El poder electoral aprueba las bases de la 'Constituyente' propuestas por Maduro

El poder electoral aprueba las bases de la 'Constituyente' propuestas
por Maduro
AGENCIAS | Caracas | 26 de Mayo de 2017 - 10:56 CEST.

La autoridad electoral de Venezuela aprobó el jueves las bases que
propuso el presidente Nicolás Maduro para elegir a los miembros de una
Asamblea Constituyente a cargo de redactar una nueva carta magna,
iniciativa que la oposición cataloga de inconstitucional, reportó la AP.

Tras casi dos meses de intensas protestas antigubernamentales casi
diarias en las que han muerto al menos 57 personas, Maduro entregó el
martes al Consejo Nacional Electoral las bases para efectuar los
comicios en los que se elegirá a los miembros de la Constituyente, con
el fin de que el CNE diera el visto bueno.

La oposición rechazó vehementemente estas bases, ya que reclama la
realización de elecciones generales, y además ha catalogado de
inconstitucional la convocatoria de la Asamblea por omitirse la
realización de un referendo previo.

La propuesta del mandatario abarca dos niveles para establecer las
bases: territorial y sectorial, este último procedente de sectores
estudiantiles, laborales y empresariales, incluidos los representantes
de instancias vecinales conocidas como comunas y consejos comunales, que
en su mayoría forman parte de las bases del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), actualmente en el Gobierno.

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, declaró el jueves que se aprobó la
propuesta de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente en
esos dos niveles mencionados. En el territorial serán elegidos 364
legisladores y en el sectorial se escogerá a 181 asambleístas, entre
ellos ocho representantes de las comunidades indígenas, tal y como lo
propuso el mandatario.

De los 173 legisladores sectoriales a elegir, 79 serán del sector
laboral, ocho de agrupaciones de campesinos y pescadores, cinco
empresarios, cinco representantes de las personas discapacitadas, 28
pensionados, 24 estudiantes y 24 miembros de consejos comunales, agregó
Lucena, sin dar otros detalles.

Además, comentó que el organismo aún no ha definido la fecha de los
comicios debido a que todavía "evalúa la posibilidad" de dividirlos en
dos debido a la complejidad de la propuesta.

Horas después, Maduro elogió el avance del proceso constituyente y
ordenó a sus seguidores a realizar asambleas de postulación para definir
a los candidatos.

El mandatario expresó que la Asamblea Constituyente es "el único camino
para un diálogo de paz" que derrote la violencia.

"Nadie se puede negar a participar", agregó

Esta semana la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, acordó convocar
a un referendo consultivo para preguntarles a los venezolanos si están
de acuerdo en que se convoque o no a una Asamblea Constituyente, y sobre
la permanencia de Maduro en la presidencia hasta el 2018.

Sin embargo, para que el proceso de referendo pueda prosperar necesita
el respaldo del CNE, favorable al Gobierno.

Los críticos del presidente sostienen que, bajo las condiciones
dispuestas por Maduro, al menos 31% de los miembros de la futura
Asamblea Constituyente serán elegidos en circunscripciones especiales y
organizaciones sociales y gremiales, sectores dominados por el
oficialismo, y afirman que esa modalidad va en detrimento del voto
universal, directo y secreto.

Luisa Ortega desmonta la tesis del Gobierno sobre los delitos en las
protestas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desmontó varias de
las tesis que el Gobierno de Maduro ha presentado sobre muertes,
disturbios y otros delitos cometidos en el marco de las protestas
antigubernamentales que se han desarrollado desde hace más de mes y
medio en el país, reportó EFE.

El primer punto que aclaró la fiscal a periodistas tiene que ver con el
número de fallecidos en la ola de manifestaciones que cifró en 55, tres
de los cuales son policías, y exhortó a personas que no forman parte del
Ministerio Público o de los órganos de investigación penal, evitar dar
informaciones sobre estos sucesos.

