La fiscal general pide autorización al Supremo para juzgar a ocho
magistrados
AGENCIAS | Caracas | 14 de Junio de 2017 - 01:41 CEST.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, protagonizó este
martes un nuevo embate contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al
solicitar que se retire la inmunidad a ocho de sus magistrados por
"conspirar" contra la nación al haber decidido en marzo pasado despojar
de sus funciones al Parlamento.
El 29 de marzo el Supremo decidió asumir las competencias de la Asamblea
Nacional (AN) y delimitó la inmunidad de sus diputados.
Aunque cuatro días después la alta corte rectificó estas decisiones, la
Cámara, controlada por la oposición, le acusó de haber dado un golpe de
Estado con el aval del presidente Nicolás Maduro, y consideró que esto
no se puede "corregir" suprimiendo una sentencia.
Según la titular del Ministerio Público (MP), con esas sentencias
"prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional".
"Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia", dijo,
a lo que agregó que, ante el desconocimiento del estado de derecho, se
vio "en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito".
En ese sentido, Ortega afirmó que estas decisiones fueron una manera de
"conspirar" contra la república.
Este "antejuicio de mérito" solicitado a la plenaria del TSJ recae sobre
seis magistrados principales de la Sala Constitucional: Juan José
Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani,
Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René
Degaves.
A juicio de la fiscal, la Sala Constitucional ha venido actuando con una
"política reiterada" en contra de la Cámara.
"Yo quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza como se
conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira
generando daños irreparables a través de sentencias", sostuvo.
Además, citó, entre esas formas de atentado, la convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo ordenamiento
jurídico sin que se haya consultado previamente a los venezolanos.
No se puede "desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma
republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos",
recalcó.
Por estas mismas sentencias del Supremo, y luego por la convocatoria a
la Constituyente, la oposición inició una agenda de protestas desde el
pasado 1 de abril.
Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William
Saab, solicitó al máximo tribunal que aclare las competencias del
organismo que él dirige para participar en las investigaciones de la
Fiscalía, por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.
El funcionario consideró que es una "cualidad inherente" de su despacho
investigar las violaciones de derechos humanos y aseguró que ha habido
"una interpretación libre" de la Constitución por parte del MP que,
afirmó, ha impedido la participación de su institución en algunos casos.
"Se ha presentado una controversia en el sistema de justicia con
relación a esta competencia", dijo Saab antes de introducir ante la Sala
Constitucional un recurso de interpretación del artículo 285 de la
Constitución.
Este apartado establece, entre otros aspectos, que es una atribución de
la Fiscalía "ordenar y dirigir la investigación penal", "garantizar la
celeridad y buena marcha de la administración de justicia" y "ejercer en
nombre del Estado la acción penal".
Aunque Saab dijo no tener duda respecto a las facultades de la
Defensoría del Pueblo, consideró que es "sano para la democracia" que el
Supremo aclare si en efecto esta institución puede "abrir investigación
y tener acceso a las actuaciones (...) cuando exista la violación de un
derecho humano".
La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva
de su despacho y, con base en ello, ha desmentido versiones del
Ejecutivo sobre algunos hechos violentos suscitados en medio de la
crispación social del país.
Este recurso de Saab surge cuando el Gobierno venezolano cuestiona a
Ortega por su actuación frente a la oleada de protestas.
También acudió hoy al TSJ el diputado chavista Pedro Carreño para
solicitar los requerimientos para la conformación de una junta médica de
expertos, psiquiatras y psicólogos que evalúen la conducta de Ortega.
"Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y
eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales",
afirmó el parlamentario en referencia a la supuesta "insania mental" de
la fiscal.
Un grupo de fiscales y procuradores de 12 países respaldan a Ortega
Un grupo de fiscales y procuradores de 12 países expresaron este martes
su respaldo a la fiscal venezolana y manifestaron su "preocupación" por
la arremetida oficialista en su contrra.
"Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de
poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción
ilegal o arbitraria contra la Fiscal", indicó en un comunicado la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) difundido por
la Fiscalía.
El documento, difundido por el Ministerio Público venezolano (MP), fue
suscrito por representantes de los Ministerios Públicos de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala,
Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay.
La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al
denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Tribunal
Supremo y luego al rechazar el eventual cambio de Constitución, lo que
ha provocado que desde el chavismo la tilden de "traidora" y manejen la
posibilidad de solicitar a esa corte una evaluación por supuesta
"insania mental".
Además presentó este lunes una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron,
según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de
2015.
El grupo de fiscales y procuradores por su parte rechazó "cualquier
pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier
modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende
busquen afectar las investigaciones en curso".
Consideró "fundamental que se resguarde el rol constitucional del
Ministerio Público venezolano", especialmente en relación a "la
salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su
independencia y autonomía".
La Fiscalía informa de otra muerte
La Fiscalía informó este martes de la muerte de Douglas Acevedo de 45
años, un jefe policial del estado Mérida (oeste) que resultó herido de
bala durante una manifestación en esta región de los Andes venezolanos.
En un comunicado el ente explicó que la tarde de este martes
funcionarios de la policía del estado "se disponían a restablecer el
orden público en una manifestación suscitada en la avenida Urdaneta de
la referida localidad andina, cuando se presentó una situación irregular".
Tras ello, continúa el organismo, "resultaron heridos por impactos de
bala Acevedo en la región clavicular izquierda y otras tres personas".
Por su parte, el gobernador de Mérida, el chavista Alexis Ramírez,
afirmó que el hecho ocurrió "después de los llamados de violencia de la
dirigencia opositora" que, dijo, había llamado a sus simpatizantes a
plantarse en las vías para protestar en contra del Gobierno.
A través del canal estatal VTV, Ramírez aseguró que personas
"encapuchadas terroristas dispararon en varias oportunidades" provocando
las heridas a las cuatro personas.
El gobernador indicó que entre los lesionados "por proyectiles" hay otro
oficial de la policía regional de nombre Jorge Roa, que fue herido en la
pierna izquierda, y los estudiantes Eduardo Márquez de 20 años y Luis
Sánchez de 20 años quienes sufrieron heridas en el abdomen.
La oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Nicolás
Maduro que cumple 74 días ha degenerado en algunos hechos violentos que
se han saldado con 69 muertos, incluyendo el caso de Acevedo, y más de
un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.
Source: La fiscal general pide autorización al Supremo para juzgar a
ocho magistrados | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1497397273_31858.html
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