es perder el tiempo: basta conocer
la voluntad del gobierno sobre el asunto a debate y se puede saber cuál
será la decisión del "máximo tribunal".
Cuando la oposición ganó aplastantemente las elecciones legislativas en
diciembre de 2015 en Venezuela, la asamblea saliente, de mayoría
oficialista, hizo algo técnicamente legal, pero evidentemente inmoral:
en los días finales de su mandato llenó a la carrera los cargos vacantes
de jueces y suplentes del Tribunal Supremo con personas absolutamente
sumisas a la pandilla gobernante.
Producto de tal acción, desde enero de este año se han visto los
resultados. Las decisiones y legislación elaborada por la Asamblea
Nacional se cuestionan por el Poder Ejecutivo, que de inmediato las
envía al Tribunal Supremo para decidir su constitucionalidad. Y, que
casualidad, el Poder Judicial siempre considera que la decisión de la
Asamblea Legislativa con mayoría opositora es inconstitucional, y
gracias a ese criterio "legal", no entra en vigor nada de lo que aprueba
la Asamblea, sea una Ley de Amnistía, cuestionar decretos dictatoriales
dictados por Maduro para hacer lo que le da la gana, o llamar a rendir
cuentas a los ministros del desgobierno venezolano.
El procedimiento del referendo revocatorio no existía en la Venezuela
prechavista. Surgió con la elección de una asamblea constituyente y la
proclamación de una nueva Constitución tras el ascenso de Hugo Chávez a
la presidencia. Los chavistas lo consideraron no solamente válido, sino
ejemplo de democracia popular.
Cuando ese mecanismo tomó fuerza legal en Venezuela, la oposición
solicitó un referendo revocatorio contra Chávez, y el golpista teniente
coronel aceptó el reto una vez que los opositores cumplimentaron los
requisitos legales para activar ese mecanismo. Fue pelea entre león y
mono, con el mono amarrado: hubo muchas presiones y no pocos fraudes por
parte del oficialismo, pero como quiera que fuera Chávez ganó el
referendo, se mantuvo en su cargo, y continuó reeligiéndose hasta su muerte.
Ahora que la oposición activó nuevamente ese mecanismo constitucional,
el gobierno venezolano le pone continuas trabas y no quiere celebrarlo,
al menos durante 2016. Porque todos saben que Nicolás Maduro resultaría
rotundamente derrotado y la consulta popular provocaría la cesantía del
inepto y corrupto gobernante y la convocatoria a elecciones
presidenciales en un plazo de 30 días.
Esa historia se vivió en Cuba, de otra manera. Cuando Osvaldo Payá creó
el Proyecto Varela y logró recoger más de diez mil firmas solicitando
reformas, basándose en resquicios de la Constitución "socialista"
vigente en Cuba, planteó un reto al régimen cubano, que resonó mucho más
cuando el expresidente Jimmy Carter se refirió públicamente a esa
iniciativa durante un discurso en La Habana televisado a todo el país.
Aunque algunos subestiman el Proyecto Varela, y otros se esmeran en
desacreditarlo y burlarse de él, el hecho de que en Fidel Castro se
desatara una histeria con rasgos de paranoia, y convocara una apresurada
movilización en todo el país para modificar "su" propia Constitución y
establecer en la misma el socialismo cubano como "irreversible",
demuestra el temor del tirano creyendo que un resquicio legal pudiera
resquebrajar su podrida dictadura.
Posteriormente, los poderes "legislativo" y "judicial" en la isla-finca
se encargaron de complementar el asesinato del Proyecto Varela con
interpretaciones, regulaciones y definiciones que impedirían su
posibilidad de materializarse. Algunos consideran que tales decisiones
de la dictadura son piedras filosofales que sientan jurisprudencia,
aunque no sean más que evidentes muestras del desprecio "revolucionario"
por las leyes y el Estado de derecho en sus fincas-países.
Más recientemente, hemos visto a Raúl Castro dar marcha atrás con sus
propias disposiciones jurídicas. Las primeras entregas de tierra en
usufructo prohibían que en esas tierras existieran viviendas, por
ejemplo, pero al comprobarse que quienes las trabajaban debían estar en
ellas continuamente para evitar robos, se modificó la legislación.
"Flexibilidad" dirán algunos, "dialéctica", dirán los más idiotas. Pero
el hecho cierto es que las disposiciones legales se modifican a
conveniencia del gobierno, y lo que menos cuenta son las opiniones de
los "legisladores" cubanos.
Más recientemente, después de años repitiendo ad nauseam que en Cuba lo
que se habían autorizado eran "cuentapropistas", el régimen y sus
chupatintas no han tenido más remedio que aceptar que existen de facto
pequeñas y medianas empresas privadas que deben tener personalidad
jurídica propia. Y de nuevo las modificaciones se harán sin importar en
lo más mínimo la opinión de los "legisladores".
Al menos, en el caso de la promesa de Raúl Castro del vaso de leche
diario para cada cubano, no fue necesario modificar ninguna regulación,
porque nunca existió. Y para acabar con cualquier ilusión que quedara
sobre el tema, ya el libelo Granma se encargó recientemente de publicar
un reportaje sobre las dificultades que atraviesa la industria láctea,
donde como siempre la culpa es de otros y no del régimen, y avisar que
las eventuales mejoras en esa industria y el aumento del consumo
demorarían más o menos casi hasta las calendas griegas.
Sin dudas, democracias socialistas como la cubana y la venezolana se
encuentran entre las más perfectas del mundo en toda su historia.
Y el que piense lo contrario es gusano, fascista, agente de la CIA o
golpista.

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