Indicó que la muerte del estudiante Juan Pernalete ocurrida el 26 de
abril en un escenario de protestas en Caracas se produjo tras recibir el
impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos desmintiendo así
la tesis oficialista de que el joven de 20 años había sido herido por
una pistola usada en la ganadería.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como el ministro de
Información, Ernesto Villegas, habían señalado a la oposición por esta
muerte de la que hoy la fiscal responsabilizó a la Guardia Nacional
(policía militarizada).

"Yo quiero señalar a quienes ejercen funciones policiales de orden
público que los efectos de disparar bombas lacrimógenas con escopetas a
las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no solo por las propias
instrucciones que están aquí (en el envase) sino por los estándares
nacionales e internacionales", dijo.

Pidió a los actores políticos "en pugna" no lanzar hipótesis sobre los
móviles de los delitos que están ocurriendo durante las protestas al
tiempo que invitó a los medios de comunicación a obtener la información
"de primera mano" en el Ministerio Público.

Dijo que estas "hipótesis previas" que se divulgan "a través de voceros
no competentes" entorpecen las investigaciones y generan una "presión
innecesaria e irrespetuosa a la labor de los funcionarios encargados de
investigar de forma objetiva los delitos".

También comentó el caso del estado occidental de Barinas en donde se ha
informado de siete muertos, saqueos y destrozos y "solamente hay ocho
privados de libertad".

Apuntó que los habitantes de Barinas han denunciado "la poca presencia o
no intervención policial" en la región.

Por otra parte, criticó el uso "excesivo de la represión" en las
manifestaciones y pidió dejar que las personas protesten mientras lo
hagan de forma pacífica, así como evitar las detenciones sin causa aparente.

"Hay que identificar las causas de la confrontación entre los
venezolanos, confrontación que no se resuelve privando de libertad a las
personas sino reconociendo que existe el problema, el descontento social
es producto de la severa crisis económica que ocasiona el
desabastecimiento de alimentos, medicinas y la inseguridad que hay",
sostuvo.

Señaló que 19 funcionarios policiales y militares han sido imputados
"por la presunta comisión de los delitos de homicidios, trato cruel,
inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima
de libertad, violación de domicilio, entre otros delitos".

Comentó que "preocupa mucho" que desde principios de abril cuando se
iniciaron las protestas hasta ahora vayan más de 500 heridos "por el uso
de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado".

Padrino López sale en defensa de las fuerzas armadas y critica a Ortega

El jueves, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, salió a
defender a las fuerzas armadas y criticó que la Fiscalía General haya
responsabilizado a un guardia nacional de la muerte de un manifestante.

Consideró que las declaraciones de Ortega buscan "golpear el liderazgo
de los militares", quienes se han convertido en uno de los principales
soportes de Maduro, precisó otro reporte de la AP.

La fiscal general, confesa chavista, se distanció de la línea
gubernamental desde que el máximo tribunal asumió brevemente en marzo
las competencias del Parlamento (de mayoría opositora), por considerarlo
una "ruptura del orden constitucional".

Hace unos días expresó sus críticas a una Asamblea Constituyente
convocada por Maduro, por considerar que agravará la crisis del país.

Padrino también avaló los procesos que iniciaron tribunales militares
contra civiles detenidos y sostuvo que la legislación castrense
establece que cualquiera puede ser juzgado por cometer los delitos de
"ultraje al centinela y a la fuerza armada".

En un comunicado divulgado el jueves en la noche, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo ordenó al alcalde del municipio capitalino de
Sucre, Carlos Ocariz, tomar medidas necesarias para impedir que los
manifestantes cierren vías y perturben el orden público.

Ocariz se suma a otros ocho alcaldes, cinco del estado Miranda y dos del
estado andino de Mérida, los cuales recibieron la víspera una orden
semejante para que mantengan las vías libres de barricadas.

En los municipios de Sucre, Chacao, Baruta y el Hatillo, que forman
parte del área metropolitana de Caracas, se han focalizado las protestas
contra Maduro desde marzo.

Durante las manifestaciones del 2014, sentencias semejantes contra dos
alcaldes de los estados Carabobo y Táchira derivaron en su detención y
posterior destitución. El delito de desacato en Venezuela contempla
condenas de seis a 15 meses de cárcel.

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propuestas por Maduro | Diario de Cuba -
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