Fiscal Ortega desafía de nuevo a Maduro y acusa al Tribunal Supremo de usurpar funciones

Fiscal Ortega desafía de nuevo a Maduro y acusa al Tribunal Supremo de
usurpar funciones
María Isabel Sánchez
Agence France Presse

Caracas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidió este jueves el
ingreso al Ministerio Público de la abogada chavista que la reemplazará
si es destituida, en un nuevo desafío al gobierno de Nicolás Maduro.

Katherine Haringhton llegó sorpresivamente a la sede de la Fiscalía, en
el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los
portones cerrados, decidió retirarse sin tomar posesión de su cargo como
vicefiscal.

"Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el
TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de ingresar al MP", dijo Ortega,
quien enfrenta un proceso judicial que podría llevar a su remoción en
los próximos días.

En un comunicado que difundió en la noche del jueves, el Ministerio
Público acusó a la corte de haber usurpado funciones de Ortega y el
Parlamento, de mayoría opositora, cuando hizo la designación de
Haringhton, que calificó de "inconstitucional, ilegal, (e) ilegítima".

El TSJ, acusado de servir al gobierno, fue blanco este jueves de la ola
de manifestaciones que desde hace tres meses realizan opositores —con
saldo de 91 muertos— para exigir la salida de Maduro del poder, en medio
de una devastadora crisis económica.

Pero las fuerzas de seguridad bloquearon la marcha en el este de Caracas
con bombas lacrimógenas, lanzadas incluso dentro de un concurrido centro
comercial. Según las autoridades, 45 personas, entre ellas 17 niños,
fueron atendidas de emergencia por los efectos de los gases.

La prensa local reportó disturbios nocturnos en varios puntos de la capital.

La fiscal, al igual que la oposición, acusa a policías y militares de
una "desbordada represión" contra manifestantes, en cumplimiento de
órdenes del gobierno de Maduro, rechazado según la encuestadora
Datanálisis por ocho de cada 10 venezolanos.

"Hoy tiene más sentido tomar las calles después del asalto paramilitar
que hicieron al Congreso", dijo el alcalde opositor David Smolansky.

El miércoles, seguidores del gobierno hirieron a siete diputados al
irrumpir en la sede del Parlamento, que permaneció bajo asedio de
partidarios oficialistas durante nueve horas

La incursión violenta, que Maduro condenó sin admitir que haya sido obra
de seguidores suyos, fue repudiada por varios países latinoamericanos,
Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, el Mercosur y la Organización
de Estados Americanos (OEA).

Haringhton fue juramentada hace dos días por el TSJ, poco antes de una
audiencia que realizó el tribunal para decidir, en los próximos tres
días, si enjuicia a Ortega por "faltas graves", acusada por el
oficialismo de mentir en señalamientos contra los magistrados.

"Veníamos a hacer un equipo de trabajo, a procurar la reflexión de la
fiscal general para actuar en pro del país. (…) Yo tengo una misión, he
sido juramentada para cumplirla", aseveró la vicefiscal, quien dijo
estar segura de que Ortega "va a pensar un poco mejor en calma".

Tras años de línea oficialista, Ortega se convirtió hace tres meses en
una de las principales adversarias de Maduro y del TSJ, y el martes se
negó a comparecer en la audiencia al señalar que no convalidaría un
"circo" cuyo resultado está "cantado".

El Ministerio Público sostiene que la aprobación del nombramiento de la
vicefiscal es potestad exclusiva del Legislativo, así como la remoción
de la fiscal. Pero el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato
desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.

"Me parece muy bien que no la hayan dejado entrar, porque es una
usurpación. Todo poder que no controla, el gobierno trata de
neutralizarlo sin importar que viole la Constitución", dijo el diputado
y exjefe parlamentario Henry Ramos Allup.

Haringhton, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada
en 2015 por Estados Unidos, que la acusa de violaciones a los derechos
humanos al haber enviado a la cárcel a dirigentes opositores como el
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

"Me comprometo a hacer cumplir las leyes. Este no es un Estado
forajido", manifestó la vicefiscal.

En plena tensión, Maduro sigue adelante con el proyecto de una Asamblea
Constituyente que será elegida el 30 de julio. Dos semanas antes, la
oposición realizará un plebiscito simbólico para demostrar, según sus
dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de los
venezolanos.

Este jueves, Maduro exigió a todos los empleados públicos -unos 2,8
millones- votar "sin excusa".

"Empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por
gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a votar por la
Constituyente!", expresó el mandatario.

El año pasado, sindicatos denunciaron que más de un millar de empleados
estatales fueron despedidos por firmar en respaldo a un referendo
revocatorio que la oposición promovía contra el gobernante, una consulta
que tribunales bloquearon en octubre.

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article160060514.html