Del desenmascaramiento de chavistas a la difamación hay un solo tuit

Del desenmascaramiento de chavistas a la difamación hay un solo tuit
JOHANNA A. ÁLVAREZ
jaalvarez@elnuevoherald.com

Un grupo de venezolanos se reunía en un popular restaurante de la ciudad
de Doral para recaudar insumos que enviarían a su país natal, que lleva
casi dos meses en un espiral de resistencia y violencia que ha dejado al
menos 48 muertos. De repente, empezaron a sonar sus celulares.

En una situación que se ha hecho frecuente en el último mes, una
notificación de Instagram nombraba a un venezolano con supuestos
vínculos con el chavismo. En este caso, el mencionado era Levin de
Grazia, uno de los dueños del restaurante Bocas Grill donde el grupo se
encontraba.

"¿Sabían que Bocas Grill proviene del dinero robado de Venezuela?",
decía el mensaje compartido que asegura además que el empresario es
testaferro de su hermano Carmelo De Grazia, a quien califican de
"enchufado" del régimen. "¿Por qué creen que Levin […] nunca da la
cara?", concluía el texto.

Levin De Grazia afirmó en declaraciones a el Nuevo Herald que ni él, ni
su familia son chavistas y que Bocas Grill abrió hace dos años tras
conseguir un financiamiento. "Es un negocio que atiende 650 personas
aproximadamente diarias y de ahí es que provienen los fondos para seguir
creciendo", agregó.

El joven empresario contó que vino hace ocho años a Estados Unidos y que
su familia ha estado en el área de los restaurantes por décadas. Tienen
un restaurante en Upata, estado Bolívar, abierto desde hace 38 años, y
otros dos en Caracas.

"En medio de esta cacería de brujas, alguna competencia o alguna persona
celosa o alguien por maldad pudo ensañarse en contra de nosotros", dijo
De Grazia, quien agregó que contactaron al FBI y a la policía para que
investiguen los fondos del comercio, así como de dónde surgió el "falso
rumor".

La "cacería" a la que De Grazia hace referencia es la reciente
popularización de manifestaciones en las que se identifica y protesta
cerca de las casas o lugares de trabajo de personas acusadas por
violaciones de derechos humanos o corrupción. A estas actividades se les
conoce también como "escrache" en algunos países hispanoamericanos.

En cuanto a su hermano, los empleados de Bocas Grill no niegan que ha
habido rumores de que esté vinculado con el chavismo, pero aseguran que
"no han sido comprobados".

El caso de De Grazia pudiera ser el ejemplo que algunos temen de que en
medio de la búsqueda e identificación de antiguos o actuales
funcionarios del régimen chavista se difame o perjudique a venezolanos
que más bien salieron del país buscando un mejor futuro o huyendo de la
misma revolución bolivariana.

O pudiera ser el caso de un hombre en Caracas que la semana pasada fue
agredido a golpes en un famoso centro comercial de la capital venezolana
por un grupo de opositores que supuestamente lo confundió con un
funcionario chavista. La hija del afectado reaccionó en Facebook para
decir que su papá estaba bien, pero ella estaba "profundamente
decepcionada, triste y preocupada" por la situación.

Aunque los considera una "forma legítima de lucha", Juan Antonio Blanco,
director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba,
indica que estos recientes casos espontáneos pudieran presentar algunos
problemas ante la posibilidad de que se cometan injusticias, como que se
agreda a una persona solamente por sus ideas, o que se le "grite" a
alguien que no es culpable.

"Si eso ocurre, no nos diferenciamos en nada", exaltó el historiador
cubano que ha escrito sobre el asesinato de la reputación como práctica
de Estado.

Blanco estima que las recientes demostraciones venezolanas van
orientadas a las prácticas que hacen algunas organizaciones de Derechos
Humanos conocidas como "name and shame", que consisten en identificar a
los represores y avergonzarlos ante la comunidad internacional y en la
que viven.

Recalca que un factor importante para la sociedad venezolana es
determinar los grados de culpabilidad de quienes han participado en el
régimen.

Blanco detalló que hay una diferencia entre quien es un chavista
ideológico, un narcotraficante del cartel de los Soles, un Guardia
Nacional que dispara estudiantes y los jueces del Tribunal Supremo que
anulan la Constitución.

"Son responsabilidades todas, pero responsabilidades de diferente
naturaleza", indicó para luego resaltar que en el caso de Venezuela, la
situación se complica por el hecho que el chavismo hizo "metástasis
ideológica" en la población.

Blanco recuerda que millones de personas votaron por el ex presidente
Hugo Chávez. "Entonces, ¿qué va a hacer uno? ¿Aplastar a la mayor parte
de la población que en un momento determinado votaron a favor de Chávez,
gritarles a todos en las esquinas?".

Para Blanco, el proceso de reconstrucción nacional debe incluir también
a esa parte de la población, ya que si no, advierte, puede ser atraída
luego por un demagogo que les diga "soy el nuevo Mesías y mira cómo te
han castigado cuando tú al final de cuentas no eras tan responsable de
las cosas".

Problemas del escrache
Pero hay una delgada línea entre identificar a supuestos represores y
corruptos y lo que pudiera considerarse difamación o el asesinato de la
reputación. Según varios activistas venezolanos en el sur de la Florida,
la diferencia se centra principalmente en investigar la información que
se publica y no compartir cualquier mensaje que llegue por las redes
sociales.

Patricia Andrade, presidenta de la fundación Venezuela Awareness,
manifestó su apoyo a estas muestras de rechazo contra personalidades del
chavismo siempre que se actúe dentro del marco de la ley y –recalcó– se
aseguren es contra la persona correcta.

"Si lo vamos a hacer basado en rumores, sin confirmar [..] y vamos a
violarle leyes como la propiedad privada y la destrucción de imagen de
una persona, no estoy de acuerdo", dijo la venezolana que asegura que ha
habido errores en el pasado.

Andrade contó que ella misma fue víctima hace unos años de una campaña
de desprestigio que había incluso divulgado información de sus familiares.

El abogado John De León enfatizó a el Nuevo Herald que la Primera
Enmienda de EEUU permite a cualquier persona expresar su opinión en
contra de quienes son políticamente contrarios. Los individuos tienen
además el derecho de identificar a personas y los cargos que tuvieron en
sus países, como hacían con los nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, De León resalta que quienes viven en el país también tienen
obligaciones. "Si uno tiene la intención de causar daño físico a la
persona o la amenaza, eso es una acción criminal", dijo.

El abogado detalló además que quienes publiquen direcciones de las
viviendas de personas pudieran meterse en problemas legales. Si algo le
ocurre a ese individuo, quienes divulgaron los detalles pudieran estar
sujeto a que se diga que instigaron el crimen, explicó.

De León señaló igualmente que pudiera ser demandado quien busque
interferir con los negocios de otras personas o hacer que pierdan su
trabajo, escribiendo frases como "no contraten con ellos, no hagas
negocios con estas personas".

Por otra parte, el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el
Exilio (Veppex), José Antonio Colina, recomienda a sus compatriotas que,
al momento de hacer actos de repudio, no caigan en agresiones físicas y
que no fotografíen a menores de edad.

"No podemos convertir a los victimarios en víctimas, porque si no
desvirtuamos la protesta", agregó.

Los recientes actos de rechazo han motivado al presidente Nicolás
Maduro, a llamar a los chavistas "los judíos del siglo XXI" y a ordenar
una comisión que demande a "los fascistas que agreden a Venezuela" en
otros países del mundo.

"Es un acto de justicia"
Al igual que otros venezolanos, Colina apoya las protestas contra
chavistas que se encuentran en el extranjero y señaló a el Nuevo Herald
que "no es una cacería, es un acto de justicia".

"Es muy difícil que una vez que tienes que salir de tu país porque lo
destruyeron y [..] encontrarte a la gente que te persiguió o que
contribuyó a que eso pasara", dijo el venezolano.

Colina califica además de una "falta de respeto" para los perseguidos y
los venezolanos en general que quienes abogaron por el socialismo del
siglo XXI estén en EEUU o en países capitalistas. "¿Por qué no se van a
vivir para Cuba, Bolivia o para Nicaragua?".

Veppex se ha dedicado durante los últimos años a realizar un tipo de
escrache más formal, con una convocatoria y hasta permisos de las
autoridades. Colina contó que en la ciudad de Miami han protestado
contra ex funcionarios o colaboradores del régimen que viven o han
vivido en el sur de la Florida, como fue la ex diputada Iroshima Bravo,
la ex jueza Belkys Cedeño, la ex cónsul Lidia Acosta y el abogado Herman
Escarrá y su familia.

El presidente de Veppex indicó además que han informado a las
autoridades federales y los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Mario
Díaz-Balart de los casos que conocen.

Siga a Johanna A. Álvarez en Twitter: @jalvarez8.

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http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/trasfondo/article151903862.html